Funcionarios provinciales aseguraron que el principal escollo a sortear para atraer capitales es la postura del Gobierno nacional. Apuntaron que el reciente envío de un proyecto contra la extranjerización de la tierra “espantó” a empresarios.
La frase salió de los labios del director de Recursos Forestales de la Provincia, Luis María Mestres, luego de que se conociera el aval del Gobierno uruguayo para la construcción de una nueva pastera en el vecino país. Es que Corrientes busca, incansablemente, la radicación de capitales en nuestro suelo. Sin embargo, las multimillonarias inversiones continúan volcándose en el extremo Este del río Uruguay.
La semana pasada, el Gobierno de José “Pepe” Mujica le autorizó al consorcio, formado por la forestal sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco, la construcción de una pastera en Uruguay. Esta vez sobre el Río de la Plata. Se trata de una inversión de 1.900 millones de dólares. La fábrica, incluso, tiene aval para producir un 50% más que la ex Botnia (hoy UPM), la polémica industria de celulosa instalada en Fray Bentos, frente a las costas de la entrerriana localidad de Gualeguaychú.
La nueva pastera forma parte de una iniciativa de la firma ENCE que preveía su construcción unos 2.000 metros aguas arriba de la ex Botnia. Con el correr de los años, el consorcio conformado entre Stora Enzo y Arauco compró el proyecto pero lo relocalizó. Por ello, la nueva planta será erigida en la localidad de Conchillas, sobre el Río de la Plata, a unos 190 kilómetros al Sudoeste de Montevideo.
Tal nuevo desembarco de multimillonarias divisas a Uruguay se da cuando Corrientes pretende atraer capitales a la Provincia. Sin embargo, los inversores extranjeros prefieren los países vecinos a Argentina. Pero los expertos aseguran que no es responsabilidad de Corrientes. En primer lugar, porque los capitales foráneos ven a nuestro país con preocupación a partir del conflicto por Botnia. “No se puede invertir en Argentina. El Gobierno nacional en cualquier momento te cierra la frontera”, aseguran los especialistas para endilgar dos vocablos hartamente repetidos: “inseguridad jurídica”.
El reciente envío del proyecto de ley contra la extranjerización de la tierra, girado por el Gobierno de Cristina Kirchner a la Cámara de Diputados, también juega un rol contrario a las expectativas correntinas, según Mestres.
“Teníamos pensado recibir a varios inversores extranjeros. Pero luego del envío del proyecto de prohibición de la extranjerización de la tierra, sugestivamente cancelaron sus visitas”, comentó el funcionario correntino.
Mestres luego apuntó que decisiones como el proyecto girado al Congreso “no generan un buen clima de negocio, confianza y seguridad”. Aún más hondo caló en Corrientes la decisión de Arauco de invertir en Uruguay porque la empresa chilena tiene capitales en Argentina, más precisamente en Misiones. Allí posee un pastera bajo la firma filial Alto Paraná.
Es más, mientras Bosques del Plata - de la firma chilena Compañía Manufacturera de Papeles y Cartón (CMPC) - pretende vender sus 66.500 hectáreas en Corrientes, una de las compañías que más fuerte suena para adquirir tal extensión de tierras es, precisamente, Alto Paraná.
Extranjerización
Pero la prohibición de extranjerización de la tierra no es un tema nuevo para los correntinos. En la última reforma de la Constitución provincial, en 2007, se incorporó un artículo (el 61) que establece que las sociedades conformadas por ciudadanos o capitales foráneos no pueden adquirir inmuebles en las zonas de seguridad, en áreas protegidas o que constituyan recursos estratégicos.
El ministro de la Producción, Jorge Vara, comentó hace un par de meses que tal articulado en la Constitución provincial no favorece a las intenciones de la administración correntina.
“Es que si bien los propietarios de una pastera no pretenden contar con superficie forestada para autoabastecerse (la mayoría posee campos propios pero firma acuerdos con compañías locales para la provisión de materia prima), si quieren contar con extensiones implantadas de bosques cultivados ante cualquier inconveniente”, señaló Mestres.
El funcionario hizo un cálculo rápido. Una fábrica como la ex Botnia necesita tres millones y medio de toneladas de rollos de madera para lograr un millón de toneladas de celulosa. Para alcanzar esa materia prima necesita de 10.000 hectáreas por año de tala rasa de eucaliptos, lo que significa que requiere de 120.000 hectáreas para abastecerse.
La fábrica próxima al inicio de su construcción es aún más grande: está habilitada para que llegue a producir un millón y medio de toneladas anuales de pasta de celulosa.
La nueva pastera
Montes del Plata concretará la mayor inversión en la historia de Uruguay. Iniciará sus operaciones durante el primer semestre del 2013. Su producto será exportado a Europa, Asia y, en menor medida, a Estados Unidos, para abastecer a los clientes de Stora Enso y Arauco. Las obras de la planta se dividirán en dos fases, comenzando por la construcción civil para proseguir con el montaje industrial, con un promedio de 3.200 trabajadores.
“A mediados del 2012 ambas etapas se superpondrán, por lo que estimamos un pico de 6.000 trabajadores empleados para entonces”, comentó la gerente de Comunicación y Asuntos Públicos de la empresa, Carolina Moreira, a una agencia periodística internacional.
Extranjerización: primera traba
El jueves pasado el ministro de Agricultura Julián Domínguez fue recibido por la diputada Vilma Ibarra, titular de la Comisión de Legislación General, para analizar el proyecto de ley que limita la posesión de tierras a los extranjeros. La iniciativa fue enviada al Congreso por Cristina Kirchner y ya encontró trabas en la primera jornada de debate en el Parlamento. El ministro Domínguez no pudo exponer los detalles de la iniciativa ante las tres comisiones convocadas; sólo una tuvo quórum.
La Comisión de Legislación General escuchó los argumentos del Ministro y su equipo. Sin embargo, la sesión plenaria pautada no fue posible por la ausencia de los presidentes de las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales, Juan Casañas y Graciela Camaño, quienes tampoco convocaron a los integrantes de esos cuerpos.
El diputado nacional Lucio Aspiazu (UCR), ante la requisitoria de época, comentó que la ausencia masiva también se debió a que el oficialismo pretendía sacar dictamen para que el proyecto sea tratado a la brevedad por la Cámara baja nacional.
“Es algo demasiado serio y queremos debatirlo con tiempo, a su debido momento. No a las apuradas”, comentó Aspiazu.
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