La denominada cláusula RUFO -siglas de Rights Upon Future Offers-, que impide a la Argentina mejorar ofertas a sus acreedores respecto a las que accedieron quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010, vencerá mañana y permitirá al gobierno nacional intentar, en mejores condiciones según algunos analistas pero no todos, la reanudación de las negociaciones con los holdouts que tienen fallos favorables en la justicia de Estados Unidos.

Este grupo de acreedores se benefició por una sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que determinó que la Argentina debe pagarles 1.330 millones de dólares en efectivo por incumplimiento de la condición de la cláusula de “igual tratamiento de acreedores (pari passu)‘.

Si a esto se le suman intereses y las presentaciones de los denominados ‘me too‘ (‘a mi también‘: acreedores que requieren el mismo fallo), la deuda total a negociar orilla los 10 mil millones de dólares.

Al mismo tiempo, como informó El Cronista, el 23 de diciembre pasado los holdouts avanzaron en la unificación de causas contra la República por u$s 4.400 millones adicionales a la sentencia que ya tienen a su favor por unos u$s 1.700 millones.

“Se trata de la unificación de un centenar de reclamos de acreedores particulares y fondos de inversión con deuda argentina en default en un par de causas madre, detrás de la sentencia de Griesa que convalidó el pari passu. Los nuevos litigantes ingresarían en calidad de me too (al estar en la misma situación) a beneficiarse de la sentencia ya convalidada por la Corte Suprema estadounidense”, advierte el artículo.

Los fondos buitre presionan ahora para acelerar esa unificación de reclamos para llegar mejor parados al 1º de enero, día en que cae la cláusula RUFO de los bonos del canje que impide legalmente al país efectuar una mejor oferta. Así, si el país se decidiera a negociar, el reclamo original ya no sería de u$s 1.700 millones (u$s 1.330 millones de la sentencia más los intereses que corren), sino que ascendería a u$s 6.300 millones.

Tras el rechazo de la Corte Suprema de la Estados Unidos de revisar las sentencias en contra del país, el Gobierno y los holdouts tuvieron durante varios meses una serie de encuentros a instancias del mediador judicial, Dan Pollack, nombrado por Griesa.

En todos los casos, el Gobierno planteó como oferta las condiciones de los canjes 2005 y 2010, apelando a las restricciones que le imponía la cláusula RUFO.

Esta cláusula está contenida en los títulos que se entregaron en ambas operaciones y se extingue el 31 de diciembre de 2014.

El Gobierno reiteró en varias oportunidades que pretende renegociar la totalidad de la deuda aún no restructurada pero en ‘condiciones, justas, equitativas y legales‘.

Si bien en el mercado financiero aún persiste la idea de que la Argentina buscar una negociación con los holdouts que le permita acercarse a la normalidad financiera, una serie de acciones tomadas por el Gobierno en las últimas semanas intensificó la incertidumbre sobre su real propósito.

Por ejemplo, casi un 60% de los lectores de Cronista.com     que están participando de una encuesta online, opinó que el Gobierno “buscará postergar el conflicto hasta el año próximo”, mientras que sólo un 13% considera que “buscará un acuerdo con los holdouts”. La opción restante, cliqueada por un 29%, fue la que sostiene que el Ejecutivo “enfrentará a los holdouts y aumentarán las demandas judiciales”.

A su vez, una encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano mostró que el 50% de los consultados optó por la respuesta “no sabe /no contesta” cuando lo consultaron acerca de si el Gobierno iba a acordar o no con los fondos buitres en 2015. El 28%, en la misma pregunta, había contestado que sí, mientras que el 21%, que no.

El conflicto judicial mantiene a la Argentina en un default selectivo desde el 30 de julio, cuando el juez Griesa impidió el pago de vencimientos a acreedores reestructurados hasta que no se cumpla con su fallo.

Esta situación complicó el escenario financiero y le impide al país acceder al mercado de capitales y obtener las divisas necesarias para sostener la actividad económica, coinciden analistas y sectores de la oposición.

Son los mismos que consideran que un acuerdo con los holdouts cambiará la perspectiva sobre la evolución de la actividad durante el electoral año 2015.