Así, mientras el gobernador Francisco Pérez parece empeñado en profundizar su embate contra la Justicia y desde su entorno amenazan con que revelará la identidad de los fiscales que a su juicio no trabajan, la Suprema Corte de Justicia elabora –con relativa discreción– un plan para obligar a estos magistrados a que cumplan sus funciones en las jurisdicciones que fueron nombrados, y no en los despachos de tribunales en donde se los ve la mayor parte del día.

Pasado en limpio, la mayoría de la Corte provincial entiende que los fiscales departamentales tienen que tener sus oficinas en los municipios en donde tienen competencia, ya sea en Capital, Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Maipú o Luján.

Lo que para algunos pueda aparecer como una obviedad, los fiscales –centro de la mayor parte del debate en torno a la inseguridad y la narcocriminalidad que ha instalado el propio Poder Ejecutivo– pasan la mayor parte del día en los tribunales del Barrio Cívico y rara vez bajan a los departamentos en donde deben cumplir con su función.

El Poder Judicial ha sido el blanco predilecto de Pérez para sacarse de encima buena parte de la responsabilidad por el creciente delito en la provincia, disimular una buena dosis de impotencia y para esconder, en gran medida, la indignación que embarga al Ejecutivo por la falta de resultados concretos en materia de seguridad, por la inoperancia e ineficiencia que ha detectado en el sistema que debería luchar con éxito contra el delito organizado en la provincia.

Ni siquiera la inminente Vendimia, ni la llegada de cientos de invitados especiales a presenciar la fiesta máxima de los mendocinos en el fin de semana más fuerte que tiene el año calendario provincial en clave política, económica y cultural, han sido óbice para el mandatario en su objetivo de emular a sus antecesores, como Julio Cobos y Roberto Iglesias, quienes descargaron exitosamente toda su furia contra el Poder Judicial para recuperar el vínculo perdido con la sociedad.

En las altas esferas del Judicial entienden que Pérez hizo uso de una estrategia política, ocho días atrás, cuando sorprendió al acusar tanto a jueces como a fiscales de estar durmiendo una siesta cuando –a su parecer– la sociedad y el Ejecutivo esperan más acción de los magistrados para mantener encerrados a los “miles” de delincuentes que el gobierno asegura han sido arrancados de sus madrigueras, arriesgando la vida de policías e investigadores, para que cuando son entregados a la Justicia consigan la libertad rápidamente.

También en la Justicia admiten que la descarga de Pérez en su contra, en momentos en que la narcocriminalidad se ha instalado con fuerza en el país y que ha llegado definitivamente a Mendoza, contiene parte de razón. De allí el proyecto que elaboran en cierta reserva los tres penalistas más importantes de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Pedro Llorente y los ministros Carlos Bhöm (del que pesa un pedido de juicio político en su contra) y Omar Palermo (el integrante de la Corte más cercano al gobernador Pérez y referente de la lucha por los Derechos Humanos tanto en Mendoza como en la nación).

Los tres penalistas integran hoy la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, un órgano que funciona como la superintendencia del Judicial, el espacio más importante en lo administrativo de ese poder y el único que podría forzar al procurador Rodolfo González, el jefe de los fiscales, a realizar un giro en todo el sistema.

A González se lo sindica como un magistrado reacio a los cambios. Toda vez que desde el Ejecutivo se ventilan críticas hacia el funcionamiento de todo el Judicial y en especial de los fiscales que tiene a cargo, González saca a relucir el meneado asunto del escaso presupuesto.

Pero sus fiscales, a la luz de lo que se afirma en los tribunales, no actúan con la firmeza y profundidad que se espera, porque entienden que en las causas pesadas, en las que los acusados tienen los recursos para enfrentar un largo proceso, con los mejores abogados de plaza y algunos contactos políticos, su tarea no será apoyada por la Procuración, que no poseen el respaldo en las malas.

Llorente, Bhöm y Palermo esperan dar un vuelco al estado actual. En el entorno de los tres ministros describen, con un dejo de cruda sorpresa, que los fiscales departamentales pululan los pasillos del palacio de tribunales buena parte del día. Afirman que sus oficinas deberían estar ubicadas en el entorno en donde se levantan la municipalidad, la comisaría, el banco y la iglesia de las villas cabeceras municipales y no como ahora, todos desparramados entre los pisos del edificio de calle 9 de Julio.

“Estos fiscales tendrían que estar recorriendo las casas de los vecinos, conocer al comisario, al cura y al intendente del departamento… es más, tendrían que haber estado hasta en las fiestas vendimiales de cada comuna y no acá”, relató uno de los hombres fuertes del Judicial que le reconoce a Pérez algunas de las críticas con las que se ha despachado, pero que también advierte que lo que está fallando, en verdad, es todo el sistema preventivo, función inherente al Ejecutivo.

Una vez que se acallen los estruendos de la fiesta de la Vendimia, Pérez se reunirá con los miembros de la Bicameral de Seguridad, el grupo de diputados y senadores que de tanto en tanto cobra visibilidad cuando el reclamo social por seguridad resulta ensordecedor. Con lo que la embestida del gobernador hacia el judicial seguirá creciendo, en sintonía con lo que ocurre a nivel nacional.

La narcocriminalidad se ha instalado fuerte en todo el territorio nacional, pero el Gobierno nacional descarga parte de la responsabilidad en las provincias, en el Judicial y por estas horas agita un debate para muchos estéril sobre lo que debe contener el nuevo Código Penal, hoy en etapa de anteproyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Parlamento.

La Corte mendocina evitará enfrentar al Ejecutivo porque entiende que eso es precisamente lo que se espera de ese poder, su reacción frente a una sociedad harta y convencida de la existencia de las famosas puertas giratorias. Algunos miembros del más alto tribunal se muerden la boca antes de hablar. Pero más de uno se ha tentando a puntualizar las groseras fallas que ha tenido el Ejecutivo al momento de prevenir tragedias, como la de la ruta 7, por ejemplo, en aquel accidente horroroso en donde murieron 17 personas.

“Nos dice a nosotros que dormimos la siesta, pero aquel camión estuvo dando vueltas por más de cinco horas y no lograron detenerlo con tanta información que se tuvo antes del choque con el colectivo. Entonces, ¿en verdad, quién esta durmiendo? Pero decir esto es darle un golpe muy duro a un gobierno que está débil y sin respaldo”, se masculla en voz baja en todo Tribunales.

El fin de semana será fuerte en hechos políticos. Pérez, como anfitrión de la fiesta máxima de la provincia, buscará mostrarse sólido y por arriba de los conflictos que angustian y repercuten en la gestión. A Mendoza arribarán algunos de los referentes de la oposición, como Mauricio Macri este viernes y los líderes radicales que usarán la tribuna que se les presenta para martillar contra las administraciones en Mendoza y en la Nación.

Serán dos días de reuniones, encuentros y mitines que podrían transformarse en los embriones de un clima pre-electoral que se ha adelantado mucho más de lo que se esperaba. Pérez tiene varios frentes, internos y externos, que atender. Su posicionamiento nacional, con Daniel Scioli o formando parte del núcleo duro del kirchnerismo que gobierna que ha decidido blindarse para la pelea por la sucesión. Son elecciones que le traerán algún dolor de cabeza y costos que pagar. Pero en algún momento las circunstancias lo obligarán a dar un paso decisivo.

Sin embargo, son demasiados los problemas acumulados en el frente interno que si no los desactiva a la brevedad le repercutirán negativamente en lo que pueda imaginarse a nivel nacional. De él depende buena parte de su futuro, pero tal independencia o esa suerte de autocontrol son cada vez más exiguos.