La Cámara Nacional de Casación Penal, después de tener el expediente durante casi un año, confirmó la revocatoria de los sobreseimientos del ex intendente Néstor Ricardo Alcala y del ex secretario municipal de Obras Públicas, Jaime Leonardo Sterin, en la causa por los recorridos "inflados" de los colectivos de la empresa El Indio.
En su momento, Zabala dio vuelta toda la pesquisa -que ya lleva siete años- con una sola prueba. Sobre la base de un peritaje contable de la Corte Suprema afirmó no hubo perjuicio al Estado nacional y, por lo tanto, liberó a Alcala y a Sterin de culpa y cargo.
La entonces fiscal federal Marta Odasso apeló esa resolución y la Cámara bahiense, en junio del año pasado, dio vuelta la decisión del magistrado, lo retó y le ordenó que solicitara informes complementarios a la Secretaría de Transporte de la Nación y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte porque las conclusiones del peritaje no eran concluyentes. Incluso, esa medida probatoria había sido requerida por los propios contadores, quienes señalaron que les "faltaron elementos" para alcanzar una conclusión acabada de los puntos de pericia.
Sin embargo, en agosto de 2012, Alcala, que ocupó la jefatura comunal de Santa Rosa entre 2003 y 2007, consiguió que el defensor general federal fuera en queja a Casación con el argumento de que el dictamen había sido arbitrario.
Ahora, luego de un año, le llegaron malas noticias, porque aunque todavía no volvió a ser procesado (tampoco Sterin), es factible que vuelva a hacerlo. Lo que dijo el tribunal porteño es que el Juzgado Federal debe profundizar el análisis de la pericia contable.
Actualmente el ex intendente integra la comisión directiva de la Confederación General Económica, como secretario de Producción y en nombre de la Federación Económica de La Pampa, según puede leerse en la página web de la entidad.
Buscando la prescripción.
La causa penal se abrió en junio de 2006 cuando los concejales del Fregen, Claudia Giorgis (hoy diputada provincial) y Alfredo Carrascal (alejado de la política) denunciaran que los recorridos de los micros de El Indio -la única empresa de transporte que prestaba el servicio público de colectivos- estaban inflados para cobrar más subsidios. Originalmente también fueron procesadas dos personas que fallecieron, el dueño de la empresa, Diego Carlos Osorio, y el ex director municipal de Servicios Públicos, Arturo Ripa.
¿Cuál fue la presunta maniobra defraudatoria? El Indio recorría con 16 vehículos 613.000 kilómetros semestrales y consumía 50.299 litros de gas oil mensuales. Sin embargo, en las planillas que el municipio remitía a Nación figuran 20 vehículos, 950.702 kilómetros y 66.700 litros de gas oil.
Así, los números se habrían inflado para que Osorio cobrara más subsidios a través de dos vías: el Sistema Integrado de Transporte Automotor y un coeficiente en el que se tenían en cuenta los kilómetros recorridos, entre otros ítems. Un subsidio lo cobraba en efectivo y el otro con gas oil a bajo precio. Los funcionarios municipales quedaron involucrados en la presunta maniobra defraudatoria porque dieron fe de esos datos falsos a través de las planillas que firmaron y que equivalían a una declaración jurada.
Un detalle final: el delito está penado con entre dos y seis años de prisión. La causa lleva más de siete años. La estrategia de los dos imputados está clara, estirar los tiempos procesales lo más posible para ver si pueden lograr la prescripción de la acción penal.
Gerente de aceiteras
Alcala, además de secretario de Producción, es gerente de la Cámara Nacional de Pymes Aceiteras de la Argentina. Incluso desde ese cargo, entre otras actividades, firmó convenios de capacitación con universidades y mantuvo reuniones con intendentes de ciudades del interior. Uno de los vocales de la Canapa -que tiene veinte empresas asociadas- es Tomás Lorda, de la aceitera catrilense Gente de La Pampa.
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