La denuncia por el supuesto sobreprecio pagado al empresario kirchnerista Lázaro Báez había sido iniciada por diputados provinciales. La operación fue mencionada en una causa internacional por lavado de dinero, revelada por Wikileaks.
El archivo de la causa generada por la denuncia de tres diputados provinciales, referida a un aparente sobreprecio millonario en la operación, fue confirmado a El
Litoral desde el juzgado de Instrucción Tercera. En rigor, la determinación fue tomada por el juez Julio César Costa, -que actualmente no está al frente del juzgado, en uso de licencia- y tomó como base un dictamen del Tribunal de Cuentas, en el que se avaló la operación. La decisión judicial data del mes de agosto, pero no había tomado estado público hasta hoy.
Curiosamente, la cuestión de las motoniveladoras chinas -que también asumió ribetes escandalosos por los informes sobre problemas de funcionamiento e incluso inutilidad de buena parte de ellas-, volvió a la palestra en medio del revuelo causado por la difusión de documentos secretos de la diplomacia estadounidense.
Contacto en Liechtenstein
Según indica en su edición de hoy el diario Clarín, uno de los cables publicados por el sitio Wikileaks reveló el bloqueo de unos 10 millones de dólares de la cuenta de Lázaro Báez en Liechtenstein. El juez Nicole Netzar, que tomó la medida, alegó que el empresario había negado en su declaración jurada de bienes tener cuentas abiertas en el exterior. En julio de 2007, Netzar presentó ante la Cancillería un recurso que fue tomado por el juez federal santafesino, Francisco Miño, quien se lo pasó al entonces juez federal de Santa Cruz, Gerardo Camaño.
Según la información, la firma Austral Construcciones depositó 10 millones de dólares en el banco del Macro Bansud en mayo del 2006, luego las pasó al Sud Bank and Trust de Bahamas. Los fondos estaban relacionados a la cuestionada compra de las 140 motoniveladoras chinas por parte del gobierno de Santa Fe. Esa causa fue cerrada por la Justicia federal de Santa Cruz, pero estaba pendiente la iniciada en los tribunales de nuestra provincia por esa operación en particular. O al menos, así fue hasta hace unos meses.
La historia
En 2005, durante la gestión de Jorge Obeid, la provincia compró 140 motoniveladoras por una suma de 16.498.006 millones de dólares. Según consignó el diputado Raúl Lamberto, que formuló la denuncia judicial junto a sus pares Hugo Marcucci y Alicia Gutiérrez, el valor de cada vehículo era de 59 mil dólares. Agregándoles los costos de fletes, seguros e impuestos, la suma llegaba a 91.818 dólares por unidad. Sin embargo, el monto pagado por la provincia fue de 117.842 dólares.
Conforme a estos cálculos, la empresa Austral Construcciones -cuya propiedad es atribuida al empresario kirchnerista Lázaro Báez-, ganó 26.024 dólares por cada una de las 140 máquinas, lo que implica un rédito global de 3.643.387 dólares. A estos se sumaron denuncias de otro tenor, como el hecho de que Austral Construcciones no figuraba como proveedora del Estado santafesino y no se dedicaba a la compra-venta de máquinas; el informe del ex director provincial de Vialidad, Jorge Placenzotti, de que a principios de este año 88 de las motoniveladoras estaban inutilizadas; y la inexistencia de mecánicos habilitados o repuestos apropiados para hacerlas funcionar. Ante la consulta de El Litoral, el actual titular del organismo, Edgardo Martino, no pudo dar precisiones al respecto.
Desde el justicialismo, el diputado Mario Lacava consideró “poco creíble” que no se hallasen mecánicos capaces de reparar las motoniveladoras, y negó que se hubiesen pagado sobreprecios.
Un trámite dificultoso
Sobre fines de 2006, el juez de Instrucción, Julio César Costa, dijo públicamente que se encontraba imposibilitado de investigar el caso por falta de infraestructura y recursos humanos. El argumento fue reiterado en numerosas oportunidades por el magistrado, hasta que el 21 de abril de 2009 el perito contador de la Corte Suprema analizó la causa y remitió las conclusiones al despacho del magistrado.
Desde ese momento, el expediente permaneció inactivo durante más de un año, y se habló de la posibilidad de que se sumase al historial de casos emblemáticos prescriptos en la provincia. Pero tal cosa no llegó a pasar: antes de iniciar una licencia por cuestiones de salud, el juez Costa dictó en agosto el archivo de la causa, considerando que no estaban comprobadas las irregularidades denunciadas. A pesar del tiempo transcurrido, la información no había llegado a conocimiento del público, y ni siquiera de los propios denunciantes, legisladores de la provincia.
Llamó Hillary
La presidenta Cristina Fernández recibió un llamado telefónico de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, quien “lamentó” el escándalo que se desató por la filtración de cables de los diplomáticos estadounidenses donde figuran duras críticas a la Argentina. En una conversación que fuentes diplomáticas calificaron como “muy positiva”, la jefa de Estado y la funcionaria norteamericana dialogaron ayer durante alrededor de veinte minutos.
El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, reveló desde Washington a la agencia AFP que Clinton “lamentó” ante Fernández de Kirchner la divulgación de los documentos clasificados y expresó “la importancia de la amistad” de la Argentina con Estados Unidos, y ambas manifestaron su voluntad de seguir trabajando en conjunto.
Binner también
En el sitio Wikileaks apareció otra referencia a la provincia de Santa Fe, en este caso, a la figura del gobernador Hermes Binner. Los cables aluden al dirigente santafesino como un “respetado socialista moderado” y “posible candidato presidencial”. El cable está fechado el 30 de diciembre de 2009.
Reapertura
Los diputados que iniciaron la denuncia por la compra de las motoniveladoras evalúan pedir la reapertura de la causa, frente al “hecho nuevo” revelado por los cables. Consultado por El Litoral, Raúl Lamberto consideró que la causa judicial no tiene estado de “cosa juzgada”, por cuanto no hay pronunciamiento definitivo sino “archivo”. Y que los documentos conocidos ahora configuran “un hecho nuevo a valorar para solicitar la reapertura de la causa”
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