Las inundaciones tienen un factor inevitable en la intensidad natural de las lluvias, pero la gravedad de su impacto recae también sobre las obras que el Estado no realizó por deficiencias estructurales o decisión política. Datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Auditoría General de la Ciudad muestran que la falta de construcción de las obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano y la pobre ejecución de presupuesto en el área establecieron un modelo abúlico a la hora de prevenir las consecuencias de una precipitación.

La Ley 3226 promulgada en 2009 establece que el valor de las obras en el Vega Medrano es de U$S 123 millones y autoriza al gobierno porteño a tomar un préstamo para realizarla. La excusa del macrismo luego de la lluvia fue que el gobierno nacional no le autoriza la toma de un crédito para poder llevar a cabo el plan, pero su endeudamiento desde 2007 y el desinterés que se denota en la utilización de su abultado presupuesto presentan un escenario muy diferente al que quiere vender la comunicación PRO.

La deuda de la Ciudad de Buenos Aires en dólares creció de 574 millones de dólares en 2007 a 1406 millones de dólares a finales del año pasado (145%). El gobierno tiene capacidad de colocar deuda en el mercado, el problema es el desinterés de aplicar esos fondos que tomó a obras que son importantes para la Ciudad, pero que dan poco rédito político al no observarse en el corto plazo.

Las prioridades también se denotan al observar los recortes que realizó el jefe de gobierno sobre las partidas que iban a ser destinadas a la red pluvial. En 2011, 2012 y 2013 la decisión fue utilizar la facultad de recortar presupuesto de "obras varias" para disminuir los fondos para realización de trabajos preventivos en los barrios más afectados durante el diluvio de la semana pasada.

El Ejecutivo empezó a tomar esta facultad en 2011 (antes la manejaba la propia Legislatura), y marcó el camino. El presupuesto sancionado por los legisladores porteños ese año fue exiguo, de $ 18.752.546, pero de todas formas el jefe de gobierno decidió disminuirlo a $ 15.610.882, de los que finalmente se ejecutaron solamente 13.719.377 de pesos.

La actitud tuvo el año siguiente su más notoria exposición. El gobierno de la Ciudad llevó los $ 294.977.900 iniciales a $ 233.911.660 y la ejecución final fue de tan solo $ 11.947.363. Es decir, al cierre del cuarto trimestre sólo se había utilizado el 4,05% de lo que en un principio se planeó utilizar para evitar lo que finalmente pasó en la Ciudad. Además, el recorte de 61 millones de pesos se realizó a principios de enero, no fue parte de un problema de organización en medio de la intención de usarlo, sino una decisión política clara de sacarles peso a las obras hidráulicas.

La estrategia, ya un clásico para la gestión macrista, se repitió en 2013. El presupuesto aprobado por la Legislatura fue de $ 26.722.829 y al promulgar la ley luego de los recortes disminuyó a $ 20.722.829. El año de una inundación con víctimas fatales y destrozos el propio gobierno destinó al área el 10% de lo que se había pautado durante el período anterior.

Además, el Ministerio de Desarrollo Urbano se propuso construir este año solamente 160 metros lineales de red pluvial (una cuadra y media en una ciudad que tiene un total de 50 mil cuadras y 12.200 manzanas), mientras que en 2012 la proyección había sido de 11.783 metros.

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad, aprobado el 18 de julio del 2012 y recibido en la Legislatura el 16 de agosto pasado, revela que de cinco obras auditadas en 2011 (todas parte del Plan Hidráulico), tres no habían tenido ningún tipo de ejecución: las obras de la cuenca de los arroyos Ochoa y Elia, la cuenca del arroyo Erézcano y la cuenca de los arroyos Vega y Medrano.

Los desembolsos que tendrá que hacer el gobierno por los subisidios (por ahora con un techo de $ 20 mil y alrededor de 90 mil familias afectadas que podrían reclamarlo) denotan lo obvio: al Estado porteño le costará más la cura que la prevención que no llevó a cabo. «