El juez también solicitó los contratos y antecedentes de las construcciones a las intendencias de Ezeiza, Tigre, Almirante Brown, Rosario y Bariloche.

Esas provincias y municipios son los que surgen en la denuncia que presentó un abogado, y que dio inicio a la causa, para que sean investigados junto a la Fundación por la construcción de viviendas.

Además, el juez requirió a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) todos los informes que tengan de controles y auditorías sobre los contratos realizados por Madres con las provincias y los municipios. Y también le solicitó al Banco Central (BCRA) que le informe si la Fundación tiene cuentas bancarias.

Los pedidos fueron hechos a solicitud del fiscal Miguel Angel Osorio, quien ayer requirió investigar "a quienes hubieran firmado los contratos", tanto funcionarios públicos como directivos de Madres de Plaza de Mayo.

Por ahora la investigación no está dirigida a ninguna persona en particular sino que "habrá imputados según lo que surja del avance de la investigación", explicó un vocero.

Las fuentes señalaron que también se buscará determinar si una Fundación puede hacer contrataciones directas con provincias y municipios y en qué calidad estos gobiernos recibían los fondos del Estado Nacional, o sea si como préstamos o por coparticipación federal u otros mecanismos.

La causa se inició por una presentación en Tribunales del abogado Jorge Vitale para que se investigue si hubo anomalías en contratación, pagos, ejecución y calidad de las viviendas. La acción fue dirigida contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la titular de Madres, Hebe de Bonafini, pero el requerimiento del fiscal no los nombra.

Esta causa tramita en paralelo a la del juez federal Norberto Oyarbide, en la que investiga al ex apoderado Sergio Schoklender, a su hermano Pablo y a otras siete personas vinculadas entre sí por empresas, por presunto lavado de dinero y defraudación por el uso de los fondos destinados a la construcción de viviendas.

Se especula con que en algún momento ambas investigaciones puedan coincidir en la misma información, como por ejemplo contratos de provincias y municipios con la empresa Meldorek, una de las firmas que construía viviendas y de la cual el 90 por ciento de las acciones estaría a nombre de Schoklender.