Conscientes de que será su última gran oportunidad para hacer una demostración de su fuerza en las calles antes de la votación del Senado que el 11 de mayo decidirá si abre el impeachment contra Dilma Rousseff, los grupos de izquierda brasileños convocaron a una gran movilización en todo el país en torno a la histórica fecha del 1° de mayo, en contra del "golpe institucional" a la presidenta y por la defensa de los derechos de los trabajadores.

El acto principal, organizado por la Central Única de Trabajadores (CUT), será mañana en San Pablo, en el céntrico parque Vale do Anhangabaú, y se espera que tanto Dilma como su mentor político, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, participen del encuentro. Para los sindicatos, que han sido muy críticos de las políticas económicas implementadas por la presidenta en su segundo mandato -inaugurado en enero del año pasado-, su respaldo no será gratuito.

"Queremos mantener a Dilma en el poder, pero no para que haga las mismas cosas. Queremos que la lucha por su mandato sirva para que ella cambie el rumbo, que construya políticas económicas en beneficio de los trabajadores, y no que insista con el ajuste que paralizó al país. Desde el año pasado señalamos que se equivocó, pero también estamos seguros de que si ella es destituida y el vicepresidente Michel Temer asume el poder, el ajuste será peor. No podemos permitir eso", afirmó a LA NACION Vagner Freitas, presidente de la CUT.

Las manifestaciones en todo el país estarán coordinadas por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), con la participación de todas las fuerzas de izquierda que forman los frentes conocidos como Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular, además del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MTS), el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), entre varios otros grupos, así como los partidos Comunista de Brasil (PCdoB), y Socialismo y Libertad (PSOL), los únicos que cerraron filas por completo en defensa de la presidenta cuando la Cámara de Diputados votó abrumadoramente por abrir el proceso de impeachment.

Cada vez más arrinconada, y con la posibilidad de que a partir del 12 de mayo sea apartada de su cargo, al menos interinamente mientras el Senado lleve adelante el juicio político específico por manipulación de las cuentas públicas, Dilma ya señaló que ahora está dispuesta a ceder a algunas de las reivindicaciones de los sindicatos y los movimientos sociales. El Palacio del Planalto diseñaba ayer los preparativos para una serie de anuncios, como el aumento de las cuotas de asistencia económica del popular plan Bolsa Familia, el incremento de viviendas para el programa Minha Casa, Minha Vida, y la rebaja del impuesto a la renta, entre otros.

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Ayer mismo, la presidenta aprovechó la ceremonia de renovación del programa Más Médicos, que busca brindar atención sanitaria en las zonas más pobres y remotas del país, para reiterar que está siendo víctima de una "injusticia" y señaló que las maniobras contables por las que se la coloca en el banquillo de los acusados fueron para el bien público, no para enriquecerse de manera corrupta.

"La acusación es ridícula, porque lo que hicimos fue garantizar programas sociales. El proceso en curso tiene un nombre y es «golpe». Se trata de una elección indirecta en el Congreso maquillado de juicio político por aquellos que no tuvieron los votos en las urnas", apuntó contra los partidos de la oposición.

La misma línea de argumentación siguieron en la comisión de impeachment del Senado el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, y los ministros de Economía, Nelson Barbosa, y de Agricultura, Katia Abreu. Barbosa resaltó que los manejos contables se hicieron dentro del marco legal y que muchas maniobras ni siquiera fueron responsabilidad directa de Dilma, sino de su equipo económico, al echarle la culpa a su predecesor, el neoliberal Joaquim Levy.

Mientras tanto, Temer sigue con el armado de su eventual gabinete a través de reuniones con políticos y economistas. A todos les dejó en claro que su prioridad será la recuperación de la confianza para que la economía vuelva a crecer, el país logre salir de la recesión y se reduzca el creciente desempleo. Indicó que buscará "transferir para el sector privado todo lo que sea posible en materia de infraestructura", y aclaró que, si le toca ocupar el Palacio del Planalto para terminar el actual mandato, no buscará la reelección en 2018.