MADRID.- El ministro de Justicia, Julio Alak, tuvo un rol clave en la polémica actuación que durante los últimos 12 meses mostró la unidad antilavado local, período que incluyó un cortocircuito con Estados Unidos y una ofensiva contra el Grupo Clarín, según reconstruyó La Nacion de cuatro fuentes independientes entre sí.

Alak interfirió incluso con las negociaciones en marcha a principios de este año con la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) se aprestaba a restablecer el intercambio confidencial de inteligencia.

La asunción de Alak había despertado expectativa en Estados Unidos, como quedó en evidencia a raíz de los cables filtrados por WikiLeaks. La embajada argentina había considerado esperanzadora la llegada del ministro, en medio de las graves denuncias de inacción en el control del lavado de dinero en la Argentina que remitió a Washington en diciembre de 2009.

El reencauzamiento del flujo bilateral en materia de inteligencia financiera tenía fecha y lugar: en Mauricio, una isla ubicada 900 kilómetros al este de Madagascar, sobre el océano Indico, a fines de febrero y principios de marzo pasado.

La interrupción de ese canal de información bilateral había comenzado casi ocho meses antes, en julio de 2009, cuando Página 12 difundió datos secretos sobre el candidato opositor Francisco de Narváez, proveídos por Estados Unidos a pedido expreso de la UIF. La reapertura de ese canal confidencial sólo se destrabó cuando las autoridades en Washington decidieron darle un nuevo voto de confianza al gobierno argentino y firmar otro "memorando de entendimiento".

Para eso, las autoridades de la UIF y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Plee, debieron enviar antes dos informes sobre cómo manejaban la información confidencial que les facilitaba Estados Unidos.

La explicación debió ser precisa, al punto de indicar que los datos enviados por la Fincen se extraían del legajo, se dejaba constancia de las hojas faltantes y se enviaba ese material secreto -en un sobre por separado- al fiscal que intervendría en la pesquisa, que a su vez debía resguardarlo en una caja de seguridad, detallaron dos fuentes a La Nacion.

La Fincen, a su vez, envió a dos emisarios para verificar la actuación local. Los dos funcionarios recabaron información y retornaron a Washington, donde informaron a sus superiores, que entonces sí dieron luz verde a ese nuevo "memorando".

La firma quedó entonces en manos de la entonces titular de la unidad antilavado local, Rosa Falduto, y del jefe de la Fincen, James Frincen Jr., quienes se aprestaban a reunirse, en cuestión de semanas, en el Grupo Egmont, el foro internacional antilavado que celebró una reunión en la villa turística Grand Baie, de Mauricio.

Cortado

Pero el canal de información no llegó a restablecerse. La UIF había recibido, dos semanas antes, una orden directa desde la cúspide misma del poder: "Avancen contra el Grupo Clarín". Según relatan fuentes al tanto de lo que ocurrió entonces entre la UIF y el Ministerio de Justicia, Falduto argumentó que no era posible radicar una denuncia penal contra el multimedios por el delito de lavado.

Alak le exigió entonces su renuncia "en nombre de la Presidenta", según indicaron dos fuentes a La Nacion. Un tercer informante afirmó recordar una frase más amplia: que la renuncia se la pedían "la Presidenta y el ex presidente". La Nacion intentó consultar a Alak durante 10 días sobre su rol en el caso, para lo cual le dejó múltiples llamadas a sus teléfonos y a los de sus voceros. Pero el ministro no respondió.

Ante el pedido de renuncia que le hizo Alak, según las fuentes consultadas, Falduto planteó al ministro que le concediera unas semanas más al frente de la UIF, para así firmar el "memorando" con la Fincen y cerrar un flanco débil de la unidad antilavado local. Pero el ministro de Justicia la emplazó a entregar su renuncia.

Ante la intempestiva salida de Falduto, la Fincen hurgó qué había ocurrido en Buenos Aires. "Falduto estuvo muy cerca de restablecer el vínculo con la Fincen. Pero cuando vieron que la nueva administración de la UIF [por Sbattella] apareciendo incluso por 6,7,8 [en alusión al programa de televisión de Canal 7] para hablar sobre una investigación en marcha sobre Clarín, supuestamente secreta, decidieron congelar todo otra vez", precisó un informante.

Sbattella también procuró restablecer el puente cortado con la Fincen, con reuniones en Washington y Buenos Aires. Planteó que la filtración sobre De Narváez "puede pasar en cualquier tramo del proceso". Sin embargo, deslizó que la responsabilidad podría haber ocurrido cuando el legajo llegó "a la Justicia, [donde] se pierde el control del expediente".

La Fincen oyó su versión. Pero tomó nota de otra opción, según reconstruyó La Nacion. Esa otra versión indicó que "siempre hay alguien dentro de la UIF que está muy atento a los reportes molestos para la oposición".