La campaña electoral del kirchnerismo, que en 2007 llevó a la presidencia a Cristina Fernández y a la vice a Julio César Cobos, contó con financiamiento del lavado de dinero, pero no hay prueba judicial de que ese origen fuera de conocimiento más allá de los directamente implicados en esa operación.

La conclusión surgió ayer del fallo del juez federal Ariel Lijo por el que procesó a dos ex funcionarios kirchneristas y a cuatro empresarios de la industria farmacéutica a los que dispuso embargos por 3 millones de pesos a cada uno tras encontrarlos responsables de haber “blanqueado” 886.000 pesos en la campaña del Frente para la Victoria (FpV).

También se desprende de declaraciones que luego hizo el propio Lijo. “Parte del financiamiento de la campaña de Cristina tenía origen ilegal; hablamos de lavado de dinero. Se utilizó plata de origen ilegal en una actividad legal”, dijo el juez, pero aclaró. “No tenemos pruebas (judiciales) de que alguien más supiera de esta situación”.

Lijo se sumó así a la amplia lista de jueces federales que en los últimos tiempos, más aún tras la detención in fraganti del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, hace una semana, apuraron procesamientos o activaron causas contra funcionarios de los gobiernos kirchneristas que tienen muchos años en la Justicia.

En este caso, hace ocho años que se inició la investigación judicial por una denuncia de los entonces diputados del ARI Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui sobre la necesidad de investigar los aportes de droguerías a la campaña electoral del FpV en 2007, tras constatar que 35,6 por ciento del total de aportes declarados por esa fuerza política provenían de ese rubro.

Esa actividad, según la denuncia original, tenía “vinculación directa” con Héctor Capaccioli, por entonces superintendente de Servicios de Salud de la Nación y recaudador de la campaña en su condición de integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza FpV.

Capaccioli, dirigente cercano al entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, es uno de los dos ex funcionarios procesados por Lijo, junto a Sebastián Gramajo, en aquella época legislador porteño y responsable político del frente kirchnerista.

Los empresarios farmacéuticos procesados son: Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone; los tres últimos presidentes, respectivamente, de las droguerías Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp, que aportaron los 886.000 pesos de “origen ilícito” con “los fines de disimular la fuente real de los fondos (presuntamente el tráfico de efedrina) y obtener apariencia de licitud”, señaló el juez.

Bellone es la viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, en agosto de 2008, cuya autoría intelectual se atribuye al prófugo recientemente detenido en Paraguay Ibar Pérez Corradi, mencionado por Lijo con relación al origen de los aportes que hizo Forza a la campaña del FpV.

“Néstor Lorenzo y Héctor Capaccioli fueron los encargados de aquella puesta en circulación y se sirvieron de la campaña presidencial de la alianza FpV de 2007 para llevarla a cabo”, apuntó el juez. “Los cheques por medio de los cuales se realizaron los aportes fueron entregados por Lorenzo a Gramajo en el propio despacho de Capaccioli”.

En su resolución, Lijo evaluó también que los cuatro empresarios están procesados además por ser parte de una asociación ilícita por “la mafia de los medicamentos”. En particular, aludió a la compraventa de efedrina, basado en la sentencia del juicio oral por el triple crimen: “Allí se indicó que nuestro territorio fue ámbito fértil para la colonización por los carteles mexicanos quienes mandaron a sus principales responsables”, entre ellos a Jesús Martínez Espinosa, para entablar relación con empresarios locales, entre ellos Pérez Corradi y Forza.

“Si alguien actuó fuera de la ley que asuma las consecuencias”

El senador nacional de Cambiemos y ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, declaró que “en todas las campañas electorales hay responsabilidades definidas” y consideró que “si alguien actuó fuera de la ley que asuma las consecuencias por ello”, en alusión a la causa judicial en la que se investiga el origen de fondos con los que se financió parte de la campaña del Frente para la Victoria de cara a las elecciones de 2007.

Crítica a la demora

“Más allá de la demora con que se ha actuado es bueno que se investigue y se determinen las responsabilidades frente a los posibles ilícitos”, advirtió a través de Twitter el ex compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la elección presidencial de 2007.

Desde Nueva York, donde integra la delegación argentina ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), Cobos agregó: “Tal como he dicho cada vez que se me ha consultado sobre el tema, es importante que la Justicia investigue a fondo los hechos denunciados”.

Acusados podrían ser “arrepentidos”

El juez federal Ariel Lijo aseguró que los ex funcionarios y empresarios a los que les dictó el procesamiento por presunto lavado de dinero en el financiamiento de la campaña electoral de 2007, que llevó a la ex presidenta Cristina Fernández al poder, “podrían” acogerse a la figura del arrepentido.

“Depende de lo que ellos quieran hacer. Podrían venir y hacerlo”, afirmó Lijo, tras procesar por presunto blanqueo al ex superintendente de Servicios de Salud y principal recaudador para la campaña kirchnerista Héctor Capaccioli; al ex legislador Sebastián Gramajo y a los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone.