Entre los acusados hay una pareja, Walter Sardiña y Cristina “Pato” Martínez, quienes recibieron un crédito para la electrificación de una quinta por parte del exvicegobernador Luis Campo. Cuando le preguntaron sobre la pareja, el exfuncionario dijo: “Son mis amigos”.

La actuación policial y judicial se inició en el año 2009. Ahora, después de cinco años, llegó el juicio oral. Además, están acusados por trata de personas Juan Ricardo Lima (un expolicía exonerado, que realizaba la seguridad del lugar, en carácter secundario) y Jorge Edgardo Maurin Miranda, un salteño que reclutaba mujeres para el cabaré.

En el procesamiento está comprobado el acogimiento y la facilitación, los aspectos que incluyen la trata de personas. El tribunal está integrado por José Mario Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava.

En total hay previsto 16 testigos. Uno de los testimonios que se escuchó fue el del comisario Alfredo Pico, instructor de la causa, quien estaba en Victorica al momento de los hechos.

Otro de los testimonios fue de Carlos Echart. Un vecino del cabaré. Dijo que iba al lugar y mantenían relaciones sexuales con las mujeres. “Ibamos todos los días, a tomar unas copas”, declaró inicialmente. Cuando fue requerido por el fiscal y los jueces quedó en claro que mantenía relaciones con las mujeres.

El juicio estuvo a punto de suspenderse porque Cristina “Pato” Martínez pidió el cambio de defensor oficial. Ofreció para el patrocinio a José Cedrún Gutiérrez (abogado y empresario de Victorica), quien aceptó el caso. Pero el tribunal no aceptó postergar el inicio del juicio oral, como se estila para que el nuevo defensor pueda abordar la causa.

En total fueron rescatadas siete víctimas. Tres de ellas declararán en la jornada de hoy. También se escuchará el testimonio de Jésica López, cuyo documento se encontró en el lugar. La mujer fue citada y en la causa le preguntaron de qué trabajaba: “De puta”, dijo la mujer, un testimonio espontáneo que compromete. Además, el DNI hallado en el lugar demuestra la retención de los documentos que practicaban los propietarios.

La causa es por infracción a la Ley 26.364, de trata de personas.

Cabaré y chanchos

“Son mis amigos”, dijo el vicegobernador Luis Campo cuando estalló el escándalo en 2010. Así confirmó su relación con la dueña de un cabaré en Victorica, Cristina “Pato” Martínez, a quien le gestionó un subsidio para electrificar una granja que explota para producción porcina.

“Le dije dejate de embromar y dedicate a criar chanchos”, aseguró el vicegobernador, confirmando que conocía que Martínez estaba al frente del cabaré Shampoo cuando le hizo el favor en el año 2007. No fue hasta la denuncia de trata de personas que Martínez aceptó el consejo de Campo de dejar la actividad.