Pablo Méndez Shiff

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó un planteo presentado por el Colegio Público de Abogados de su distrito para frenar la ley que establece la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura. En su resolución, el magistrado señaló que existe una situación de “gravedad institucional” que busca cercenar “la posibilidad del Pueblo de elegir a sus representantes (…) y han generado un precedente que debería rápidamente ser desautorizado”.

En una entrevista con INFOnews, el juez sostuvo que la jueza nacional electoral María Servini de Cubría o la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberían tomar cartas en el asunto, para terminar cuanto antes lo que considera un descalabro. Además, afirmó que los amparos que se concedieron configuran una situación más grave que en casos anteriores, porque lo que se está cercenando es la libertad de la ciudadanía para elegir a sus representantes. “Estamos hablando del órgano que pone y saca magistrados. Entonces, ¿cómo vamos a ser los jueces los que livianamente vamos a tomar una decisión sobre ese órgano de gobierno, que hace a nuestro propio interés?”, se preguntó.

IN: En su fallo, dice que esta estrategia judicial le ha generado un daño a la Justicia. ¿Cómo cree que se podría reparar esta situación?

Alejo Ramos Padilla: Rápidamente tendría que haber una intervención de la Corte Suprema de Justicia o la jueza electoral nacional, precisamente porque se siguen presentando recursos para que se produzcan fallos contradictorios que afectan a la propia autoridad del Poder Judicial. Tengo la esperanza de que los abogados recapaciten y se den cuenta de que si se quieren hacer presentaciones hay que discutirlas en un marco racional, pero no se pueden buscar atajos.

IN: ¿Cómo se puede dar esa discusión al interior del Poder Judicial?

ARP: Las cautelares que frenan un comicio son un acto de suma gravedad. En Argentina, ha costado mucho que las autoridades de la República se elijan a través de un acto eleccionario. La Constitución Nacional establece que la representatividad de los órganos de gobierno se hace a través del voto popular. Para impedir el ejercicio del voto popular, no se puede utilizar una medida cautelar, donde el único que no participa de la decisión es el pueblo, al que le cercenan la posibilidad de votar.

Los intereses corporativos nunca pueden estar por encima del pueblo, de la soberanía popular. La función de cualquier magistrado y de cualquier funcionario es la de preservar los intereses generales de la sociedad, que están por encima de una ONG, Colegio o Asociación, por más prestigiosa que sea. Hay que velar por los intereses de aquellas personas que no participan de la controversia judicial porque tiene derecho a elegir a sus representantes.

Se debate la constitucionalidad de la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

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IN: Quienes presentaron las medidas de amparo dicen que la elección popular de consejeros es inconstitucional.

ARP: A quienes tengan esa visión, les diría que yo voy a elegir a los representantes del Consejo de la Magistratura, que todos los jueces y abogados vamos a elegir a los representantes del Consejo de la Magistratura, del mismo modo que lo van a hacer los demás ciudadanos en elecciones secretas, siendo nuestro voto igual al del resto. Además, hay que tener cuidado cuando uno dicta medidas cautelares en su propio interés, porque estamos hablando del órgano que pone y saca magistrados. Entonces, ¿cómo vamos a ser los jueces los que livianamente vamos a tomar una decisión sobre ese órgano de gobierno, que hace a nuestro propio interés? Quien está en mejores condiciones de resolver es la jueza nacional electoral, que es la que dispone el cronograma del comicio, así que me parece que lo que no podemos hacer es un ejercicio abusivo del derecho. Con una sola medida cautelar dictada sin la intervención del pueblo, se está suspendiendo un proceso eleccionario. Esto es más grave incluso que otras medidas cautelares famosas que suspendían otras leyes de la República y que tardaron años. Acá no se está cercenando la libertad de expresión, sino la decisión soberana de elegir a sus representantes, establecidas en los artículos 1 y 17 de la Constitución y en una ley del Congreso.

IN: ¿Por qué dice en su fallo que estas medidas ponen en jaque la legitimidad de la Justicia?

ARP: Porque están dictándose resoluciones contradictorias a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, desaparece la autoridad judicial. Son fallos contradictorios y buscados a lo largo y a lo ancho del país para que uno solo frene una elección.

Ramos Padilla: "Los jueces no podemos entrar en este juego"

IN: ¿Esta estrategia tiene antecedentes? ¿Se han visto otros casos en los que aparecieron centenares de presentaciones que apuntan en el mismo sentido para frenar una ley?

ARP: La verdad es que no conozco casos tan grotescos, de estas características. Los jueces, que tenemos una función clara, entrar en este juego. No podemos ser partícipes de esto. Por más que una presentación no diga que se presentaron más de cien cautelares, es de conocimiento público y notorio que inundaron el país con estas cautelares

IN: ¿El accionar de los jueces que conceden estos planteos configura un delito?

ARP: Es un claro abuso del derecho con una pretensión clara, que es parar un acto eleccionario y fundamentado en ese sentido por intereses corporativos para cercenar la libertad del pueblo de votar. Y la ley no tolera el abuso del derecho, más cuando es de manera concertada y de manera organizada: arreglaron todos para presentarla todos el mismo día. Lo que yo digo desde mi lugar es que no voy a ser partícipe de esto.