El gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras se extendió a la también estatal Eletronuclear, cuyo presidente fue detenido ayer acusado de recibir sobornos a cambio de adjudicar contratos amañados a las mismas empresas que desviaban recursos de la petrolera.

“La (misma red de) corrupción se ha expandido a otras áreas de la administración pública” y de las empresas estatales, “es endémica” y está “en fase de metástasis”, afirmó en una rueda de prensa el fiscal Athayde Ribeiro Costa, quien dio a entender que las investigaciones pueden ampliarse ahora a otras firmas públicas del sector eléctrico.

El presidente de Eletronuclear, el vicealmirante de la Marina Othon Luiz Pinheiro da Silva, fue detenido en una operación de búsqueda de pruebas de supuestos desvíos de recursos en los contratos de construcción de la central nuclear Angra 3, informó la Policía Federal.

Los investigadores calculan que Pinheiro da Silva, que se apartó de sus funciones en abril pasado cuando comenzó a ser investigado, aunque mantiene su cargo, recibió cerca de 4,5 millones de reales (unos 1.365 millones de dólares) por amañar contratos para la construcción de la planta nuclear.

Los contratos fueron adjudicados por Eletronuclear, subsidiaria del grupo eléctrico Eletrobras, a varias de las empresas acusadas de desviar recursos en contratos con Petrobras.

“Dimos un paso y vimos que la corrupción no se restringe sólo a Petrobras”, afirmó Ribeiro Costa.

Según la Fiscalía, las compañías implicadas en el caso de Petrobras obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y repartían los excedentes entre los políticos que amparaban las corruptelas y algunos exdirectivos de la empresa estatal.

Los fiscales ahora tienen pruebas de que el mismo método con el que fueron desviados cerca de 2.000 millones de dólares de Petrobras, según cálculos de la propia empresa, fue usado en otras firmas estatales, como Eletronuclear.

“Hay indicios de que la constructora Andrade Gutierrez pagó sobornos por contratos desde 2009 a una empresa de propiedad de Pinheiro da Silva”, dijo Ribeiro Costa al referirse a la empresa que encabeza el consorcio que se adjudicó la construcción de Angra 3.

Además de Andrade Gutierrez, cuyo presidente está preso por el caso de Petrobras, el consorcio era integrado por las empresas Camargo Correa, UTC, Odebrecht, EBE y Queiroz Galvao, todas implicadas en el escándalo de la petrolera.

La central nuclear, que comenzó a ser construida hace tres años en la ciudad de Angra dos Reis y tendrá potencia para generar 1.405 megavatios, ha tenido un costo hasta ahora de 3.000 millones de reales (unos 910 millones de dólares) pero su presupuesto es cinco veces mayor.

Las supuestas irregularidades en Eletrobras son investigadas desde abril, cuando el expresidente de Camargo Correa Dalton Avancini confesó que las obras de Angra 3 fueron adjudicadas a empresas que ofrecieron sobornos a dirigentes de Eletronuclear y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal aliado del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Las principales empresas estatales del sector eléctrico de Brasil son dirigidas por apadrinados del PMDB, varios de cuyos líderes están en la lista de cerca de 50 políticos acusados de beneficiarse de la red de corrupción en Petrobras.

Según Avancini, el soborno era equivalente al 1 % del valor de cada contrato adjudicado por Eletronuclear a las constructoras.

El expresidente de Camargo Correa acordó colaborar con las investigaciones judiciales y fue condenado la semana pasada a quince años de prisión por el caso Petrobras.

Además del presidente de Eletronuclear, en la operación realizada hoy fue detenido Flavio David Barra, presidente de la subsidiaria de Andrade Gutierrez responsable de obras en Angra 3.

La operación incluyó allanamientos en 23 residencias y oficinas en Río de Janeiro, Brasilia, Niteroi, Sao Paulo y Baruerí y tuvo como meta la búsqueda de pruebas de supuestas irregularidades en los contratos de Angra 3, como formación de cartel, fraude en licitaciones y pago de sobornos a empleados de la estatal a cambio de favorecimiento.

Techint ofreció colaboración

Techint Ingeniería y Construcción fue objeto de una requisa judicial en su sede de San Pablo en búsqueda de información en un procedimiento llevado adelante por la Policía Federal de Brasil. En este marco, Ricardo Ourique Marques, director de Techint Brasil, prestó declaración en la sede de la Policía Federal en San Pablo, declaración que finalizó hacia horas del mediodía retomando luego sus tareas habituales.

Techint “suministró todas las informaciones que le fueran requeridas y permanece a disposición de las autoridades. La empresa reitera que cumple con la normativa internacional de gobierno corporativo y cumple estrictamente con la legislación brasileña”, informó la empresa.

La investigación a Petrobras hizo perder un punto del PIB

La presidenta Dilma Rousseff sostuvo que los escándalos de corrupción en Petrobras causaron un perjuicio equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a unos 18.000 millones de dólares.

“Para que ustedes tengan una idea el proceso Lava Jato (así lo nombró la policía) costó un punto porcentual del Producto Bruto Interno brasileño”, planteó Dilma Rousseff.

El comentario fue expresado durante una reunión con una decena de ministros ocurrida ayer en el Palacio del Planalto,sede gubernamental, reportaron los diario Folha de San Pablo y O Globo.

Dilma y sus asesores evaluaron la coyuntura política y económica conmocionada por las irregularidades en Petrobras.

Para el gobierno la repercusión negativa del caso genera una onda expansiva sobre el conjunto de la economía brasileña, su proyección internacional y la ‘confianza‘ de los inversores, dijeron funcionarios según consignó hoy la cadena Globo.

Nuevo procesamiento a empresarios

La Justicia brasileña aceptó la denuncia presentada por la Fiscalía contra el presidente de la constructora Odebrecht y otras 12 personas por corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir, en un caso vinculado con un escándalo por supuestos sobornos en la petrolera estatal Petrobras.

La decisión del juez Sergio Moro, de la sala penal federal de Curitiba, capital de Paraná (sur), y responsable de las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras, convierte al presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en reo.

La determinación de Moro se extiende a otras 12 personas, entre ellos exejecutivos de la constructora y exdirectores de Petrobras, mayor empresa de Brasil y responsable de una parte significativa del producto interior bruto (PIB) del país.

De acuerdo con la denuncia de la Fiscalía, aceptada por el magistrado, Marcelo Odebrecht, quien se encuentra preso desde el pasado 19 de junio, ”estaría envuelto directamente en la práctica de los delitos, orientando la actuación de los demás“ reos.

Según el juez, la denuncia de la Fiscalía no solo se sustenta en las delaciones realizadas por delincuentes confesos, sino en los mensajes y anotaciones recopiladas por la Policía en el curso de las investigaciones.

Además de algunos de los exintegrantes de la cúpula de la constructora, Moro aceptó la denuncia contra el exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa y el exdirector de Servicios de la estatal Renato de Souza Duque. También figura en la lista el empresario Alberto Youssef, propietario de la casa de cambio desde la que se repartían supuestos sobornos.