En febrero de 2008 por decreto 137, se estableció la Comisión de Contención del Gasto Público. En un principio la composición estaba integrada por el Ministro Coordinador Ricardo Escobar; el titular de Hacienda, Daniel Hassan; el subsecretario de Legal y Técnica, Marcelo Syniuk; y el subsecretario de Hacienda, Gustavo Maffini. En ese momento se mencionaba al Jefe de Asesores Enrique Gross como coordinador general; pero las fuertes presiones por parte de ministros, hizo que cayera la idea que “el Quique” (como le dicen en su entorno íntimo), presidiera la poderosa comisión.

Pero el tiempo pasó y Gross fue cobrando cada vez más presencia en la Comisión, por la sencilla razón que el Decreto establece que el coordinador general es puesto a dedo por el gobernador. Finalmente “Quique” se hizo cargo de la Comisión de Contención del Gasto público.

El decreto reza: “la función de la comisión es de controlar el gasto público y analizar las medidas conducentes a lograr un ahorro en los gastos del Estado Provincial, que permitan una contención de los gastos que no resulten esenciales para el funcionamiento del Estado”. Traducido, Gross maneja millones de pesos y controla todos los gastos que realizan los ministerios. Pero a él quien lo controla.

Que fiscaliza específicamente: los viáticos fuera de la provincia de la mayoría de los funcionarios de terceras líneas. Los contratos con relación de dependencia, y la contratación de técnicos y profesionales; los contratos de locación de bienes muebles e inmuebles; la contratación y locación de servicios por montos superiores a los mil pesos mensuales o diez mil pesos anuales.

Paralelamente controla la compra de bienes inventariables (maquinarias, herramientas, mobiliarios, equipos de oficina, etc) por montos superiores a la suma de quinientos pesos. Asimismo interviene en la modificación y creación de estructuras orgánicas. Por supuesto la publicidad institucional de todas las carteras, también pasan por la autorización del “querido” Quique.

Entonces, las contrataciones irregulares y los fondos con destinos inciertos tienen un responsable: Enrique Gross. Incluso propios clossistas expresaron a este diario digital que implícitamente se entiende que siempre hay que dejar un “cambio” para que el jefe de asesores del gobernador autorice los gastos ministeriales. “Esto hace que uno siempre tenga que inflar los presupuestos presentados”, confirmó esta fuente.

Otro de los extraños casos en los cuales incurriría el jefe de asesores, es haber contratado con fondos públicos a personal para que le protegiera las plantas de una de sus tantas quintas. También habría empleado a dos personas para que cuiden sus campos que posee en el interior de Misiones. La logística es sencilla, algunos de los contratos solicitados por ministros y posteriormente autorizados, quedan en poder de Gross y este los utiliza para contratar personal que luego son “adscriptos” a trabajar en sus propiedades privadas.

El otro funcionario que se encuentra en el ojo de la tormenta es José Omar Rodríguez, de la Dirección de Arquitectura de la provincia. Por esta cartera pasan millones y millones de pesos que son destinadas a las megaobras de Misiones. Ejemplo la Cruz de Santa Ana, que tuvo un piso de 20 millones y hasta el momento muchos renovadores se preguntan porque terminó en un sobreprecio de 80 millones de pesos. Lo mismo con el innecesario Faro de Closs, que en el boletín oficial se puso una base de 66 millones de pesos. Pero el interrogante es cuanto terminará costando.

Las cifras que controlan y manejan a su placer estos dos funcionarios son apabullantes. Este diario pudo saber que el informe del periodista Lanata, fue la excusa perfecta para investigar el manejo que tienen Rodríguez y Gross, respecto a los fondos públicos. Puesto que ya fueron varias las situaciones irregulares que se detectaron en la Dirección de Arquitectura y en la Jefatura de Asesores. Según se pudo confirmar ya hubo llamados telefónicos cruzados que autorizaron la investigación interna a estos funcionarios.