Con el hecho consumado (ver página 4) para legitimar lo dispuesto por el Concejo Municipal habrá que llevar adelante una compulsa electoral. Es decir, llamar a elecciones para que los vecinos del pequeño poblado distante 20 kilómetros de la capital provincial se expresen a favor o en contra de la sanción a Escalante.

Lo llamativo es que la idea fue lanzada desde el propio gobierno provincial a través del Director de Asuntos Municipales, Jorge Zapelli. El funcionario citó el artículo 224 de la Constitución Provincial reformada en 2007.

Ese apartado establece que para fijar una expulsión al cargo de intendente, como lo ocurrido en Santa Ana, se debe preguntar a los vecinos vía urnas y cuartos oscuros si están o no de acuerdo con la medida. El texto es lapidario con los plazos, dice que no deben pasar 30 días para reglamentar el llamado comicial tras la destitución. De no prosperar el plebiscito la sentencia a la jefa comunal, el proceso, quedará sin efecto.

Una pelea de fondo

Las idas y vueltas en la pequeña comuna de Santa Ana no son nuevas, durante 2010 hubo tres situaciones similares y la última, juicio político iniciado en diciembre pasado, se extendió hasta el último miércoles.

De fondo y más allá de las cuestiones coyunturales se esconde una puja de fuerzas que trasciende lo meramente local en el municipio. La Unión Cívica Radical (UCR) que lidera la administración provincial y el Partido Justicialista (PJ), en su rol de opositor.

Ambos sectores, confesos adversarios para las elecciones legislativas locales y presidenciales previstas para 2011.

La intendente sancionada recibió apoyo directo del gobierno radical de la provincia. Mientras duró todo el proceso de juicio político, diputados provinciales y funcionarios del Ejecutivo la fueron a ver mientras la jefa comunal estaba “atrincherada” en su oficina cuando fue suspendida. Una vez repuesta en su cargo vía judicial pagó haberes correspondientes a diciembre pasado, algo que la oposición mientras ostentó el Ejecutivo de la localidad no lo pudo hacer porque el Banco de Corrientes no autorizaba la firma a la viceintendente María Medina (UCR) a cargo de la comuna.

Por el lado del justicialismo las injerencias son más que obvias, al igual que las del gobierno de Ricardo Colombi. El titular del Concejo Deliberante, Fernando Gómez, es del PJ con llegada a sectores ligados al ex senador nacional justicialista Fabián Ríos. En tanto el último lunes integrantes de un grupo piquetero kirchnerista de Chaco arribaron a Santa Ana. Dicen que fue para solidarizarse con sus compañeros cooperativistas de la localidad que ante la crisis institucional veían peligrar sus puestos laborales. Pero fue una clara muestra de que las huestes locales del justicialismo cuentan con apoyo “logístico” de las usinas K a nivel provincial y nacional.

Los antecedentes demuestran la confrontación -aún subterránea- de las dos fuerzas políticas y electorales más grandes la provincia. Evidencian que de haber elecciones en Santa Ana se jugará mucho más que el destino político de una intendente.

Una historia con final abierto

La crisis institucional en Santa Ana nunca imaginó para sus protagonistas tomar el carril que tomó ayer por la mañana. Cuando desde el Gobierno y de manera oficial (ver nota central) esbozaron la idea que pondría fin a un historia con mucho condimento de “pueblo chico”.

Fue quizás y sin medirlo el blanqueamiento de la disputa que llevan adelante en el pequeño poblado, UCR y PJ, más allá que sus principales referentes lo nieguen en forma pública.

Según la suerte que corra la destituida intendente Escalante y sin proponérselo será el termómetro -el primero del año- electoral de la provincia. Un mojón que marcará el rumbo definitivo de ganadores y perdedores en la localidad para el resto de los comicios que avizora 2011. Lo establecido en la Constitución provincial da un plazo de 30 días para el llamado a las urnas, de no darse, lo actuado hacia Escalante por el Concejo será nulo.

De caranchos, PJ y radicales

La puja entre radicales y peronistas sigue en ascenso a pesar del verano y la poca actividad política. “No hay ninguna posibilidad que líneas internas se sumen al radicalismo, a lo sumo pueden ‘caranchear’ algún afiliado pero Ricardo Colombi no entusiasma a ningún justicialista”, disparó el intendente de Monte Caseros, Eduardo Galantini (PJ). La comparación con aves de rapiña fue para la UCR que desde hace meses dice incorporar, a sus filas, peronistas para las elecciones de este año.

Por su parte el jefe comunal goyano de extracción radical, Ignacio Osella, insistió con la idea esgrimida desde diciembre último por el propio gobernador Ricardo Colombi. “En Encuentro por Corrientes (ECO) existen justicialistas que llegaron con nosotros al gobierno y seguramente seguirá habiendo”, postuló en referencia al frente electoral que puso en el gobierno al actual mandatario provincial en diciembre de 2009.

Goyeneche agita fantasmas del pasado

La diputada provincial del radicalismo, Alina Goyeneche, acusó sin medias tintas al peronismo. “La estrategia de la oposición es ir por la cabeza del Gobernador perjudicando a todos los correntinos y a la provincia de Corrientes”, en esa línea y a su entender opinó que el proyecto político del PJ “no sirve”.

Recomendó de esa forma a los peronistas “diagramar la acción política que le van a brindar a la gente y no ir por la cabeza de alguien en forma malintencionada”.

Goyeneche hizo la encendida defensa del gobierno provincial al ser consultada sobre cómo ve el 2011 con respecto al calendario electoral, al igual que en el conflicto de Santa Ana (ver nota central), el adversario está bien identificado.

Los dichos de la legisladora oriunda de Alvear y quien además se hará cargo del comité distrital de esa zona de la provincia, así lo ponen en evidencia.