Esta tarde se llevó a cabo la duodécima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, el proyecto más debatido que pasó a comisión tuvo que ver con un pedido de concejales de la oposición para que se incorpore a la ordenanza 5182/70 el artículo 146 bis;
Varios dirigentes políticos opositores a Gustavo Posse denunciaron que agentes municipales realizaron actas de infracción a los partidos políticos intimándolos a solicitar autorización al Gobierno Municipal para la realización de actividades de difusión. Desde el Ejecutivo por su parte los acusaron de evadir la ley y encontrarse en infracción por hacer campaña en la vía pública por fuera de los plazos estipulados en el cronograma electoral.
Esto derivó en un proyecto para incorporar el artículo 146 bis a la ordenanza 5182/70. El artículo 146 de esa ordenanza señala que será pasible de multas quien haga publicidad o propaganda en la vía pública sin autorización del municipio. “La realización de publicidad o propaganda por cualquier medio, sin el previo permiso municipal exigible, con multa de $ 1.500 a $ 150.000. Si la infracción fuere cometida por empresa, agencia o agente de publicidad, con multa de $ 3.000 a $ 300.000; y/o inhabilitación hasta 180 días”, señala el artículo.
Desde la oposición destacan que este artículo está dispuesto solo a fines comerciales y que el municipio lo utilizó para secuestrar el material político, labrar multas y censurar a estos espacios, limitando las libertades políticas. Por ello propusieron agregarle el artículo 146 bis que señala: “El artículo 146 no será aplicable a organizaciones sin fines de lucro, entidades religiosas ni partidos políticos, cuando se encuentren difundiendo ideas, actividades o creencias”.
El encargado de presentar el proyecto fue el concejal de Con Vocación por San Isidro Marcos Hilding Ohlsson quien destacó que “el municipio utiliza la ordenanza 5182/70 para cercenar libertades políticas” al tiempo que pidió su pronto despacho.
Desde el oficialismo le contestó Carlos Castellano subrayando que “la Justicia Electoral explicita los plazos para hacer campaña política, romper esos plazos es romper la veda electoral”. Asimismo señaló que estos espacios buscan sacar una “ventaja política” y propiciar un “escenario de anarquía” por no acatar la ley.
Pablo Chamtrópulos por su parte enfatizó que “no existe ninguna regulación para la manifestación de ideas por parte de vecinos o partidos políticos en la vía pública” y denunció que el oficialismo busca condicionar a la opinión pública. Por otro lado criticó el doble rasero del Ejecutivo Municipal y ejemplificó con los carteles de Gustavo Posse con Mauricio Macri que se colocaron en toda la Provincia mucho antes del periodo eleccionario. “Esos carteles decían hagamos equipo con Mauricio y Gustavo y no invitaban precisamente a un partidito”, agregó con sorna.
A su turno, Ester Fandiño subrayó que “el municipio no es autoridad de aplicación de la ley electoral”.
Marcos Hilding Ohlsson volvió a pedir la palabra y destacó que “poner una mesita y hablar con los vecinos no es violar la ley”.
Carlos Castellano les contestó que “la Justicia Electoral fija un cronograma de campaña fundándose en una ley aprobada por el Congreso. Este año hubo dos fallos intimando a la reestructuración de la comunicación política contra Mauricio Macri y Francisco De Narváez”.
Por último justificó el accionar del municipio dejando en claro que “cualquier funcionario público que dé cuenta de un hecho ilícito tiene la obligación de denunciarlo” y refiriéndose a los concejales de la denuncia enfatizó: “incumplen ostensiblemente la ley electoral y luego se victimizan”.
El proyecto pasó a la comisión de interpretación y reglamento.




Comentá la nota