El juez Claudio Bonadío investiga unos 564 expedientes de la Obra Social de Camioneros (Oschoca) porque cree que la mutual, en cooperación con la sospechada Droguería Urbana, falsificaba troqueles de remedios para quedarse con reintegros del Estado. El monto de los expedientes investigados asciende a casi $ 24 millones, sin contar un documento por 46 millones de pesos cuya veracidad está en duda.

Estos expedientes fueron obtenidos de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo que se encarga de controlar y distribuir fondos de las obras sociales.

Camioneros contrató a Droguería Urbana a fines de 2006 –como contó PERFIL el domingo pasado–, y a eso tal vez se deba que ese año sólo presentó 19 expedientes al APE por poco más de 400 mil pesos. El salto cuantitativo se da entre 2007 y 2008. Durante 2007, la obra social presentó 96 expedientes de la prestadora Urbana por más de 2,2 millones de pesos. Al año siguiente se presentaron 283 expedientes por más de 6,2 millones de pesos, es decir, que por distintas razones que la Justicia investiga, los expedientes se triplicaron, al igual que la facturación que Camioneros reclamó al APE en calidad de reintegros. Los expedientes contienen la información que justifica

esos montos.

En la Superintendencia de Salud dicen que el brusco incremento puede deberse a distintas causas. Una, el aumento de afiliados. Otra, la compra-venta de nuevos medicamentos como factor siete para hemofílicos, o las drogas para pacientes oncológicos. También podría deberse a los expedientes truchos”, alimentados con troqueles o pacientes falsos. Es lo que el juez busca esclarecer, ya que de haberse presentado al Estado troqueles o pacientes falsos se habría cometido el delito de estafa.

A Moyano no le da seguridad que Bonadío esté a cargo de la causa contra la obra social camionera: ya recusó al magistrado y trás la negativa de la Cámara Federal apeló, para recibir nuevamente, una negativa de Casación. Tres fuentes informaron a este diario que el camionero prefiere la instrucción del juez Norberto Oyarbide, que investiga la mafia de los medicamentos, y quien a pesar de tener una escucha desde el 19 de junio de 2009 que compromete a Camioneros y posiblemente a Urbana en la compra de troqueles falsos, aún no actuó en el tema.

La semana pasada, luego de que PERFIL revelara esa escucha telefónica, Marcos Hendler –quien en el registro presuntamente es quien encarga los troqueles falsificados a Droguería del Plata– hizo una presentación espontánea en el juzgado de Oyarbide. En tanto Bonadío solicitó a Urbana que informara acerca de las facturas de compra del medicamentos Erbitux –para el cual se compran los 19 troqueles falsos en la escucha–. En su defensa, el abogado de Hendler alega que “la transacción nunca se llegó a completar”, y se presentaron facturas por la venta de veinte cajas de Erbitux.

En Urbana aseguran que Hendler trabaja en la droguería desde su fundación, en 2002. En las actas de la misma compañía, sin embargo, Hendler figura por primera vez en el directorio de Urbana en noviembre de 2006, según el acta número cinco, firmada por el escribano Eduardo Tellardini. Casualmente, o no, entre octubre y noviembre de 2006 Camioneros contrató a Urbana para que proveyera a la obra social de medicamentos de alta complejidad. Esa es una de las razones más fuertes que siempre levantaron sospechas en la Superintendencia de Salud sobre la próximidad entre Hendler y Moyano. Sin embargo, en Urbana aseguran que Moyano es “un cliente más” y que cuentan con más de 700 farmacias y obras sociales en su lista. “No comercializamos con droguerías, el cien por ciento de los medicamentos a Camioneros los compramos a los laboratorios”, se defienden.