No será casualidad que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 dé a conocer hoy la sentencia en el juicio oral por el crimen de Mariano Ferreyra. El veredicto, tras ocho meses de debate, será pronunciado por los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi un día antes de que se cumplan dos años y medio del asesinato del militante del Partido Obrero, en las inmediaciones de Barracas. El homicidio del joven, a manos de una patota identificada con la Unión Ferroviaria, se transformó en el crimen con motivaciones políticas más impactante de los últimos años, cuyo resultado será observado con expectativa por tener como principal acusado a uno de los sindicalistas más poderosos del país: José Pedraza. A las 10, está previsto que los acusados pronuncien las últimas palabras y allí, el ex líder de la UF, acusado de haber sido el instigador del ataque, romperá el silencio por primera vez en todo el juicio.

La audiencia comenzará con el trámite de rigor. Los 17 acusados tendrán la posibilidad de hacer uso de la palabra, en un ritual con poco peso específico en el resultado, pero que les permitirá dirigirse por última vez al tribunal antes de que se pronuncie. Pedraza hablará, sin leer y con la esperanza de ser absuelto de culpa y cargo. No será el único. Varios defensores anticiparon que sus asistidos lo acompañarán. La mayoría de ellos optó por el silencio durante las audiencias en las que se ventilaron, testimonios, pericias, documentos y se trazaron los vínculos políticos y económicos que, según los acusadores, ayudaron a conformar el escenario para que se produjera el crimen de Ferreyra, y en el mismo ataque, las heridas de los militantes Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Hoy, la mujer herida en la cabeza por un disparo de un arma calibre 38, sigue en tratamiento para superar su hemiplejia y afasia.

Una vez cumplida la diligencia, los jueces abrirán un compás de espera en el que se reunirán a debatir sus últimas conclusiones. A las 17, regresarán al estrado de la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py para anunciar las condenas y resolver la batería de nulidades que los defensores interpusieron durante todo el juicio. Habrá una breve explicación por parte de los magistrados que dará contexto a las sentencias, y recién allí, uno a uno serán nombrados los imputados y se les comunicará la decisión. El final es abierto. Los defensores y las querellas comparten la incertidumbre sobre cómo fallarán los jueces, en una causa atravesada por la política y por el poder. De todas formas, los abogados de los implicados advirtieron que apelarán las eventuales condenas a sus defendidos ante la Cámara de Casación. Lo propio harán las querellas, en caso de no dictarse la pena que solicitaron en los alegatos, por el asesinato ocurrido el 20 de octubre de 2010.

ACUSACIONES. Luego de haber escuchado desde el 6 de agosto del año pasado más de 200 testimonios, 15 horas de escuchas telefónicas, dos de modulaciones policiales y poco más de 600 minutos de filmaciones, las querellas y la fiscalía coincidieron en pedir la pena máxima –de reclusión perpetua– para los principales acusados, por haber encontrado probado que existió un plan criminal para atacar a los ex trabajadores y a los militantes políticos que se manifestaban contra la tercerización en el ferrocarril Roca. La fiscal general María Luz Jalbert solicitó perpetua para Pedraza y su ex ladero en el gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández, por considerarlos instigadores del homicidio agravado de Ferreyra y de tres tentativas, en el caso de los otros militantes. La misma pena solicitó para el jefe de la Comisión de Reclamos, Pablo Díaz, por haber tenido el rol de coordinador del grupo de choque en el lugar, y para el guarda Gabriel Sánchez y el barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale bajo el cargo de ser coautores de homicidio agravado y tres tentativas. Para el delegado Claudio Alcorcel, exigió diez años por considerarlo cómplice secundario, y a los ferroviarios Daniel González y Salvador Pipito, los acusó de ser cómplices primarios del homicidio en grado simple, por lo que el pedido giró en torno a los nueve años de cárcel. En lo que respecta a Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, la fiscalía se inclinó por la absolución, por lo que fueron inmediatamente excarcelados.

A los policías, Hugo Lompizano, Luis Mansilla, Luis Echavarría, Jorge Ferreyra, Rolando Garay y Gastón Conti los acusaron de abandono de persona agravado por la muerte del joven. Para los dos primeros, se pidió diez años de prisión; nueve para Ferreyra; ocho para Echavarría y siete para Conti y el subcomisario Garay.

En su alegato, la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de la familia de Ferreyra, pidió perpetua para ocho de los diez ferroviarios acusados, y para seis de los siete policías por encontrarlos responsables de ser partícipes secundarios del homicidio. Sólo se diferenció en solicitar cuatro años de prisión para Pérez y para Uño, por encubrimiento agravado, y un año de prisión para el camarógrafo policial David Villalba, por omisión de los deberes de funcionario público. La querella que representa a los heridos, perteneciente al PO, exigió la pena máxima para la tentativa de homicidio, que trepa a los 25 años de reclusión para la totalidad de los implicados. A su turno, las defensas coincidieron en pedir la absolución de sus representados.

EXPECTATIVAS. "Estamos completamente seguros que se han reunido las pruebas en el juicio para que el tribunal dicte las máximas condenas. La prueba sobra. No podemos aventurar un fallo porque habrá que ver si influyen las connotaciones con el poder político y con los negocios ferroviarios que ha habido en este crimen", aseguró el dirigente del PO, Gabriel Solano. "Estamos con mucha expectativa de alcanzar justicia por Mariano, y sabemos que hoy puede darse un hecho inédito en la historia judicial argentina que puede abrir el camino para dejar atrás las practicas violentas que se demostraron en el juicio que tuvieron como objetivo sostener los negociados de los líderes sindicales", reafirmó Maximiliano Medina, abogado del CELS. En sentido contrario, Gustavo D'Elía, abogado de Sánchez, sostuvo: "Todos los defensores coincidimos que el fallo contendrá un alto grado de contenido político. No existe entidad probatoria para justificar una condena de prisión perpetua".

CLAVES. Podría trasladarse a las condenas la coincidencia entre querellas y fiscalía sobre el rol de la policía para permitir el ataque, que los aleja de un mero incumplimiento de los deberes de funcionario, con una pena mucho menor. Los argumentos de las defensas fueron contrapuestos. Los policías sostuvieron que el peligro había cesado porque ese día los manifestantes se habían retirado a 300 metros de las vías. En cambio, para los ferroviarios el peligro de choque nunca cesó y es por eso que actuaron en legítima defensa. Varios abogados se esperanzan con que el TOC21 pueda considerar el "homicidio en riña" como hipótesis, con lo que los acusados serían beneficiados. «