Doce meses, doce leyes y más de $ 1.500 millones destinados a realizar obras públicas mediante contrataciones directas. Esos son los números que resumen la estrategia de inversión del Gobierno en el último año. Con el argumento de que las necesidades de los tucumanos requieren respuestas inmediatas, el alperovichismo logró sortear, gracias a las normas que genera la Legislatura, las licitaciones que ordena la Constitución provincial.

El lunes 25 de febrero, el Poder Ejecutivo se desayunó con una medida cautelar dictada por el vocal Salvador Ruiz (Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo). El juez hizo lugar a un recurso del PRO, en el marco de un planteo de inconstitucional contra la Ley 8.541. La cuestionada norma, aprobada en noviembre, autorizó al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) a saltear el mecanismo de licitación.

Tras el pataleo en el oficialismo y las críticas de la oposición, la Cámara sesionó hasta la medianoche del miércoles 13 de marzo. Esa noche, el alperovichismo derogó la norma objetada por la Justicia. En lugar de aceptar el consejo de tribunales y llamar a licitación pública, ratificó la realización de obras mediante contratos directos; aunque, en este caso, puso más esmero en justificar los porqués del empeño puesto en evitar las licitaciones públicas.

La clave de la polémica está en la propia Constitución. "Toda enajenación de bienes fiscales y cualquier otro contrato susceptible de licitación, deberá hacerse precisamente de esa forma, salvo el caso en que la Legislatura o la Municipalidad resolviesen lo contrario, por razones especiales reclamadas por el bien público", reza el artículo 12. Pero, aducen referentes del oficialismo, la ley de Obras Públicas ampara las contrataciones directas. "Las contrataciones sujetas a la presente ley deberán realizarse mediante el procedimiento de licitación pública. No obstante, podrá prescindirse del procedimiento precedente y acudir a la forma de licitación privada, concursos de precios o de antecedentes, o contratación directa, en los casos de excepción, debiéndose fundar en cada evento la procedencia de la excepción", plantea la ley, y enumera siete casos de "excepción".

En los últimos 12 meses, el funcionario más favorecido por el oficialismo fue el titular del Ipvdu, Gustavo Durán. La Cámara le aprobó ocho leyes para otorgarle "superpoderes". Sólo dos textos involucran inversiones por casi $ 750 millones en casas e infraestructura. También el ministro de Salud, Pablo Yedlin, logró sortear el "tedio" licitatorio gracias al oficialismo legislativo: le autorizaron refacciones en hospitales por más de $ 16 millones.

El último beneficiado en la Casa de Gobierno fue el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo. En él recae la coordinación del plan nacional de obras "Más Cerca", que financia la Nación en municipios y comunas rurales. En la última sesión, la Legislatura avaló al PE a firmar los convenios con los organismos federales que intervengan en el programa. Si bien el primer convenio se firmó con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) por $ 84 millones, la ley advierte que los futuros acuerdos serán "comunicados" la Cámara. Y, según se desprende de las declaraciones públicas del gobernador, José Alperovich, este plan de obras totaliza unos $ 500 millones. Esos fondos serán invertidos, justamente, sin llamar a licitación.

"Todas las leyes de contratos directos son inconstitucionales"

José Teri es el presidente de la comisión de Obras Públicas de la Legislatura. En consecuencia, es uno de los responsables de dictaminar en favor de los proyectos de ley que eluden las licitaciones públicas. Pero, según entiende, las contrataciones directas facilitan el arribo de "soluciones".

"Nos permite tener una mayor rapidez para dar soluciones que son necesarias para la gente. No olvidemos que desde 2003 se han cubierto muchísimas carencias de los tucumanos. Pero hay un crecimiento poblacional que debemos atender", argumentó.

El alperovichista puso como ejemplo la última ley aprobada, que refiere a los fondos del plan "Más Cerca". "Rápidamente tenemos que volcar estos fondos en obras, por algo los intendentes y los comisionados ya tienen las carpetas listas", planteó. "La contratación directa está permitida por la Ley 5.854 (de Obras Públicas). Al margen de esto, habría que preguntarle a la oposición si cuando estaban (Raúl) Alfonsín y (Fernando) De la Rúa no se hacían contrataciones directas. La función de los opositores parece que es decir 'todo está mal'. La nuestra es trabajar", replicó Teri.

El macrista Alberto Colombres Garmendia judicializó la recurrencia oficialista a las contrataciones directas. Y obtuvo un fallo favorable. "Es inconcebible que este Gobierno lleve gastado miles de millones en obras sin licitación, vulnerando la Constitución sistemáticamente. Todas las leyes sancionadas que permiten la contratación directa son inconstitucionales; incluso las que se trataron en la última sesión, ya que no basta con alegar una causa: es necesario que esta sea real y de tal magnitud que haga imposible o inconveniente el llamado a una licitación publica, como una inundación o un terremoto", dijo.

El opositor sembró dudas sobre la transparencia de las contrataciones: "cuando se deja de lado la licitación lo habitual es que exista corrupción. A modo de ejemplo: las obras para hacer la infraestructura de lo que será Manantial Sur se adjudicaron por $ 48 millones más de lo que es su verdadero valor de mercado. Con ese dinero se podrían haber construido 260 viviendas más".