El cobro de la histórica deuda que la Nación posee con San Luis por fondos coparticipables que le descontara ilegalmente durante 12 años escribió un nuevo capítulo. Tras el fallo de la Corte Suprema en favor de la provincia y la inclusión de los dineros en el presupuesto 2017 aprobado por el Congreso de la Nación, ayer en Buenos Aires se reunieron el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para acordar la revisión de los montos adeudados y en una segunda etapa de diálogo, la modalidad de pago.

 

Según fuentes cercanas a ambas partes, el encuentro fue cordial, pero la falta de propuestas concretas de los funcionarios nacionales sorprendió a los puntanos, que viajaron predispuestos a escuchar los números totales (con intereses al día incluidos) y la forma de pago.

 

Junto a Rodríguez Saá estuvieron el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, y el diputado nacional Luis Lusquiños.

 

Después de más de un año de incumplimiento sobre el fallo de la Corte, ahora la principal diferencia entre ambos Estados radica en los montos de la deuda: San Luis exige 11.000 millones de pesos (a la fecha de la sentencia) más los intereses, mientras que Nación afirma que son 9.000 los millones impagos.

 

Por ello, y luego de muchos viajes de funcionarios puntanos para participar de reuniones en los ministerios del Interior, de Hacienda e incluso en el Tesoro Nacional, ayer acordaron fijar para el miércoles una reunión de equipos técnicos para fijar el monto definitivo. Tras ello y con el número consensuado, buscarán acordar la modalidad de pago y los plazos.

 

"En esta primera reunión institucional y formal, se avanzó en algunos puntos como empezar a discutir el monto, la metodolodía para fijarlo y a posteriori se trabajará la metodología de pago o del cobro. Hicimos un cuarto intermedio hasta la semana entrante, ya para fijar el monto final de la deuda", remarcó el diputado Lusquiños a la salida del encuentro con Frigerio.

 

"A partir de que se fije el monto discutiremos la metodología del pago, que será en función de una propuesta que le hará el Ministerio de Hacienda de la Nación a la Provincia. Estamos defendiendo los intereses y derechos de San Luis, de cobrar todo este dinero que durante más de 10 años la Nación le sustrajo en forma injusta. No queremos que esto se dilate más por- que la Corte o la Nación no fijen un criterio de pago: a esto hay que ponerle un punto final. La Corte dio su sentencia, ese fallo está firme y la Nación tiene que cumplir", agregó el legislador.

 

"Además de la sentencia firme de la Corte, el pago de la deuda está incluida en el Presupuesto 2017 que fue sancionado, y donde hay un artículo específico que indica que la Nación tiene que fijar un monto y pagarle la deuda a San Luis y a Santa Fe. En cuanto a los montos que maneja la Provincia, a febrero 2016, son 11.000 millones y pico. Y los montos que la Nación contrapropone son 9.000 millones, siempre a febrero de 2016", concluyó.

 

Una mirada más pesimista fue la que ofreció el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende: "Fue una reunión anodina. No tuvo ningún objeto porque había sido convocada para conocer alguna propuesta por parte de la Nación. Pero lo único que tenían a mano fue el pedido de una suspensión de los términos procesales de la Corte para que durante ese tiempo comencemos una negociación. Desde que Macri asumió al frente de la Nación tuvimos numerosísimas negociaciones en distintos ministerios: en Interior, en el Tesoro, en Hacienda. Trajimos numerosas propuestas y nunca tuvimos respuesta. Ahora, llegaron sin ninguna oferta. Fue desconocer todos nuestros ofrecimientos. No hablaron de montos, ni plazos", manifestó. 

 

"El gobernador Rodríguez Saá dejó en claro su voluntad negociadora porque a instancias de él quedamos en hacer una nueva reunión el próximo miércoles. Nos juntaremos los equipos técnicos de ambos Estados para tratar de avanzar sobre los números de la liquidación, sobre el monto definitivo", sostuvo Allende.