Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires (Axel Kicillof), Tierra del Fuego (Adrián Melella), Formosa (Gildo Insfran), Santiago del Estero (Elías Suárez), La Rioja (Ricardo Quintela) y La Pampa (Sergio Ziliotto) emitieron un comunicado en el que manifestaron “el pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional” y llamaron “a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa”. El comunicado se da a horas de que la Cámara de Diputados de la Nación trate la media sanción del proyecto de que deberá volver al Senado por la eliminación del artículo que modificaba las licencias médicas. 

Según detallaron a El Destape, Axel Kicillof “habló por teléfono con cada uno de los gobernadores” y acordaron el contenido del comunicado que publicó en sus redes sociales. “Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, expresaron.

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Para los seis gobernadores, “la propuesta oficial - presentada como ‘modernización’ - debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral”. Además, indicaron que se impulsa “en el marco de una política económica que “ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización”.

En este escenario, “lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”, resaltaron y advirtieron: “No nos oponemos, como sostienen los supuestos ‘modernizadores’, a todo cambio. Nos oponemos a ESTE paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección”.

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La Organización Internacional del Trabajo estableció lineamientos claros sobre lo que implica una modernización laboral auténtica, basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social. “La iniciativa en debate avanza en sentido contrario: no moderniza, precariza”, agregaron. “Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores”, indicó el comunicado.

Según diferentes estudios y análisis realizados, desde que asumió el gobierno de Javier Milei cerraron “21 mil empresas” y se perdieron “casi 300 mil puestos de trabajo”. Sobre esto, destacaron que “resulta especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad, entre otros retrocesos”.

Para los gobernadores “se trata de una reforma profundamente antifederal”, ya que entienden que los efectos impactarán “de manera directa” sobre “las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales”. En un país federal, “las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial”, afirmaron. 

Respecto de la informalidad laboral, problema central de la Argentina, señalaron que “no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen” sino que se aborda mediante “políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica que promueva la producción, el mercado interno y la generación de empleo de calidad”.