Iron Mountain: la justicia desoyó alertas sobre la intencionalidad del incendio

Iron Mountain: la justicia desoyó alertas sobre la intencionalidad del incendio

Al poco tiempo de ocurrido el siniestro, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió trabar el pago de los seguros e inmovilizar fondos por serias sospechas. Ningún magistrado cumplió con las medidas de prueba.

El viernes pasado, una batería de pericias realizadas por fuerzas de seguridad y organismos técnicos comprobaron lo que era un secreto a voces: el incendio del depósito Iron Mountain en Barracas –en el que perdieron la vida diez bomberos y rescatistas– fue provocado intencionalmente por especialistas. Lo llamativo es que la justicia, a poco tiempo de ocurrido el hecho, ya había sido alertada por sospechas del fuego orquestado adrede, y sin embargo rechazó de diferentes formas pedidos de prueba y congelamiento al cobro del seguro contra el siniestro.

Tiempo accedió al detalle de la causa, en donde se observa que al menos dos magistrados se declararon incompetentes ante el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), en su rol de querellante, de trabar el pago del seguro y de congelar cualquier desembolso en dinero que Iron Mountain hubiese cobrado. La sospecha de los organismos anti lavado era y es que el incendio fue intencional. ¿En qué se basaron para justificar la duda? Hubo cinco incendios de depósitos de Iron Mountain en todo el mundo entre 1997 y 2006 (tres en Nueva Jersey, uno en Ottawa y otro en Londres), y en todos ellos archivaban datos sensibles las mismas empresas, entre ellos los bancos JP Morgan y el HSBC, hoy en el ojo de la tormenta por armar estructuras ilegales para facilitar la evasión de cuentas de argentinos en la sucursal de Ginebra.

En paralelo y según adelantaron fuentes oficiales, la UIF y la Procuradoría Antilavado (Procelac), habiéndose consumado las alertas de intencionalidad del fuego, pedirán a Iron Mountain y las empresas que archivaron allí los contratos de guardado y las copias de los documentos que se quemaron en Barracas. Es que, por ley nacional, tanto el archivo como los clientes deben preservar al menos por diez años esa documentación. Así las cosas, si no se la brindan a las autoridades, se presentará una denuncia por complicidad en ilícito entre Iron Mountain y sus clientes. De hecho, esa es la sospecha más fuerte teniendo en cuentas los antecedentes. Como un dato extra que genera aun más suspicacias, la cuadra donde quedan los restos del archivo, permanece aún cerrada al público y el galpón tiene custodia día y noche. Si bien está vacío el predio, resta el conocimiento de una última pericia, la que debe realizar la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Pero la entidad ya recabó los datos.

¿Cómo fueron las alertas oficiales que se presentaron como medidas de prueba y que fueron desestimadas por la justicia? Según consta en los documentos de pedidos en la causa, la UIF –en los términos del artículo 14 Inc. 5 de la Ley 25.246– el organismo solicitó a la Procelac (organismo con el que colabora), que le requiera al juez competente la suspensión del pago de los saldos pendientes del siniestro denunciado por Iron Mountain Argentina SA. Cabe recordar que ese hecho fue el incendio provocado en la madrugada del 5 de febrero del 2014.

En paralelo, se requirió también que se inmovilicen los fondos ya percibidos con motivo de ese mismo hecho. Cumpliendo con lo solicitado, la Procelac elevó el pedido de suspensión y congelamiento al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción 18, Pablo Ormaechea. En esa dependencia tramita la investigación del incendio u/o estrago (tal la carátula). Previa vista a la Titular de la Fiscalía de Instrucción 37, Marcela Sánchez, magistrada a quien le delegaron la investigación por tratarse de autores desconocidos, el juez rechazó la solicitud el 18 de julio de 2014, por entender que no era competente para su dictado y que lo pedido tenía estrecha relación con el proceso en trámite ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12, sobre averiguación de ilícito de lavado de activos por la denuncia efectuada por la AFIP. El titular de ese juzgado, Sergio Torres, recibió el incidente y, por medio de la resolución de fecha 1 de septiembre de 2014, no aceptó la competencia alegada por el titular del fuero ordinario, devolvió las actuaciones y lo invitó, en caso de considerarlo, a elevar las actuaciones al superior jerárquico para que dilucide la cuestión. Lo cierto es que luego de este gran pase de manos, a la fecha esa situación sigue sin novedades. ¿Por qué el no curso a la traba del pago del seguro genera dudas de complicidad? Los investigadores aseguran que la cobertura se cobra una vez que están concluidas las pericias. Así, demorar esta operación era clave para dar curso libre a la investigación y no cerrarle la puerta al origen intencional del fuego. Inclusive considerando que hubo fallecimiento de personas como consecuencia de su participación en la extinción de las llamas.

Un dato importante: el juez Torres, quien rechazó trabar el seguro en última instancia, es el mismo magistrado que lleva las dos causas de presunto lavado de activos que denunció el ex banquero de JP Morgan, Hernán Arbizu. Esas causas –a pesar de la nutrida evidencia aportada– están virtualmente congeladas desde el año 2006. No ha habido ninguna citación a un privado ni al propio denunciante. Paradójicamente, el Morgan y algunos de sus clientes denunciados y que constan en la causa que lleva Torres, archivaban en Iron Mountain.

La conexión del incendio con firmas investigadas por lavado y evasión no es la única. En la denuncia que hizo AFIP sobre Iron Mountain, la autoridad detectó maniobras financieras sospechosas de esa compañía por U$S 17,8 millones entre los años 2007 y 2014. Asimismo, la compañía que opera con clientes de elevados ingresos, generó escasas o nulas utilidades, produciendo sospechas de evasión en Impuesto a las Ganancias. El organismo que conduce Ricardo Echegaray denunció además que, para solventar sus operaciones, Iron Mountain se financiaba con un crédito renovable y flexible por U$S 20 millones otorgado por una firma subsidiaria del grupo que, curiosamente, está radicado en Suiza. El préstamo es canalizado por el banco HSBC, entidad que además archivó en Iron Mountain.

Cabe recordar que la empresa de archivos tiene casa matriz en Boston, pero casi el 99% de la filial nacional es propiedad de otra empresa radicada en Luxemburgo, paraíso fiscal europeo investigado por fondos ilegales.

En síntesis, todos estos datos e indicios de la investigación permitirán conocer por qué se generó el incendio en Barracas, un hecho que ya fue calificado de intención por pericias de la Policía Federal y el INTI pero cuyas razones –según la evidencia– están directamente relacionadas con el material documental que se quemó detrás de los altos muros del depósito ubicado en la intersección de Azara y Quinquela Martín.  «

Con los buitres

Paul Singer, del buitre Elliot, fue hasta el año 2012 accionista de Iron Mountain, donde conserva un 5% del paquete. Radicada en Capital Federal, la firma recibió beneficios impositivos y fiscales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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