En declaraciones realizadas ayer, un juez de Catamarca que pasó por la misma situación que la planteada con el ex juez de Mercedes salió por radio Dos en diálogo con el periodista Bramante. Tuvo muy duros conceptos con lo que está pasando en la Provincia.
El juez de Catamarca, Porfirio Acuña aseguró que la situación judicial correntina "es una vergüenza". Lo dijo durante una entrevista radial en la que se abordó el llamativo escenario planteado en Corrientes, luego de que se decidiera avanzar con pliegos para cubrir juzgados cuyos titulares aún pueden retornar a sus cargos tras haber sido destituidos por un Jury y haber apelado los casos en los que encontraron desbarajustes procedimentales que involucraron hasta al propio titular de la Corte correntina, Guillermo Semhan. A ello se le agrega el aliciente de que el más alto Tribunal de la Nación exigió al Superior correntino que defina la cuestión para que evite un escándalo institucional, sin haber tenido respuesta alguna hasta la fecha, que se complicó nuevamente ayer por el reintegro del juez Juan Carlos Codello, con lo cual el tribunal ya constituido quedó en agua de borrajas, con la consiguiente demora en el dictado de la cautelar que en las últimas horas parecía inminente.
Acuña pasó por la misma situación en la provincia cordillerana, constituyéndose en un leading case; o sea, en un caso ejemplo para situaciones posteriores, el "caso líder" que inicia una tendencia.
El Juez había sido destituido por el Jury de Enjuiciamiento, pero recurrió a la Corte Suprema, la cual estableció su reposición en el cargo. Este fallo permitió que Porfirio Acuña se instale como parangón de lo que hace unas semanas quedó evidenciado en el Senado correntino, en el que el PJ dejó en claro que hará sentir sus bancas para que no se proceda bajo una actitud de calamitosa irresponsabilidad institucional.
Es que semanas atrás ingresó para su análisis un pliego para cubrir una vacante en Saladas, donde también hay un magistrado que recurrió a la Corte tras su destitución mediante el Jury. Fue allí que, agregando el Caso Fleitas (ex juez de Mercedes que también apeló su destitución) decidieron marcar la cancha.
La decisión de la bancada opositora es que más allá de la actitud se asuma la representación del oficialismo, y aun en el escenario de una previsible derrota en los números, quede de manifiesto la posición principista del justicialismo de acatar el fallo del más alto Tribunal de la Nación, considerando que es responsabilidad del Senado proceder a la devolución del pliego al Poder Ejecutivo como forma de interrumpir los plazos que están corriendo, y que podrían terminar por una aprobación tácita al cumplirse los tiempos legales.
EL CASO DE CATAMARCA
"El Jury en su momento dispuso la separación de mi cargo, y contra esa decisión logramos en principio apelar la decisión; y aunque es inapelable pudimos conseguir la inconstitucionalidad de la Ley que impide la apelación de la decisión del Jury. Con eso fuimos a un recurso de casación que fue denegado por la Corte local; después fuimos al recurso extraordinario, también denegado por la Corte local, como se acostumbra en estos casos. Y con eso nos fuimos con una queja de hecho, con un recurso de hecho elevamos la queja ante la Corte Suprema de la Nación", detalló el magistrado oriundo de Corrientes que continuó su vida en suelo catamarqueño.
En su relato, Acuña marcó una diferencia con la coyuntura correntina, debido a que la Corte Suprema de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario y dispuso la nulidad de la decisión de la Corte provincial, y con posterioridad le ordenó a ésta que resuelva conforme los fundamentos que había explicitado.
Fue allí que apareció una divergencia con el contexto de Corrientes: "La Corte provincial, haciéndose eco y cumpliendo con la orden de la Corte nacional dictó un nuevo fallo dejando sin efecto la destitución oportunamente dispuesta por el Jury de Enjuiciamiento", especificó para marcar sobre relieve que en Corrientes nada se hizo.
"Es de una gravedad institucional grosera, porque primero la Corte local tiene que expedirse sobre lo que le pide la Corte Suprema. Parece que la institucionalidad del país y de la Provincia obliga por una cuestión de seriedad y por una cuestión de institucionalidad a que se expida en cualquiera fuera de los términos, positiva o negativamente, pero tiene que expedirse, no puede no expedirse; eso me parece que es grosero", espetó al respecto dejando sobre Guillermo Semhan un coscorrón mediático.
Párrafo seguido, el doctor Acuña expresó su solidaridad con su par Fleitas, "porque la verdad, conociendo un poco lo que conozco del fallo, que lo bajé de la Corte nacional y un poco de los antecedentes, me da vergüenza ajena que ocurran estos hechos, que sigan ocurriendo estas cosas; y sobre todo que la Corte provincial no se expida cómo corresponde".
CUESTIÓN DE ESTADO
En una de las variables que el Juez de Catamarca decidió enfatizar fue en que en esa jurisdicción ayudó la madurez institucional del propio Poder Ejecutivo.
Comentó que en la época de su destitución y posterior reincorporación (2001-2009), había cargos disponibles, pero advirtió que mantuvo una charla con el Gobernador, quien le adelantó que si era necesario iban a pelear el cargo para reponerlo; "era una decisión de Estado cumplir con la pauta establecida por la Corte nacional", expresó Acuña rescatando la postura del mandatario catamarqueño de velar por la institucionalidad pese a que uno de los poderes de esa Provincia se ubique contra la corriente.
LA INTROMISIÓN POLÍTICA
Otro de los puntos claroscuros que advirtió el magistrado tuvo relación con los intereses políticos que enturbian el sistema de pesos y contrapesos establecido constitucionalmente.
Con tajante concisión sostuvo que "es vergonzoso que en la mayoría de los casos la Corte Suprema deja sin efecto la decisión de los Jury de Enjuiciamiento, porque todos tienen un tufo político vergonzoso".
"Siempre hay una praxis de los poderes locales que no quieren cumplir la decisión de la Corte nacional en estos temas", indicó con tono de preocupación Acuña, quien aseveró que así se "rompe el equilibrio de la seguridad jurídica, del Estado de Derecho, de la Constitución. Porque generalmente no son cuestiones que tienen que ver con el desempeño o con la rectitud o la probidad del juez, sino en la mayoría de los casos responde a intereses políticos que nada tienen que ver".

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