Con enojo y decepción los intendentes y legisladores del peronismo bonaerense recibieron los números del presupuesto 2019 enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal, mediante el cual se les transfieren, entre otras cuestiones, los costos en concepto de tarifa social de luz, los subsidios al transporte y la obligatoriedad de utilizar el cien por cien de los recursos contemplados en el Fondo de Financiamiento Educativo en infraestructura escolar, situación que los puso en pie de guerra.

Las novedades se conocieron una vez que el Presupuesto enviado por el Ejecutivo provincial ingresara por la mañana al Senado bonaerense donde será tratado inicialmente para luego pasar a la Cámara de Diputados a los fines de su aprobación.

En el proyecto se contemplan gastos por novecientos veintinueve mil millones de pesos, ingresos por ochocientos ochenta y nueve mil millones y un déficit de treinta mil millones, a los que se le sumaran nuevos pedidos de deuda por sesenta y ocho mil millones y otros ocho mil quinientos millones en concepto de letras a corto plazo.

A esto, se le incorpora la baja de Ingresos Brutos para algunos sectores y el incremento del 38 por ciento en la alícuota del Impuesto Inmobiliario a las propiedades rurales y urbanas.

La letra chica de la cuestionada norma fue analizada durante una reunión que tuvo lugar en la ciudad de La Plata entre la Comisión de Economía del PJ provincial a la que asistieron intendentes y legisladores.

Previo al cónclave que diera comienzo a partir de las 18, el jefe comunal Francisco “Paco” Durañona (San Antonio de Areco) advirtió que la provincia busca transferirle a los municipios “el costo de la tarifa social” y denunció que el presidente Mauricio Macri y Vidal buscan transferir "los gastos" y quedarse "con los recursos" pero que además, se apropian del Fondo Sojero mientras realizan "nulas transferencias" destinadas a obras.

“Es muy fácil tirarnos la responsabilidad a nosotros, pero al que le van a cortar la luz si no puede pagar es al vecino y al otro día van a venir a tocarnos la puerta de la municipalidad a nosotros”, esgrimió Durañona, quien consideró que con este presupuesto cada distrito deberá “asumir el impacto, aun cuando nos quitaron todos los fondos”.

A contramarcha de esas afirmaciones, desdela Gobernación afirmaron que parte de esos recursos serán compensados con seiscientos setenta y cuatro millones que ingresarán en concepto de retenciones, otros mil millones por la suspensión de la baja del Impuesto a los Sellos y setecientos doce millones por mayor coparticipación de débitos y créditos.

Sin embargo, los intendentes afirman que de cada cien pesos que recibieron en 2017, este año solo percibirán cuatro pesos, lo que de confirmarse, implicaría una quita de proporciones.

Los alcaldes también criticaron a Vidal por entender que los recursos del Fondo Educativo provienen de Nación, y ahora se los obliga a utilizarlos en su totalidad en infraestructura, lo que entienden es responsabilidad de la gobernación.

“No podemos seguir avalando esta política que ya demostró ser un fracaso. La Gobernadora Vidal cada año pide más impuestos, más deuda y más ajuste” aseguró por su parte el diputado provincial por Unidad Ciudadana, Federico Susbielles, quien subrayó que su tarea “no es aprobar lo que manda el Ejecutivo desde La Plata, y mucho menos cuando no le hace los deberes a la gente sino alFMI”

“Yo lo tengo claro, mi tarea no es aprobar lo que manda el Ejecutivo desde La Plata, y mucho menos cuando no le hace los deberes a la gente sino al Fondo Monetario Internacional”, subrayó Susbielles.

En tanto que el diputado por el Frente Renovador, Jorge D´Onofrio, a contramano de lo que se venía especulando, afirmó que ese espacio no acompañará el presupuesto: “El ajuste lo estamos pagando los bonaerenses y esto empieza a verse no sólo en los recortes que hizo la Nación a la Provincia sino en este manotazo de ahogado de Vidal de seguir presionando con impuestazos”.