Apesar de su cercanía con el Gobierno del presidente Alberto Fernández, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna cuestionó la intervención de Vicentin y el proyecto de ley para la estatización de la empresa cerealera.

Desde su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial por Consenso Federal, apuntó contra la palabra que mencionó el mandatario de que esta expropiación significa la "soberanía alimentaria" y recordó cuando la ex presidenta Cristina Kirchner habló de "soberanía energética" al estatizar YPF en 2012.

"Hace algunos años se habló de SOBERANÍA ENERGÉTICA y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente estancamiento económico-social", lanzó Lavagna en la red social.

 En esa línea, concluyó: "Ayer se habló de #SOBERANÍAALIMENTARIA...  Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Esperemos..., pero haciéndonos oír y actuando".

El cuestionamiento llegó a pesar de la buena relación del ex ministro de Economía con el presidente Alberto Fernández. Incluso, el miércoles pasado ambos almorzaron en la Quinta de Olivos.

El bloque de Consenso Federal emitió un comunicado para mostrar su posición ante la estatización de Vicentin, proyecto de ley que deberá pasar por el Congreso y el oficialismo necesita en Diputados el apoyo de parte de la oposición y el bloque de Lavagna es uno a los que deben convencer.

Correo, YPF, Aerolíneas y Aysa, las otras estatizaciones del kirchnerismo

"No advertimos que existan fundamentos para que las acciones realizadas por el gobierno nacional, constituyan una razón de gobierno que "procure el bien común". Esto de ninguna manera implica o significa avalar lo actuado por el grupo empresario que esta siendo investigado por la justicia, ademas de tener su empresa en Concurso Preventivo", señalaron.

En ese sentido, siguieron: "Consideramos que el Concurso Preventivo establecido en la ley 24.522 resguarda como ley de orden publico las acreencias de todos.

Consideramos que el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa con la participación de cooperativas, pequeños y medianos productores y los propios trabajadores que cuentan con créditos en el Concurso".

"Resulta alarmante exponer a las exhaustas arcas del estado a eventuales demandas judiciales, como vemos que ha sucedido en situaciones similares a las acciones ejecutadas", concluyeron.