En la desenfrenada campaña electoral, el PRO pide a gritos que, si gana Mauricio Macri, queden liberados aquellos organismos nacionales donde hay dirigentes del oficialismo cuya continuidad se prolonga más allá del fin del mandato presidencial.

La estrategia de Cambiemos es solicitar la renuncia de los kirchneristas en lugares con designaciones parlamentarias, como la Procuración, donde el mandato de Alejandra Gils Carbó se extiende hasta 2017.

Pero el macrismo también ganó la provincia de Buenos Aires, en la que varios organismos de la Constitución (y de contralor) están en manos de la oposición. Nada se ha dicho desde el espacio acerca del camino a tomar.

Sin estar explícitamente escrito, es de “uso y costumbre” que las dependencias de control queden en manos de la oposición. Tras 28 años de gobierno peronista, el triunfo de María Eugenia Vidal coloca en posición de cambio, por caso, al Tribunal de Cuentas, la Tesore-¿ría General y la Fiscalía de Estado, comandadas por dirigentes surgidos de la UCD, partido integrante de la coalición que se quedó con la Provincia.

Sobre la Fiscalía sopesa una circunstancia particular. El artículo 155 de la Constitución establece que el Fiscal de Estado es “inamovible”, otorgándole la categoría de vitalicio, circunstancia que choca con el “uso y costumbre” de colocar allí a agentes de otro signo político.

Durante los años de mandato peronista, el cargo lo ocupó Ricardo Szelagowski, y tras su fallecimiento, en 2012, Daniel Scioli propuso a Hernán Gómez, adjunto de Szelagowski. Gómez mantuvo siempre una excelente relación con el gobierno actual, pero viene del radicalismo, condición por la cual, para muchos su caso se puede emparentar directamente con el de Gils Carbó.

Se abre entonces un debate sobre quiénes se quedarán con los organismos de control. El espacio político que salió a pugnar fuerte por ellos es el Frente Renovador. El massismo, aunque es la tercera fuerza en el territorio bonaerense, argumenta derechos para ocupar esos cargos o, por lo menos, alguno.

El Frente para la Victoria los reclamará, aunque quienes están actualmente en los cargos siempre tuvieron una actitud responsable y de acompañamiento de las políticas de los gobernadores de turno.

FISCALIA DE ESTADO

“Habrá un fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado”, dicta el artículo 155 de la Constitución de la Provincia. Para muchos es suficiente para que quede al frente alguien de otro color político al del gobierno de turno. Que sea un cargo vitalicio habilita a Gómez a quedarse.

Desde le 11 de diciembre de 2013, Hernán Rodolfo Gómez es el Fiscal de Estado. El Senado bonaerense aprobó su pliego más de un año después del fallecimiento de Ricardo Szelagowski. Pero todo ese tiempo Gómez estuvo al frente de la Fiscalía, ya que era el adjunto. Ahora los adjuntos son el ex diputado denarvaísta Fernando Rozas (hoy en las filas del Frente Renovador) y gUILLERMO Spacapan, de

perfil técnico.

TESORERIA DE ESTADO

Reza el artículo 156 de la Constitución que “el contador y subcontador, el tesorero y subtesorero durarán 4 años, pudiendo ser reelectos”. No indica la condición política que deben reunir. Se estila que el contador sea del oficialismo y el tesorero de la oposición.

Desde 1988, con Antonio Cafiero de Gobernador, Amílcar Zufriategui fue designado Tesorero General (ya había ejercido entre 1964 y 1966), y permanece aún en el cargo. Reconocido dirigente radical y ex senador provincial 1983-87, siempre mantuvo una cordial relación con los gobernadores, que confiaron en su trabajo de contralor y su disposición a no entorpecer gestiones.

El Senado le renovó el mandato en 1992, 1996, 2000, 2004, 2007 y 2011. Este año dijo: “No le cierro la puerta a otro mandato”. El subtesorero es Rubén Oscar Telechea, también del radicalismo.

TRIBUNAL DE CUENTAS

El artículo 159 de la Constitución establece que el presidente y los cuatro vocales que componen el Tribunal de Cuentas son “inamovibles”. Nombrado por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, Eduardo Benjamín Grinberg llegó al Tribunal en 1987, año en que el peronista Antonio Cafiero ganó la gobernación bonaerense.

De reconocida trayectoria dentro de la Unión Cívica Radical, Grimberg siempre ejerció el cargo con gobernadores provenientes del peronismo. Su organismo se encarga de auditar los ejercicios de cada una de las municipalidades y de los ministerios.

Durante estos años, sancionó a intendentes por igual, sin distinguir banderías políticas, lo que le ha valido esquivar cuestionamientos de oficialismos y oposiciones.