Fuentes de la comuna santarroseña, dieron cuenta a LA ARENA de la actividad del jefe del Departamento Ejecutivo ante el organismo que financia el programa crediticio para la construcción de viviendas. Aclararon que ésta es una de las tantas acciones realizadas con ese objetivo, no sólo en el ámbito de la Anses, sino también de otros organismos nacionales que administran los inmuebles fiscales.

La audiencia Bossio-Larrañaga se concretará en medio de una polémica entre las autoridades locales y el delegado de la Anses, Espartaco Marín, quien negó la existencia de trámite alguno con respecto a los 120 terrenos aledaños a la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal, propiedad del Estado Nacional, que serían loteados próximamente, tal como lo adelantó el secretario de Hacienda santarroseño José Sevilla.

Desde la Municipalidad capitalina se aclaró que "desde hace tiempo que estamos trabajando para dar una respuesta a la demanda de terrenos y en reiteradas oportunidades el intendente se ha comunicado con el propio Bossio, y funcionarios del organismo a su cargo".

"También contamos con un "Plan B", que contempla la cantidad de inmuebles que están en condiciones de ser vendidos para los beneficiarios del Procrear, con la intervención del estado comunal para atenuar sus valores", añadió la fuente.

En cuanto a la decisión que tomará Larrañaga con respecto a la ordenanza sancionada por mayoría que dispone la ampliación del ejido urbano, colaboradores del jefe comunal anticiparon que "seguramente será vetada".

Veto por ampliación.

Si como lo anticipan fuentes cercanas al intendente Larrañaga, éste veta la ordenanza de ampliación del radio urbano de Santa Rosa, se podría plantear la siguiente situación: que en el Concejo no consigan los dos tercios quienes emitan un dictamen adhiriendo al veto, y tampoco los que pretendan insistir con la ordenanza.

El reglamento establece una mayoría especial de dos tercios de los integrantes del cuerpo (ocho sobre 12) y si llega a faltar alguno de los ediles, como ocurrió en la sesión de hace dos jueves, la discusión sería si esa mayoría se consigue con siete votos.

De producirse esta posibilidad, de que ninguna de las partes consigan el número requerido, la ordenanza quedaría sin tratarse por el término de un año.

Dos representantes del PJ (Robledo y Cabrero), los ediles del Frepam y de la UCR, son los que votaron por la ampliación del radio urbano; los peronistas Mecca, Baraybar y Dogliolo (que cambió su voto con respecto a la postura seguida con el dictamen), lo hicieron por la negativa. Y estuvo ausente la oficialista Dogliolo.

El intendente Larrañaga cuenta con 10 días para decidir el veto, a partir del momento en que recibió la decisión del cuerpo legislativo, plazo que vence a comienzos de la semana próxima.