En un comunicado muy duro, la Red de Jueces Penales bonaerense calificó de “inapropiadas” las acusaciones que en los últimos días realizaron funcionarios nacionales y provinciales sobre el accionar de la justicia ante casos de menores delincuentes.
Al gobernador le sugirieron denunciar los casos de excarcelaciones “indebidas” y denunciaron que “no hay en esta provincia establecimientos idóneos y habilitados para recibir” a menores delincuentes.
“Cuando el gobernador Daniel Scioli expresó que ‘la Policía detiene, pero después libera la Justicia’, puso en tela de juicio en forma indiscriminada e intolerablemente genérica la actuación de la magistratura, lo que implica un ataque y desprestigio al Poder Judicial, institución que él, como titular de otro de los poderes del estado provincial, tiene el deber cívico de conocer, respetar y hacer respetar”, sostiene el escrito.
A esto, agregaron que “si el gobernador Scioli cuenta con la información necesaria para individualizar qué juez excarceló indebida, ilegal o ilícitamente a qué imputado y en qué causa, pesa sobre él el deber jurídico de formular la pertinente denuncia y/o de promover su enjuiciamiento político”.
En segundo lugar, recordaron que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal “consideró a los jueces como los responsables por la reincidencia de menores en el delito, haciendo alusión al caso del joven de quince años que mató a un padre delante de su propio hijo en la localidad de Tolosa, añadiendo que la ley los faculta para dejarlo detenido, y remarcó que ellos ‘dejan libres a menores con un alto nivel de peligrosidad dándole una interpretación a la ley’”.
También señalaron que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al referirse a la reforma al régimen penal de menores, “apuntó contra los jueces” al señalar que “ya cuentan ‘con los elementos para que los peligrosos estén entre rejas’”.
De ese modo, los jueces recordaron que “en un Estado de Derecho, no se condena penalmente por peligrosidad (concepto presuncional y a futuro, propio de los Estados Totalitarios) sino en base a un juicio de culpabilidad por un hecho concreto”.
Seguidamente, sostuvieron que “no sólo los jueces, sino también los funcionarios y los ciudadanos de un Estado de Derecho debemos quedar sujetos al imperio de la ley, y que según ésta -hasta el día de la fecha- la edad de imputabilidad comienza a partir de los dieciséis años”; y que “cuando el autor de un delito tiene menos edad que la indicada, los jueces sólo podemos sobreseer al imputado, disponiendo el pase de la actuación al ámbito administrativo de protección y a la Justicia de Familia”.
Para los jueces “si bien la ley autoriza a adoptar medidas restrictivas de la libertad, cuando los menores inimputables hubieran cometido delitos graves, el juez penal juvenil se encuentra con que no hay en esta provincia establecimientos idóneos y habilitados para recibirlos, sin perjuicio que la Subsecretaría del Menor es refractaria a aceptar que esos menores estén bajo la guarda de los jueces e institutos del fuero aludido”.
Finalmente, la Red de Jueces subrayó que las señaladas expresiones “no reflejan la verdad, sino más bien el intento de trasladar a otros las propias responsabilidades de alguno de los funcionarios que las emitieron”. Es “importante reafirmar que no es función del Poder Judicial adoptar políticas vinculadas a la seguridad pública. Esa es una misión institucionalmente reservada a los demás poderes del estado, en particular, al Poder Ejecutivo quien cuenta para ello con un área específica, el Ministerio de Seguridad provincial”.
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