Con el cronograma electoral como factor de presión, la próxima semana será clave en la disputa judicial por la reforma del Consejo de la Magistratura. Si bien otros magistrados dictaron una docena de medidas cautelares que frenan la aplicación de la ley, tanto el oficialismo como la oposición tienen puesta su atención en la jueza electoral María Servini de Cubría, quien a partir de mañana, cuando retorne de su licencia, recibirá el descargo que el Gobierno presentó el viernes y podría ser la primera en resolver –se especula que en el transcurso de la próxima semana– sobre la cuestión de fondo, que habiltaría a un eventual pedido de per saltum para que intervenga la Corte Suprema.

Más allá de que no tiene un plazo específico para resolver, en Tribunales aseguran que la idea de Servini es agilizar el trámite para no acotar aún más el margen de las partes, teniendo en cuenta que el 22 de junio vence el plazo para la presentación de candidatos para las primarias del 11 de agosto. Para ello, la jueza tendrá una ardua tarea, ya que recibió alrededor de 15 presentaciones, cada una con más de 100 hojas.

La celeridad de Servini va en contrapartida de la estrategia de dilatar los tiempos que trazó el kirchnerismo desde el mismo día que el Senado convirtió en ley el proyecto, que amplió de 13 a 19 los miembros del Consejo. Primero, el oficialismo en el Congreso demoró en informarle al Ejecutivo la sanción de la norma. Esto le dio más margen a la Presidenta, que también estiró su promulgación, advertida de la avalancha de impugnaciones. Por último, ya con medidas cautelares frenando la ley, el Gobierno aguardó hasta el filo del vencimiento del plazo para contestar la demanda. El objetivo sería exponer a la Justicia a definir a contrarreloj. Por ese mismo motivo hay quienes aseguran que, en caso de recibir un fallo en contra, el oficialismo agotará los diez días hábiles que fija la ley para pedir el per saltum.

Igualmente, la Corte Suprema, a través de su presidente Ricardo Lorenzetti, ya adelantó que resolverá “inmediatamente” sobre el tema.

Mientras tanto, antes del martes el Gobierno deberá contestar otro amparo en Córdoba, presentado por el Colegio de Abogados local. Allí, Alejandro Sánchez Freytes, titular del Juzgado Federal N°3 y consejero de la Magistratura, también podría dictaminar la semana que viene, en simultáneo con Servini de Cubría.

Actualmente, hay doce medidas cautelares que suspenden la elección popular de los abogados, jueces y académicos. De todos modos, el Gobierno ya advirtió que realizará todas “las acciones que correspondan” para lograr que en las elecciones legislativas de octubre también se puedan elegir consejeros. “No puede ser que el Congreso dicte leyes y que cuando son convenientes para unos, se cumplan; y cuando afectan determinados intereses, se frenen”, aseguró el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.