l exintendente de Santa Rosa, el destituído Juan Carlos Tierno, pretende que en el juicio por abuso de autoridad que afrontará entre el 13 y 15 de agosto, sean citados a declarar como testigos el senador y ex gobernador Carlos Verna, el presidente del PJ, Rubén Marín, el senador radical Juan Carlos Marino, y el actual gobernador Oscar Mario Jorge. Este último fue el encargado de firmar la intervención que cerró su traumática gestión de 87 días al frente de la comuna santarroseña.

Esta semana, Tierno brindó una conferencia de prensa en su estudio, durante la cual repitió que en 2008, durante su breve intendencia, firmó un presupuesto y una nueva tarifaria, pasando por encima del Concejo Deliberante, porque los concejales del Frepam no daban quórum. Por ese hecho está imputado, junto a sus funcionarios, del delito de abuso de autoridad.

En la rueda de prensa, Tierno se mostró en rol de víctima. “Buscan inhabilitarme para ocupar cargos públicos. No quieren que sea gobernador en 2015”, dijo. Y repitió que es “una causa armada”. El actual asesor legislativo de Comunidad Organizada –el partido que creó luego de irse del PJ había responsabilizado en su momento por la destitución, entre otros, a Verna, Marín, Marino y al propio Jorge.

Sin embargo, el año pasado mostró un acercamiento con el jorgismo, se manifestó interesado en ingresar al gabinete del gobierno provincial y despegó a Jorge de su destitución porque, alegó, actuó “presionado” por el vernismo al firmar la intervención de la capital pampeana.

Esta vez, además de sus habituales diatribas contra los diarios santarroseños, Tierno atacó al juez del Tribunal de Impugnación Penal que dictó su procesamiento, el juez Tomás Balaguer, al que calificó de “operador” que “trajo Carlos Verna”, el exgobernador que “lo promueve dentro de la justicia dos cargos en menos de un año y medio”.

Tierno también descalificó al magistrado Daniel Ralli, que estará a cargo del juicio, a quién mencionó como “el operador que hace de juez” y le reprochó que “pretende negar el derecho a ofrecer prueba” ante la solicitud de los encumbrados testigos que quiere que desfilen frente al tribunal.

Según difundió, Tierno cree que “el objetivo principal de la causa penal es tratar de sacar una condena por (parte) del operador judicial” para inhabilitarlo para ocupar cargos públicos “ante el anuncio ya hecho hace ocho meses de la presentación como candidato a gobernador en el 2015”. “O sea, que no me meta más contra la corrupción bajo coartada de política-periodismo y con reformas de fondo también para la justicia de La Pampa y su conducta grave y ostensiblemente corporativa”.

Tierno y sus colaboradores más cercanos durante los 87 días en que gobernó el municipio de Santa Rosa se sentarán en el banquillo de los acusados entre el próximo 13 y 15 de agosto.

Están acusados también Juan Pablo Fasce (ex secretario de Gobierno), Oscar Vignatti (ex secretario de Hacienda), Elba Blanca Soto (ex secretaria de Acción Social) y Viviana Noemí Rodríguez (ex secretaria de Coordinación y actual concejala por Comunidad Organizada, aunque enfrentada con Tierno).

El abuso de autoridad se pena con entre un mes y dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble del tiempo.

La figura se aplica al funcionario que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Durante su breve Intendencia, el 17 de enero Tierno firmó la resolución 21/08, que impuso un presupuesto y una ordenanza tarifaria pasando por encima del Concejo Deliberante. Primero el juez de instrucción Carlos Besi dictó la falta de mérito, argumentando que no existía malicia (elemento requerido para que se cumpla un abuso de autoridad). Pero Pablo Balaguer, desde el Tribunal de Impugnación Penal, dio vuelta ese fallo.

El monto de la pena a aplicarse, en el caso de que exista una condena, no es menor. Para ser candidato a gobernador en 2015, Tierno necesita estar habilitado para ejercer la función pública. Si el juicio se hace en esa fecha de agosto, la sentencia se conocerá antes de setiembre. Es decir que los plazos son fundamentales para el futuro político mediato del exministro de Gobierno y Justicia: si la hipotética inhabilitación que pudieran aplicarle fuera superior a los 2 años, quedaría fuera de la carrera por la Gobernación 2015.