La Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos respaldó de modo contundente el accionar de los fiscales que decidieron poner bajo la lupa la actuación del diario “La Nueva Provincia” y su familia propietaria durante la dictadura cívico-militar.

Un documento al que adhirieron otros organizados de Derechos Humanos, sociales y políticos, avala lo actuado por el pampeano Miguel Palazzani y por José Nebbia, quienes solicitaron la indagatoria y detención de Vicente Massot, empresario y periodista del mencionado periódico.

“Estamos absolutamente comprometidos y agradecidos por el trabajo que vienen realizando porque poco a poco se ha comenzado a desandar el camino de impunidad que un lugar como Bahía Blanca, con el poderío militar que tiene, se había encargado de ecubrir”, señaló Leonel Curutchague, referente de la Fundación Luga Argentina por los Derechos Humanos.

El abogado, que intervino como querellante en el juicio que se hizo en La Pampa para esclarecer el funcionamiento de la Subzona 14, apuntó: “La dictadura en Argentina fue cívico-militar y los responsables ideológicos fueron la pata cívica. Los Massot fueron actores y partícipes necesarios de esa dictadura. En la investigación previa al inicio del juicio de La Pampa accedimos a determinada documentación sobre el compromiso de La Nueva Provincia y la familia Massot. Es un primer paso. Ahora tenemos que ver si finalmente va a ser indagado y si va a ser procesado”.

Curutchague pidió “no dar ni un paso atrás”. Y recordó: “Cuando se leía La Nueva Provincia no sólo se le hacían alabanzas al Terrorismo de Estado, sino que hacían invitaciones a comidas a tipos como Astiz o Massera. Este tipo de ideología ha tenido la familia Massot. Y Vicente Massot fue viceministro de Defensa de Menem”.

El documento de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos advierte que los fiscales “seguramente serán blanco de ataques de los sectores que todavía resisten el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que venimos transitando”.

Curutchague aclaró: “Es una advertencia genérica que uno realiza porque en determinados sectores del Poder Judicial hay resistencia a la persecución a los responsables del genocidio. La familia judicial fue encargada de proteger a los responsables del terrorismo de estado. Pero no hay temor. Si algo hemos ganado después de innumerables juicios y condenas, es haberle perdido el miedo primero a los responsables directos del genocidio que fueron los militares. Y segundo, a sus responsables ideológicos, la pata civil, los Massot, Amalita Fortabat, el Grupo Clarín...”

“Toda esta gente para nosotros ya forma parte del pasado. Y de un pasado decadente. Porque si uno ve La Nación, o las declaraciones de Blaquier, o las medias palabras que a veces alcanza a articular Mauricio Macri, uno se da cuenta de que carecen de argumentos y de que forman parte de una clase social en decadencia; son argumentos paupérrimos”, aseveró.

Admitió que “hay fiscales que intentan poner obstáculos al avance de los juicios. Quieren poner palos en la rueda, y eso hoy es público. Muchos de esos fiscales son parte de ese Poder Judicial al cual uno aspira a transformar”.

-¿Esa situación de complicidad civil se vio también en La Pampa?

-Sí, se vio en la provincia. Es un poco más complejo por sus particularidades. Ha sido bastante complejo avanzar. Porque la complicidad fue realizada de manera menos expuesta, salvo casos puntuales. Confío en que por tratarse de esa provincia, con una cantidad de habitantes no excesiva, permitirá desarmar lo que fue el terrorismo de Estado a nivel local. Quedarán expuestas las responsabilidades militares y civiles, el tema es si el Poder Judicial logra avanzar. Por lo menos los pasos dados hasta ahora han sido positivos.