No los Fernández famosos, Alberto o Aníbal. Estos Fernández son de acá a la vuelta, nomás: uno es jefe de la DDI local, la otra es jueza correccional. Ambos quedaron un tanto fuera del cuadro en el operativo realizado en la ciudad por la trata de personas.

El titular de la DDI, Jorge Fernández, que había llegado a Mar del Plata bajo la consigna de bajar el delito un 30%, había anunciado a propósito 84 allanamientos. Según indicó, su material de análisis para estas acciones eran las publicaciones en los medios de la ciudad, es decir, los avisos del rubro 59 del diario La Capital. De los 84 allanamientos anunciados, sólo se efectivizaron 18. El léxico utilizado para tales cuestiones, como "rescate", por ejemplo, no se compadece con los hechos, porque hasta donde entendemos, para rescatar a alguien debería existir previo secuestro o una detención ilegal. Hasta el momento, nada de eso ha podido probarse. Lo que sí queda claro es que el chamuyo es grande, y reporta ingentes beneficios.

Los Fernández II.

La jueza Ana María Fernández, la otra Fernández de esta historia, quedó muy deteriorada en su autoridad en el tema de los allanamientos a privados. Su Señoría aceptó la injerencia de la Fiscalía General de Cámaras del fuero federal a cargo de Daniel Adler. Los funcionarios de Adler -también el "peladito" habitué de La Casita Verde- metieron presión para que se clausuraran todos los establecimientos, incluida una whiskería que tiene habilitación municipal. Un papelón de aquellos.

Y dale que va.

La pesca no parece poder salir del inmenso drama social al que la llevan las malas prácticas gubernamentales que una y otra vez colocan los pagos irregulares o indebidos (coima) en el centro de la escena. Veamos un texto que corre por la red de redes, y que dice así: "Lo cierto es que ningún operador de importancia se anima a contradecir los motivos esgrimidos en su momento por el presidente de CAFREXPORT, Ciro D´Antonio, quien públicamente se animó a sugerir cuál fue en definitiva el motivo central que terminó definiendo la cuotificación de la merluza, que no sería otro que el pago de una coima de 50 dólares por cada tonelada asignada a cada barco. El propio D´Antonio se animó oportunamente a ponerle cifras al negocio de caja política resultante de esta transa: ‘50 dólares la tonelada sobre 300.000 toneladas de merluza da una cifra de 15 millones de dólares’, expresó en el mismo recinto del Concejo Deliberante’.

No menor es la crítica al INIDEP, que, se sostiene en ámbitos pesqueros, confeccionó un traje a la medida del funcionario Norberto Yahuar. Los empresarios pesqueros que se vieron afectados por la reducción de su cupo de pesca por no "valijear" a Yahuar están que vuelan, según trascendidos, y hablan hasta por los codos en los cafés del puerto. Serían los casos de José Grasso, Franco Barillari, Jorge Calvo y Luis Caputo.