Son 18 los votos extras que necesita el Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados bonaerense para tratar sobre tablas -y para aprobar- el avance del juicio político contra el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand. Tiene 43 de 92 escaños, por lo que requiere de votos de la oposición para reunir los dos tercios. En principio, los distintos partidos que conforman el bloque de Juntos cerraron fila y no están dispuestos a acompañar la iniciativa de remoción del funcionario. El oficialismo lo sabe, pero de todos modos busca exponer a la oposición en el recinto y hacerle pagar el costo político de defender al funcionario vidalista envuelto en el escándalo desatado tras la filtración del video del Gestapo-gate, que evidenciaría la existencia de un aparato político y judicial durante el gobierno de María Eugenia Vidal que armaba causas y perseguía a dirigentes sindicales y del peronismo. 

Según constató Letra P de distintas fuentes en la Legislatura, no hay ningún sector en la alianza mayoritaria de la oposición que acompañe la remoción del procurador. Los más férreos en sus posturas son los diputados y diputadas del PRO, tanto los que responden a la exgobernadora autoexiliada como los que se paran al lado de los intendentes más representativos del partido. Incluso, en la Unión Cívica Radical (UCR) aseguran que descartan el tema en sus agendas, aunque ponen un pequeño tono de duda al ver el avance del proyecto. Los dirigentes opositores de origen peronista adelantan también que se plegarán a la estrategia general de Juntos. 

Sin el respaldo de algunas de estas bancas de Juntos, que suman 41 en la Cámara baja y 23 en la Cámara alta, la avanzada del oficialismo no tiene chances de prosperar en sus intenciones de remover a Conte Grand. Esto no es una novedad para el espacio que conduce César Valicenti. De hecho, esperan persuadir primero a los bloques minoritarios: todo indica que 17 de Noviembre acompañará; el Frente de Izquierda aún no lo decidió, pero ya dijo que está a favor de remover al procurador; y Avanza Libertad no se expresó sobre el tema, dicen que todavía lo están analizando. 

En paralelo, el oficialismo también citará a distintas personas que puedan darle volumen al inicio de juicio político, como Gabriel Vitale, juez de Garantías de Lomas de Zamora; Enrique Ferrari, fiscal general de Lomas de Zamora; Hugo y Pablo Moyano, referentes del gremio de Camioneros; Natalia Roussillon, directora de la Alcaidía N°3 de La Plata; Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI; Roberto Cipriano, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria; Gustavo Ferrari, exministro de Justicia de la gestión de Vidal; Marcelo Villegas, exministro de Trabajo que se refirió a la “Gestapo” en la reunión filmada; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Julio Garro, intendente de La Plata; Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídico de la AFI, y Juan Pablo Allan, senador bonaerense PRO que responde a Patricia Bullrich.

Para el Frente de Todos no se trata sólo del mal desempeño del procurador, sino también de todo lo que surgió después de la publicación del video del escándalo. En aquella reunión de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, aparentemente se explica la metodología para armar causas contra sindicalistas y políticos opositores al por entonces gobierno amarillo. En este marco, también el Senado bonaerense convocó a una sesión especial para el martes a las 14 en la que dará respuesta al requerimiento del titular del Juzgado Federal n° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, que tiene a cargo la causa sobre la denominada mesa judicial y solicitó acceder a las oficinas del senador Allan.