Como en una toma de judo, el oficialismo planea utilizar la embestida del peronismo contra el voto electrónico en beneficio propio. Resignado a que ya no podrá aplicarlo en las elecciones legislativas del año próximo, debido al bloqueo de la ley en el Senado, el Gobierno insistirá en que la reforma electoral forme parte de la agenda de campaña. El objetivo es erosionar al PJ, acusándolo de prohijar a los “señores feudales” que presionaron para mantener un “sistema fraudulento”, como califica el macrismo a la boleta sábana de papel.

Según aseguraron a Clarín fuentes del Gabinete, el plan A consiste en machacar con el tema en cuanta oportunidad encuentren. La excusa será que de no llegar a tiempo para 2017, la ley bien podría quedar lista para las presidenciales de 2019. Como no será tratada en las sesiones extraordinarias de este mes -las vedettes son Ganancias y emergencia social- volverá a ser incluido a la cabeza del temario de las nuevas extraordinarias que Mauricio Macri estaría pensando convocar para febrero.

De hecho, en el “retiro espiritual” en Chapadmalal, días atrás, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, acordaron dar vacaciones generalizadas en enero, para que la tropa esté alistada desde el 1° de febrero “ante cualquier eventualidad”. El círculo íntimo del Presidente acusó recibo del mensaje de sus espadas parlamentarias: cuanto más se aproximen las elecciones, menos posibilidades tendrá el oficialismo de negociar con la oposición.

En silencio, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, celebra la falta de acuerdo para la reforma. Ya le había advertido al Presidente que el más beneficiado del apuro en aplicarla en 2017 sería el temido adversario de distrito, Sergio Massa. La pantalla digital favorece al candidato más conocido. Precisamente, el jefe del Frente Renovador en Diputados fue quien hizo la última gestión para revitalizar el proyecto en el Senado. El jefe del bloque del FpV, Miguel Pichetto, le respondió:“Imposible”. Macri llegó a mencionar como alternativa la boleta única de papel. Le avisaron que un simulacro en Provincia dio resultados desastrosos, por la lluvia de listas y candidaturas.

Para febrero, o en todo caso para que se apuren en marzo, no bien arranque el próximo período ordinaria, la Rosada avanzará con otro paquete legislativo. Hay proyectos demorados en el Parlamento, como las reformas del mercado de capitales y del Ministerio Público, la subrogancia de los jueces y la penalización de empresas por corrupción. Otros están en plena elaboración. Uno de los más ambiciosos apunta a crear 107 juzgados y 50 fiscalías del fuero federal en todo el país. La mayoría se concentraría en zonas de frontera, para endurecer el combate al narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas. También se impulsará el régimen penal juvenil y la reforma del Código Penal, remake de debates que quedaron truncos en la era K y que el ministro de Justicia, Germán Garavano, busca reflotar.

Capítulo aparte merece la transferencia de los tribunales nacionales a Capital. Bandera del PRO, que nació como fuerza porteña, provocó tironeos entre funcionarios de la Nación y la Ciudad ante la negativa de la mayoría peronista en el Senado a facilitar la ley. Con todo, días atrás se reunieron los titulares de los consejos de la Magistratura nacional (Miguel Piedcadasas) y porteño (Enzo Pagani) para acordar una estrategia.

Habrá que ver cómo funciona el Congreso M en un año electoral.