Tecnología e inteligencia aplicada al control y represión del delito. Eso fue lo que vio Daniel Scioli en Israel, seis meses atrás. Sugestionado por la visita, y con la presión inevitable que el tema provoca en la Provincia, el Gobernador decidió trasladar parte de esas herramientas a su terruño. Movido por cierta ansiedad de dar respuestas, no esperó a volver al país para anunciar varias medidas de gobierno, algunas contenidas en formato de proyecto de ley.

Ricardo Casal, su ministro de Justicia y Seguridad, que participaba en la comitiva, le puso el título a una de las propuestas. “Los nuevos grupos de investigación judicial tendrán un funcionamiento similar al del FBI estadounidense”, expresó. Se refería al cuerpo de investigadores judiciales, que se crearían a partir de la aprobación del proyecto de ley, que días después envió el Gobernador a la Legislatura provincial.

Cuando Casal comparó la propuesta de la Provincia con la agencia policial federal más grande del mundo, seguro no buscaba reflejar la realidad, sino recrear de manera atractiva una propuesta del gobierno.

Pero la iniciativa, que había sido aceptada en el Consejo de Seguridad (integrado por sectores de la Justicia y la oposición), se comenzó a trabar en la Legislatura, hasta quedar empantanada. Tuvo un despacho de mayoría en la comisión de Legislación General, pero se truncó en la de Asuntos Constitucionales.

El oficialismo esperaba que se tratara esta semana en la sesión, pero no se llegó con las negociaciones. Varias son las versiones, oficiales y extraoficiales. El proyecto ingresado en el Senado bonaerense establece la creación, en el ámbito del ministerio de Justicia y Seguridad (y de la subsecretaría de Política Criminal e Investigaciones Judiciales), del Cuerpo de Investigadores Judiciales. “El mismo estará compuesto por un grupo interdisciplinario de profesionales calificados en criminalística y disciplinas afines, con funciones de investigación en delitos complejos, crimen organizado o cualquier otro hecho que, por su naturaleza, gravedad o complejidad investigativa, requiera de su intervención”, refiere el artículo primero.

El gobierno será el encargado de seleccionar a sus integrantes y fijar su ubicación, que quedará a “disposición del fiscal general del departamento judicial respectivo”, según indica el artículo segundo.

Desde la oposición aseguran que ése es el punto en conflicto. Los bloques del GEN, la Coalición Cívica y el PRO pretenden que el nuevo cuerpo dependa de la Procuración y no del Ejecutivo, como marca el proyecto.

“En el Consejo de Seguridad se aprobó la propuesta porque se estableció como un paso previo a la Policía Judicial”, dice el senador del GEN Luis Malagamba, integrante de la comisión de Legislación GenEral, que votó en contra del despacho en mayoría. Integrante de la misma comisión, y también en disidencia con la opinión oficial, la senadora María Gainza, de la CC, asegura que “existen otras fuerzas que ya están creadas dentro de la Policía que remiten a lo mismo, esto nos suena más a una especie de CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) en pequeña escala”.

Desde el sector de Francisco de Narváez también cuestionaron la medida, aunque la voz se hizo escuchar desde la Cámara baja. “El gobernador Daniel Scioli anuncia un FBI para la provincia de Buenos Aires y no puede pagar un sueldo que garantice una mesa digna en los hogares de los policías”, aseguró el presidente del bloque de la Celeste y Blanco, el diputado Ramiro Gutiérrez, aportándole al debate un tono de campaña.

El detalle lo dio el bloque de la UCR, que aún no logró consensuar una posición única. El radical Roberto Costa puja por no realizarle cambios. “Cuando llegamos a la Procuración es porque ya se produjo el delito, por eso, un cuerpo especial de investigadores, con las facultades para investigar antes que se produzca un ilícito, no puede estar en la órbita del Ministerio Público”, afirma Roberto Costa, un possista propulsor del acuerdo Alfonsín-De Narváez. Pero en su bloque de seis senadores no todos piensan lo mismo.

“Esperamos llegar a una posición común”, expresa el jefe de la bancada, Orlando Costa, quien se inclina por realizarle cambios a la propuesta. De fondo, según refieren desde el ámbito parlamentario, existe una puja vedada entre el Ejecutivo y la Procuración. “Es una interna de poder, donde se pelea por tener la facultad de dominio, y cada bloque se acopla a esa situación”, indican desde la Cámara alta.

Aseguran, además, que esa discusión motiva los retrasos en el tratamiento de la iniciativa. Un retraso que presenta dos puntos definidos. Primero, el oficialismo no aceptará modificar la ley. “No podemos aceptar modificar la ley porque responde a una lógica de funcionamiento”, dice el ministro Casal. En segundo lugar, los bloques opositores, salvo el caso de la UCR, que áun no definió, no avalarán el proyecto si no es modificado.

Mientras tanto, el gobierno sigue buscando que la propuesta integre el paquete de leyes de seguridad que logró imponer la gestión Scioli. En un año electoral es importante para el oficialismo que se apruebe. En un año electoral es un logro para la oposición realizarle reformas, o aplazarlo.