La firma de un convenio entre el Ministerio de Seguridad porteño y las empresas de seguridad privada para que los vigiladores “colaboren” con la Policía Metropolitana, desató un vendaval de críticas opositoras. Además, el Gobierno de la Ciudad quiere sumar a otros sectores de la sociedad. El kirchnerismo y la Coalición Cívica pidieron que el Jefe de Gobierno “se haga cargo de su fracaso”. Proyecto Sur amenazó con ir a la Justicia para frenar la medida.
El ministro de Seguridad Guillermo Montenegro firmó hoy con el convenio con el titular de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), Aquiles Gorini, por el cual los vigiladores de las firmas nucleadas en esa entidad informarán y reportaran sobre hechos delictivos a la Metropolitana
En un principio, los vigiladores sólo alertarán sobre hechos delictivos pero la intención es que, previa capacitación, los trabajadores “actúen ante situaciones de riesgo, sospechosas o de emergencia”.
La medida se implementará como prueba piloto por dos meses y en primera instancia abarcará a las comunas 12 y 15, o sea, los barrios de Agronomía, Chacarita, Coghlan, La Paternal, Parque Chas, Saavedra, Villa Crespo, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.
“Queremos sumar más ojos en la calle y esto es nada más que una sinergia entre lo público y lo privado. Muchos vigiladores vienen con experiencia en las fuerzas de seguridad por lo que la seguridad no es extraño para muchos”, explicaron a LPO desde el Ministerio.
La retribución para los vigiladores también será un tema de debate: llamativamente, voceros de la cartera indicaron que “por el momento no está pensado que el Estado pague pero llegado el caso, habría que ver”.
“Todo se resolverá de acuerdo a cómo evoluciona el sistema”, admitieron. La intención es, además, que los canillitas, taxistas, porteros y recolectores de basura también se sumen al esquema aunque “no será nada compulsivo”.
Con todo, desde la oposición, culparon a Macri de “deslindar” responsabilidades. Según el legislador de Proyecto Sur Marcelo Parrilli, la decisión de convocar a los vigiladores “es una grave violación legal”.
“Nadie puede delegar el poder de lo público a lo privado, es violar la ley pretender que particulares cumplan funciones que son responsabilidad del Estado. Además, se dan facultades a agencias privadas que son reductos de ex integrantes de tareas o fuerzas militares ligadas a la represión. Son una suerte de ejércitos privados sin ningún control como Escorpio, que estuvo vinculada con Suárez Mason”, indicó.
Agregó también que “sumar a otros actores sociales a nivel de la información es ir a la sociedad de Orwell” -en relación al autor de “1984”- y adelantó que está preparando una presentación para que intervenga la Justicia.
“Es una sociedad de vigilantes y vigiladores, la venganza y la corrupción”, castigó.
Desde el kirchnerismo también llovieron críticas. Francisco “Tito” Nena indicó que “queda claro que falta una política de seguridad” y subrayó que “en vez de acercar la Policía al vecino lo que hace Macri es generar mayor inseguridad”
“¿Quién va a controlar a los mas de 30 mil vigiladores? Es una nueva irresponsabilidad dejar en manos de las empresas la seguridad de los ciudadanos pero es lo que siempre hicieron Macri, Montenegro y Eugenio Burzaco”, sostuvo.
La violación a la Ley de Seguridad pública porteña es otro de los cuestionamientos hacia Macri. Según Nena, “la Ley plantea instancias complementarias pero no tiene nada que ver con incorporar a vigiladores privados”, insistió.
Por su parte, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, recalcó que “no está mal que los privados colaboren con el Estado pero aquí la administración pública busca suplir con la estructura privada lo que no puede resolver por su propio fracaso”.
“El ciudadano de a pie es un colaborador de todos los días. Además, una cosa es un convenio pero otra cosa es si comparten redes de comunicación o responsabilidades. Hay que estudiar bien el tema”, cerró.




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