La jueza Marta Cirulli, del fuero comercial, ordenó este viernes abrir un registro para que todo aquel interesado en adquirir la compañía Correo Argentino SA se inscriba ante la Justicia. De esta manera, procedió formalmente con el proceso de salvataje de la empresa propiedad de la familia del ex presidente Mauricio Macri. El caso llega a un punto clave para todas las partes. El registro estará abierto por el plazo de cinco días.

El salvataje o cramdown implica que la empresa podría ser adquirida por terceros, incluso por otra compañía de los Macri. Quienes adquieran las acciones de Correo deberán solventar las deudas con el Estado y el resto de los acreedores. La deuda original de Correo era por 300 millones pesos/dólares (2001). El cálculo del Ministerio Público Fiscal estableció que, en 2017, ya superaba los $ 4 mil millones. 

El salvataje o cramdown implica que la empresa podría ser adquirida por terceros, incluso por otra compañía de los Macri.

Correo es una empresa sin actividad pero con un objeto comercial preciado: la logística, “servicio de correo postal”, “mensajería”, “transporte”. Consta en los registros oficiales.

El abogado de Correo, Jaime Kleidermacher, había dicho a PERFIL: “Esperemos que no haya que llegar a ese procedimiento, pero siempre existe la posibilidad”. La compañía presentó una queja ante la Corte Suprema por la decisión judicial de avanzar con el salvataje.

 

Efectos colaterales

En las condiciones actuales del caso y con un concurso de acreedores que lleva 18 años, el salvataje dio sus primeros pasos pero es un escenario difícil de alcanzar, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas. 

En primer lugar, para conseguir el salvataje se necesita que todos los acreedores de Correo (alrededor de 470) den su conformidad. Eso implicaría conseguir la autorización por escrito de los 470. Muchos de esos acreedores vendieron sus poderes a estudios de abogados que defienden a Correo, como reveló PERFIL. Eso, de acuerdo a la fiscalía, podría poner a los responsables de la empresa en la lupa por presunto fraude al resto de sus acreedores. El salvataje podría tener entonces implicancias penales para los representantes de la familia Macri en la compañía. 

El salvataje podría tener implicancias penales para los representantes de la familia Macri en la compañía. 

Otra opción es que la Justicia decrete la quiebra de la compañía. Sería la opción más beneficiosa para el Estado pero el peor escenario para la familia Macri, según una fuente de la Justicia comercial. 

La situación a la que llegó la deuda de la empresa y la relación estrecha con otras compañías del grupo podría arriesgar mucho más. La quiebra podría extenderse a Sideco y Socma (alfiles del holding de los Macri). Además, los intereses de la deuda se deberían recalcular a la fecha de la quiebra, es decir, que se computarían 18 años de intereses, una suma multimillonaria.  

Una bicameral analizará si la fiscal Boquin es perseguida por investigar a los Macri

Antecedentes

Correo está en concurso de acreedores desde hace 18 años. El junio de 2016, los funcionarios de Macri habían acordado una quita del 98,87 % a la deuda con el Estado. El Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). 

En 2017, la fiscal general Gabriela Boquin se opuso al acuerdo y Macri debió dar marcha atrás. El abogado de Correo viene sosteniendo ante las consultas de este medio que la compañía quería llegar a un acuerdo lo antes posible, pero las negociaciones fracasaron. 

Archivo: Correo presentó una nueva oferta para pagar sus deudas al Estado

Tras dos años y medio de dilaciones, el gobierno de Cambiemos decidió en noviembre de 2019, a semanas de dejar el poder, rechazar la propuesta de la compañía para saldar su deuda con el Estado. De esta forma, Correo quedó en una situación aún más compleja. La Justicia ordenó el salvataje de la empresa.