Van dos solicitudes dirigidas a la cartera económica provincial, el Banco y Rentas. Por ahora sin respuestas, legisladores quieren saber los costos del servicio brindado por una firma chaqueña.
Se trata de dos firmas privadas de la vecina provincia que como su nombre lo indica son oriundas de Chaco. ACOMCHACO S.A y la subcontratista ECOMCHACO S.A.
El tema no es nuevo. Data del primer gobierno del radical Ricardo Colombi cuando a fines de 2004 puso en marcha un nuevo sistema informático para mejorar la recaudación de tributos provinciales.
En un decreto de aquel entonces rubricado por el gobernador Ricardo Colombi y Enrique Vaz Torres, como ministro de Hacienda y Finanzas (ambos ocupan los mismos cargos en la actualidad), la empresa ACOMCHACO S.A perteneciente al Grupo Kartens, inició sus operaciones de este lado del río Paraná.
Al cabo, esa firma terminó subcontratando a ECOMCHACO S.A. Quien finalmente ejecutó la tarea desde 2004 hasta la fecha. Por medio de un software y personal capacitado especialmente en el registro, monitoreo y cobro de tributos provinciales.
“Hasta el momento no tuvimos respuesta”, dijo a “época” el legislador radical. Aplicó el plural porque son varios los legisladores que lo acompañan en el interés sobre los dividendos en porcentajes que le quedan a la empresa chaqueña por su trabajo.
Hace seis años fue el Banco de Corrientes como agente financiero estatal quien contrató de forma directa, a ECOMCHACO, alegando su condición de privado para evitar el llamado a licitación pública (Ver aparte).
En aquel entonces fue la propia entidad bancaria y la cartera de Hacienda quienes explicaron o fundamentaron la necesidad de convocar a una firma “experta” en el cobro de impuestos, por las falencias en el área que padecía el Banco.
Falencias que al parecer persistieron en el tiempo porque pasó toda una administración, tras el primer gobierno de Ricardo Colombi finalizado en 2005 y el contrato se mantiene bien firme.
La curiosidad de los legisladores encabezados por Breard es saber cuánto porcentaje le queda a la empresa de la vecina orilla por la misión de cobrar impuestos. Cómo lleva adelante el trabajo y en base a esa información tratar de develar si la provincia con sus propios recursos, acaso pueda llevar adelante idéntica faena.
“Asistencia Técnica, Recaudación y Cobro de Impuestos”, es el nombre del contrato sostenido por el decreto de 2004.
Un pedido similar ante la Defensoría del Pueblo
Una solicitud de “rescisión” de contrato ingresó la semana pasada a la Defensoría del Pueblo dirigida por Miguel Alegre. Se trata de un pedido para que se investigue el trabajo hecho por ECOMCHACO S.A. El trámite lleva la firma de Amilcar Paladini en calidad “de ciudadano” y en un extenso escrito de cinco carillas a doble faz, hace cálculos sobre costos.
Informa que en los seis años que lleva la empresa prestando servicio recaudatorio, embolsó $320 millones. Paladini contrapone $700 mil que incluye la compra de un software similar al utilizado por la firma de la vecina provincia para su misión de “optimizar” la recaudación en Corrientes.
Para el denunciante si el Estado provincial hubiese adquirido los elementos necesarios y personal capacitado para la tarea, el ahorro habría sido sustancioso.
Explica que aún restan tres años de contrato y que de rescindirlo ahora las arcas públicas se evitarían “aproximadamente unos $110 millones. A un promedio mensual de $3 millones”.
De la lectura de la presentación y al entender de quien lo presentó, todo lo que hicieron ambas firmas a lo largo de los últimos seis años “lo puede hacer un analista de sistemas, tres contadores y unas 25 personas que actualmente prestan servicios en la Dirección General de Rentas”.
Afirma en otro párrafo el escrito caratulado con el Expediente 955/03/11-00034/10. Ahora para el estudio de la Defensoría que dictaminará si el mismo es “procedente” o no. Significa si puede ser viable en sus requisitorias. “La provincia antes de firmar el convenio debió exigir los nombres de posibles tercerizaciones”, dice en otro tramo.
Un Banco dual según la ocasión a través de los años
La contratación de las empresas chaqueñas (ACOMCHACO S.A; ECOMCHACO S.A) hace seis años, se amparó en la mayoría accionaria estatal que predomina en el Banco de Corrientes S.A. El Estado provincial posee el 96% de las acciones y es quien, entre otras cosas, decide y designa el directorio del mismo.
Sin embargo a fines de 2004 la entidad bancaria se apoyó en su condición de privado, que lo tiene pero ínfimamente, sólo un 4% contra más del 90% citado anteriormente. Y con eso avanzó en la contratación directa de la firma tercerizada que finalmente se hizo cargo del sistema recaudatorio local. La que hasta estos días continúa con esa tarea.
De haberse regido en su condición de Banco manejado mayoritariamente por el Estado provincial hubiese tenido que llamar a una licitación pública más concurso de precios.
Algo que por utilizar su costado privado no hizo falta que lo haga. Contratando de manera directa por ser una entidad privada. Aunque en una escala mucho menor que su parte pública.
Similar cuestión se dio el último lunes cuando el ministerio de Hacienda y Finanzas comunicó la venta de uno de sus activos.
Agrotécnica Intermátic S.A. firma dedicada a los olivares (aceitunas para la elaboración de aceite), radicada en San Juan desde hace 15 años.
Idéntico caso al de 2004. Las autoridades de la entidad crediticia local volvieron a recurrir al lado privado.
Hicieron una convocatoria de posibles compradores donde según lo informado oficialmente se presentaron diez oferentes. Quedando cuatro preseleccionados. Para ello volvieron a recostarse sobre el lado no público. Si hubiesen elegido el costado estatal el camino era una licitación pública. Lo que nuevamente no ocurrió.
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