El juez subrogante Fernando Horacio Isla ordenó el martes a la empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) la "adopción" de las medidas necesarias para hacer cesar de inmediato el vertimiento de líquidos cloacales sin tratamiento -es decir crudos- en la vía pública.

También solicita que la empresa opere sobre los efluentes de aguas servidas en los distintos puntos de la ciudad del Gorosito, como así también que se presente en el plazo de cinco días hábiles -y con carácter de urgente- "un plan de contingencias para subsanar e impedir los vertidos de residuos cloacales en la vía pública y en zonas de uso público de la localidad".

Luego de conocer la novedad, el abogado que hizo la presentación, Amadeo Figueroa, manifestó que "siempre tuve mucha fe en que el doctor Horacio Isla iba a admitir esta acción de amparo. El es de esos buenos jueces que tiene el Poder Judicial de Santa Cruz, a los que los ciudadanos debemos recurrir cuando los planes del Estado no nos incluyen, tal como viene pasando con las cloacas, el agua, las obras inconclusas y tantas otras cosas que nos suceden en Caleta Olivia".

Adelantó además que está preparando los instrumentos legales de notificación de traslado a la gobernadora Alicia Kirchner, al fiscal de Estado, a SPSE y a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, quienes resultan parte demandada en el proceso judicial.

"CONTROLAR QUE SE CUMPLA"

Figueroa hizo saber que "la empresa ya está notificada sobre la orden de cese inmediato de los derrames de líquidos cloacales", por lo que pidió a los vecinos que "si alguien detecta el incumplimiento, solo le pido que me aporte el video o las fotos que lo demuestren, así puedo ampliar la demanda porque somos nosotros quienes debemos controlar que SPSE cumpla".

También les solicitó que "si alguien padece problemas de salud que puedan ser atribuidos a la contaminación generada por el derrame de líquidos cloacales o el agua, me lo informe, ya que me gustaría tener ese testimonio y el del profesional que lo diagnostica para aportarlo en la causa".

El letrado reconoció que la instancia judicial recién se inicia y manifestó que "me gustaría ver desde el Estado y la empresa un gesto de respeto para con la comunidad de Caleta que viene viviendo postergaciones, a pesar de lo que nuestra región aporta al funcionamiento de la provincia".

Finalmente, y respondiendo a las consultas que le realizaron vecinos -relacionadas con la contaminación por la gran cantidad de basura domiciliaria esparcida en la ciudad-, respondió que es una situación similar en cuanto a la contaminación.

"Pero lo que sucede es que no está muy bien identificado quién tiene la culpa, ya que entendemos que hay más de 30 basurales clandestinos en distintos puntos de Caleta, pero que no son generados por el que tiene que levantar la basura y llevarla al basural sino por los propios vecinos", acotó.

SETENTA DERRAMES

Cabe recordar que hace poco más de un mes dirigentes de la Federación de Uniones Vecinales de Caleta Olivia (FUVECO) ofrecieron una conferencia de prensa, detallando los más de 70 derrames cloacales en distintos puntos de la ciudad.

En esa oportunidad solicitaron la inmediata intervención de la gobernadora; del presidente de SPSE, Lucio Tamburo, y del intendente Facundo Prades por la "gravísima situación ambiental".

El presidente de la FUVECO Julio César Gordillo; el vicepresidente Ángel Paolino; el secretario Jesús Reinoso y el presidente de la vecinal del barrio 13 de Diciembre, Omar Behm, lamentaron que la solidificación de los líquidos cloacales, sumado a la basura en las calles, generan cordones infecciosos que luego son trasladados involuntariamente a las viviendas.

Vale mencionar que hace poco más de una semana el presidente de la Fundación Centro Ambiental De Apoyo a la Ciencia y Educación (CADACE), Juan Heupel, también decidió ir a la justicia por "derrames de líquidos cloacales en distintas zonas del mar, lagunas, reservas naturales, vía pública y calles de esta ciudad, como así también zonas de influencia, contaminando el medio ambiente, alterando sistemas naturales y poniendo en riesgo la salud pública y calidad de vida de la población".