La situación es tan compleja que el conflicto amenaza traer consecuencias en la propia interna del Partido Socialista, presidido por Rubén Giustiniani. El kirchnerismo santafesino le dice a Binner que no lo va a apoyar en esta situación de emergencia cuando los legisladores del socialismo votan en contra de todos los proyectos del gobierno nacional. El gobernador santafesino necesita del sector que lidera a nivel provincial Agustín Rossi para que la Legislatura sancione un paquete de suba de tributos para solventar los ajustes salariales –unos mil millones de pesos– y descomprimir los conflictos gremiales que tienen paralizada a la provincia. Hasta ahora las negociaciones continúan, pero "no hay muchas luces al final del túnel", graficó un funcionario.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, uno de los pocos que se quedó en Santa Fe y no viajó a Buenos Aires para la audiencia en la Corte Suprema, opinó: "Siempre hemos dicho que en la provincia se nos han puesto palos en la rueda; ahora son troncos". "No tengo la menor duda" de que detrás de estas acciones están "Carlos Reutemann y Jorge Obeid", afirmó.

La Legislatura santafesina aprobó anteayer el Fondo de Emergencia Salarial, impulsado por el oficialismo. El paquete incluye la eliminación de las exenciones en el cobro de Ingresos Brutos a la industria, la construcción, y a los productores agropecuarios –fundamentalmente sojeros– que facturen más de 10 millones de pesos anuales.

Pero el kirchnerismo no respaldó el proyecto y ahora en el Senado, donde hay mayoría reutemista, la propuesta va a ser modificada. El Frente Progresista debe tener los dos tercios de los votos para sancionar el proyecto en Diputados, pero sin el respaldo de los kirchneristas le será imposible. "No vamos a acompañar el proyecto del oficialismo ni en esta ni en ninguna votación, independientemente de lo que resuelva el Senado", aseguró Luis Rubeo, jefe de la bancada del Frente para la Victoria. El kirchnerismo pretendía que el sector agropecuario pagara Ingresos Brutos a partir de una facturación de un millón de pesos anuales –afectaría a los chacareros que tienen más de 250 hectáreas–, pero el socialismo no quiere que en este momento le lluevan críticas desde el campo.