El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva avanzó con el vicepresidente Michel Temer y dirigentes aliados al oficialismo, entre ellos el poderoso jefe del Senado, Renan Calheiros, en negociaciones para evitar el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y facilitar la aprobación de leyes económicas con las que el gobierno pretende superar la actual crisis económica, que afectó notablemente la popularidad de la mandataria.

Lula mantuvo el diálogo con la base oficialista esta mañana, luego de salir a defender públicamente a Dilma, cuyo juicio político será reclamado nuevamente el domingo próximo en una manifestación convocada por la oposición.

El ex mandatario y líder del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) admitió que "no es fácil" la situación de su correligionaria, y pidió que no la juzguen “por seis meses de mandato”, que se inició el primer día de 2015 tras un período completo de cuatro años al frente del gobierno brasileño.

La propia Rousseff dijo en un acto de graduación de nuevos diplomáticos realizado en el Palacio Itamaraty, sede de la Cancillería, que el Estado brasileño sólo será respetado en el mundo en la medida en que se respete la "soberanía popular" y los resultados de las urnas.

La mandataria ostenta actualmente el índice de popularidad más bajo de su historia, con apenas 8%, frente a un rechazo de 71%, fundado básicamente en el reciente escándalo de corrupción descubierto en la empresa estatal Petrobras, que amenaza con llevar a la cárcel a empresarios y representantes de distintos partidos comprometidos con un gigantesco desvío de fondos.

Los principales dirigentes de la oposición, en tanto, reaccionaron contra el inesperado acuerdo de Rousseff y Calheiros, que aparentemente le quitó fuerza al proceso de juicio político a la presidenta.

El titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, alineado recientemente con el arco opositor, anunció que en la marcha del domingo que viene habrá no sólo consignas críticas hacia Dilma sino también para Calheiros, reportaron medios locales.

En la reunión de hoy, celebrada en la residencia de Temer, asistieron, además de Lula y Calheiros, el ex presidente José Sarney y el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que, junto al PT, son las principales fuerzas de la coalición gobernante.

Estas negociaciones fueron consideradas como continuidad de charlas que Rousseff ya entabló en los últimos días con Calheiros, quien en un giro que sorprendió al arco político presentó una agenda de reformas económicas y legislativas en línea, en general, con el programa de ajuste propuesto por Rousseff que había enfrentado resistencias en el Congreso.

Sin embargo, el calendario del juicio político no fue archivado por el diputado Cunha, que espera recibir el balance del Tribunal de Cuentas de la Unión en el que puede haber irregularidades en 2014 que fundamenten el pedido de juicio político o "impeachment", como ocurrió en 1992 con el proceso que terminó en la destitución del presidente Fernando Collor de Mello.

No obstante, el Tribunal de Cuentas de la Unión dejó trascender que ese balance no será presentado en los próximos días y sólo estará concluido en septiembre, factor que también fue valorado positivamente en el oficialismo.

En tanto, el diputado petista Wadih Damous dijo que "hace una semana el impeachment era algo casi inexorable, pero ahora con el acuerdo de Dilma y Calheiros se desinfló, ahora casi nadie cree que habrá impeachment en el corto plazo".

"Hasta la semana pasada Cunha y Calheiros estaban juntos haciéndole la vida imposible a Dilma, pero ahora la cosa cambió de un momento para otro cuando Calheiros abandona a Cunha y acuerda con el gobierno", agregó el parlamentario oficialista.

La situación interna de Brasil mereció inclusive declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien dijo ver “amenazas de golpe" en el país vecino, y aseveró que también hay intentos de desestabilización también en Bolivia, Ecuador, y Venezuela.