Cuando faltaban pocos minutos para las 22, sindicalistas y ministros firmaron un acta acuerdo cuyo punto más saliente es la pronta sanción de una Ley de Paritarias.

El acta dice que se otorgará una suma fija de 500 pesos a hacerse efectiva por agente, conjuntamente con los haberes del mes de octubre, cuyo límite de asignación es hasta la remuneración bruta del cargo de director inclusive. Otra de 1.500, pagadera en la liquidación salarial complementaria correspondiente al mes de diciembre del corriente, con el mismo tope que la otra.

Respecto a los días no trabajados por medida de fuerza se procederá a la devolución de los haberes y estímulos descontados en la liquidación general noviembre o en complementaria de octubre, lo que técnicamente sea más viable. Con respecto a la devolución de los días y/u horas no trabajadas se acordarán entre los jefes de unidades de organización y los gremios de acuerdo a las necesidades de cada repartición.

Además, las partes acuerdan que formularán un proyecto de ley a enviar al Poder Legislativo en el curso de este año, que disponga la puesta en funcionamiento de una paritaria en el sector público estatal. A esos efectos, los gremios y el Ejecutivo convocarán a reuniones para discutir las condiciones de la nueva ley dentro de este mismo mes.

Otro punto del acuerdo compromete a los gremios a mantener la paz social hasta la discusión de la pauta salarial de 2013, a realizarse el 4 de marzo venidero. Lo que se acuerde en marzo, será retroactivo a febrero.

"Es un muy buen acuerdo, dentro de cómo venía el parto", dijo Carlos Ortellado, secretario general del Sitrasap (salud pública). El dirigente aclaró que se trataba de un preacuerdo que debía ser ratificado hoy por las asambleas, lo mismo que dijo minutos después Ceferino Riela, titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj). "Estamos haciendo fuerza para que esta ley salga antes de diciembre, para que el año que viene se discutan las condiciones salariales y de trabajo por sector. Esto se venía solicitando hace muchos años y es fundamental para descomprimir la situación", opinó el judicial.

El ministro Coordinador, Ariel Rauschenberger, vocero del gobierno, celebró el acuerdo y destacó el esfuerzo económico realizado por el Estado, cuyo costo total rondará los 80 millones de pesos. Anticipó que las sumas fijas también las percibirán los docentes, jubilados y pensionados provinciales, beneficiarios de pensiones graciables provinciales y el personal municipal. Las comunas y el Instituto de Seguridad Social recibirán ayudas financieras para afrontar los pagos.

La reunión comenzó a las 18. Los estatales llegaron de buen talante, pero en el transcurso de la negociación afloraron algunas diferencias entre ellos. ATE, Luz y Fuerza y los Profesionales del Lucio Molas no aceptaban que se consignara en el acta la obligación compensar las horas no trabajadas por medida de fuerza. El resto de los gremios (UPCN, SOEM, Sipos, Sitraj, Sitrasap, APEL y Viales) no tenía problemas con ese punto, dado que el gobierno lo consideraba "simbólico".

Junto a Rauschenberger, los negociadores oficiales fueron los ministros de Hacienda, Sergio Violo, y Gobierno, César Rodríguez, además del secretario general de la Gobernación, Raúl Ortiz.

El borrador de Borthiry

En medio de las frenéticas negociaciones de la víspera entre el gobierno y sindicatos, el diputado vernista Martín Borthiry puso a circular ayer entre los gremios de la Intersindical un borrador de un proyecto de Ley de Paritarias que contaba, además, con el acompañamiento de algunos de los diputados del bloque justicialista.

Se trata de un trabajo de 36 hojas con el articulado y las consideraciones. La iniciativa pretende dar respuesta al viejo reclamo de los trabajadores de la administración pública de contar con un mecanismo de negociación con la patronal que le permita las adecuaciones laborales y salariales del sector.

El documento recayó primero en las manos de la Asociación de Personal y Empleados Legislativos (APEL), que la distribuyó al resto de la Intersindical. El impulso del vernismo a la Ley de Paritarias fue un elemento más de presión para el gobierno, que anoche terminó de acordar con los gremios el inicio de un trabajo conjunto para la redacción de un proyecto de ley con miras a marzo de 2013 cuando, con la paritaria aprobada, los estatales iniciarían la negociación salarial en ese ámbito, un privilegio que hasta ahora sólo tenían los gremios docentes.

Gestión para el diálogo

La reanudación del diálogo gobierno-gremios se produjo tras una comunicación telefónica que el dirigente judicial Ceferino Riela mantuvo con el secretario general de la Gobernación, Raúl Ortiz. Concretamente, el sindicalista le habría trasladado la voluntad negociadora de sus pares para evitarle al gobierno provincial uno foco de tensión, que se suma al que el Ejecutivo mantiene con una parte del oficialismo.

Este contacto se produjo durante el fin de semana y el lunes por la tarde, en el momento en que la Intersindical se reunía con los diputados provinciales del PJ. Ortiz se comunicó con Riela y lo invitó, junto a los demás gremialistas estatales, a que se llegara hasta la Casa de Gobierno, donde lo esperó acompañado por los ministros Rauschemberger, Violo y Rodríguez.

De ese encuentro surgió el ofrecimiento oficial de continuar con la pauta salarial del 24 por ciento ya confirmada por el Ejecutivo, analizar el reintegro de los días no pagados por paro y las sumas fijas de 500 y 1.000 pesos para los meses de octubre y diciembre.

Antes de arribar al acuerdo, la jornada de la víspera fue agitada para los gremios. Al mediodía la Mesa Intersindical mantuvo una reunión en la sede de APEL (el gremio legislativo). Allí, los estatales elaboraron un petitorio en el que solicitaban al Ejecutivo el pago de sumas fijas de 500 pesos en octubre, 500 en noviembre, los 1.000 pesos previstos por el Ejecutivo a pagar a mediados de enero (después del medio aguinaldo) y 500 pesos en febrero.

El otro pedido que era que devuelvan los días de paro no liquidados en los sueldos y no aceptar que el empleado hiciera lo propio con las horas no trabajadas. Si los puntos eran aceptados, la Intersindical llevaba al gobierno las garantías de una "tregua social", siempre y cuando, para diciembre, ya estuviera sancionada la Ley de Paritarias y que en marzo se conformara la primera reunión entre las partes para comenzar a ver cómo, por ejemplo, se blanqueaban sumas no remunerativas.

En las asambleas realizadas ayer en distintos puntos de la administración pública provincial en Santa Rosa, las bases manifestaron su desagrado por lo de las "sumas fijas", aunque aceptaron su cobro como una forma de superar el conflicto y con un saldo positivo de "al menos quedarse con algo de plata de diferencia en el bolsillo", como reconoció un sindicalista.