"Hay jueces que trabajan para intereses corporativos"

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resulta una herramienta esencial para el trabajo que desarrolla el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) "porque ofrece una representación directa para grupos que se encontraban excluidos de los procesos de producción o recepción de contenidos" advirtió Claudio Morgado, quien se encuentra desde ayer en nuestra provincia para encabezar una serie de actividades organizadas por ese organismo.
Como ejemplo, recordó que la nueva ley permite a los pueblos originarios "tener frecuencias con emisiones en su propio idioma", posibilidad muy valiosa porque algunas lenguas "son ágrafas, no tienen registros escritos, se están perdiendo y dejan de representar a sus culturas".

Morgado llegó a Santa Rosa para participar de una Jornada de Diversidad Cultural que incluirá distintas actividades y diversos expositores. Al bajar del avión, a las 15,30, ofreció una conferencia de prensa en el aeropuerto junto a Santiago Ferrigno, delegado del Inadi en La Pampa; Marcela Cardillo, subsecretaria de Cultura de la Nación, y Mónica Guariglio, directora de Políticas y Relaciones Internacionales.

La actividad de hoy comenzará a las 8,30 en la Escuela Normal y por la tarde se desarrollarán los talleres de la primera jornada "La Diversidad Cultural: una oportunidad para construir Ciudades Libres de Discriminación" en la UNLPam.

Anoche Morgado participó de una reunión con militantes kirchneristas en la sede de Utelpa.

"Jueces corporativos".

A pesar de los obstáculos a la plena vigencia de la Ley de Medios, los organismos nacionales avanzan en la reglamentación de sus artículos, contó Morgado. "Hace menos de un mes se reglamentó el Artículo 66 (ya fue publicado en Boletín Oficial), que beneficia a las personas con discapacidad porque obliga a los nuevos titulares de licencias a emitir con subtitulado oculto, lenguaje de señas, audio ficción para personas ciegas y lenguaje adaptado para personas con discapacidad intelectual", dijo. Y ahora trabajan en la reglamentación "un observatorio con temáticas infantiles, que obligará a emitir al menos tres horas diarias de programación infantil y que atiende también la problemática de género".

Esta ley "abarca muchísimos grupos" asociados al trabajo del Inadi y por eso aguardan que "cesen las medidas cautelares, porque cuando se establecen estos frenos judiciales, quedan afuera estos grupos", explicó. Mientras no tenga plena vigencia "las personas sordas, ciegas y con discapacidad intelectual seguirán fuera de los mecanismos de comunicación", como los sordos, quienes estos días "nos preguntan qué es el censo y qué deben hacer, porque los canales no informan con lenguaje de señas algo tan sencillo y necesario".

Consultado sobre la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia respondió que "los únicos responsables son ciertos jueces que ejercen justicia en función de intereses corporativos" y calculó que el tribunal supremo en algún momento "dictará un veredicto sobre estos temas. Mientras tanto, hay jueces que trabajan para otros intereses que no son los de la población".

Canal 3

Morgado también fue consultado sobre el expediente abierto en el Inadi por la censura que ejerce Canal sobre la oposición política nuestra provincia. Respondió que el organismo "está estudiando el caso, porque nos enviaron mucha documentación y con ella debe realizarse un informe técnico", pero aclaró que al asumir, hace ocho meses, encontró "una gran cantidad de expedientes atrasados" y por eso tienen mucho trabajo. "Si detectamos que esta denuncia es pertinente, seguramente dictaminaremos que Canal 3 violó la ley 23.532 y se indicarán los procedimientos a seguir". De todas maneras, recordó que los fallos del Inadi no son, aunque "tienen un gran peso simbólico e incorporan el peso jurídico del hecho discriminatorio" para eventuales demandas posteriores ante la justicia.

En cuanto a las asignaturas pendientes, advirtió que para el censo del 27 de octubre el Inadi trabaja junto al Indec en la atención de tres grupos específicos: los pueblos originarios, las personas con discapacidad y los afrodescendientes, con el fin de que el relevamiento permita conocer con exactitud la realidad de cada sector.

Políticas públicas

De las jornadas participa también la Secretaría de Cultura porque el objetivo es "traducir los conceptos de diversidad cultural en políticas públicas". En representación de la cartera cultural llegaron Marcela Cardillo, subsecretaria de Cultura, y Mónica Guariglio, directora de Políticas y Relaciones Internacionales, quienes explicaron que la Unesco ya aprobó los proyectos institucionales presentados por Argentina y por eso auspicia estas jornadas.

Aunque el marco es la Convención sobre Diversidad Cultural, "si aprobamos las definiciones pero no se definen políticas públicas, el objetivo perseguido nunca llega a ser realidad", y por eso el trabajo está destinado a "definir los conceptos en el plano cultural para convertirlos en políticas públicas".

Guariglio agregó que la actividad a desarrollar hoy en Santa Rosa forma parte de "la primera experiencia piloto en el marco del proyecto de diversidad cultural aprobado por la Unesco, que continuará el año que viene", y que la idea es "obtener enseñanzas y nuevas visiones" para aplicar en el desarrollo de las políticas futuras.

"Quebrar esa mirada dominante"

"La vulneración del patrimonio cultural es una forma de discriminación", dice Morgado. Un ejemplo claro son "los pueblos originarios, que presentan problemáticas muy evidentes debido a que otras identidades cercenan u obstruyen su integridad cultural". Y también "la comunidad sorda, al no implementarse el lenguaje de señas ni generar dispositivos legales, porque todavía hay 14 artículos del Código Civil que consideran a los sordos incapaces si no saben escribir, negando absolutamente su patrimonio lingüístico". Es necesario "quebrar esta mirada desde la posición dominante", concluyó.

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