La defensa de Germán Kammerath está haciendo denodados esfuerzos para evitar que el exintendente de la ciudad de Córdoba sea sentado en el banquillo de los acusados en un juicio oral por la causa RadioAviso.

De no prosperar el pedido de «sobreseimiento por prescripción» y de «violación de la duración razonable del proceso» que presentó el abogado Ezequiel Mallía, la semana próxima podría comenzar en la Cámara 2da. del Crimen el juicio contra Kammerath, acusado del delito de «negociación incompatible con la función pública».

Este delito tiene una pena de entre tres y seis años de prisión, o sea que cabe la posibilidad de que el exaliado de José Manuel de la Sota cumpla prisión efectiva. Por su carácter de exfuncionario, el imputado no podría acceder al beneficio de la probation.

Se trata de una de las causas por supuesta corrupción contra Kammerath iniciadas por Luis Juez, el intendente que lo sucedió en el Palacio 6 de Julio. El exjefe de la UDC cordobesa también tiene otros procosos abiertos en los Tribunales porteños, por sus funciones como secretario de Comunicación durante la presidencia de Carlos Menem.

La causa data del año 2000, cuando la gestión Kammerath contrató a la empresa RadioAviso para un servicio de monitoreo satelital de la flota de vehículos de la Municipalidad. En la causa no está en tela de juicio el monto del contrato con esta firma, sino el hecho de uno de sus directivos era familiar de Kammerath. Se trata de Alejandro Rodríguez de la Puente, quien a su vez fue secretario de Transporte de la gestión kammerathista. 

Según el defensor Mallía, al momento de los hechos investigados, Rodríguez de la Puente era «garante» en la compra d e RadioAviso, y además, excuñado de Kammerath.

Como la acusación fue iniciada por el exintendente Kammerath, el municipio cordobés se constituyó como querellante particular. En tanto, la fiscal de la Cámara 2da. es Laura Battistelli.

Mallía indicó a este diario que el contrato de la Municipalidad con RadioAviso fue «beneficioso» para el Gobierno comunal porque a partir del mismo «hubo ahorro de combustible», porque los vehículos estaban monitoreados en forma satelital y que el propio fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, quien instruyó la causa, así lo hizo notar. Además, dijo que el contrato se extendió por «solamente cuatro meses».

«Lo que se intenta determinar es si el entonces intendente estuvo o no interesdo en ese contrato», afirmó el letrado,para quien su defendido «no tuvo participación delictiva sino funcional» en el convenio.