Sin embargo, según trascendió, el texto que llegará a la Cámara baja la semana próxima prevé una inflación anual en sintonía con el Indec, de entre 7 y 9 por ciento (ver página 6), lo que ya anticipa un conflicto con el arco opositor. Por ello, todo indica que el oficialismo parlamentario terminará apelando a su “plan B”.

Rossi y su par en el Senado, Miguel Pichetto, apuestan a que la dispersión de los bloques opositores no les permitirá consensuar un proyecto alternativo de ley de Presupuesto que pase exitosamente por las dos Cámaras antes de que terminen las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre. Por ello, estiman que si la oposición no se aviene a votar el texto que enviará Boudou, la discusión se perpetuará en las comisiones, sin llegar al recinto de Diputados.

Pero, ante la eventualidad de que el arco antikirchnerista se ponga de acuerdo, Rossi evalúa la posibilidad de recomendar al Ejecutivo que directamente retire el proyecto. Es decir, que saque de la consideración de los legisladores su propuesta. Aún cuando es posible que en el Senado Pichetto logre contener una improbable embestida opositora para delinearle a Cristina Fernández de Kirchner su último presupuesto.

El jefe de los senadores oficialistas se envalentona últimamente ante las propuestas opositoras de ribetes fiscales, que cree poder frenar en la Cámara alta. Es, de hecho, lo que está ocurriendo con el proyecto para llevar las jubilaciones más bajas al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil. El rionegrino hizo saber que está en condiciones de resistir ante esa iniciativa opositora.

La prórroga del Presupuesto 2010 será una novedad para la gestión kirchnerista, que desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003 contó siempre con el aval parlamentario a esa previsión de gastos. Año tras año, sin embargo, los cuestionamientos opositores a las propuestas oficiales fueron creciendo, principalmente a partir de las subestimaciones de algunos indicadores, como el crecimiento, que permitieron a los gobiernos K sumar a las arcas estatales millonarias partidas de dinero cada fin de año, sin que el Congreso pueda fiscalizar su destino.

A ese ritual se sumó la subsistencia de los denominados “superpoderes” (que facultan al jefe de Gabinete a reasignar partidas previstas en el Presupuesto). Dos escenarios que provocaron airadas críticas del antikirchnerismo en los últimos años, cada vez que el Congreso recibía el proyecto de ley de Presupuesto.