CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Gasto público disparado que alienta (o provoca) la inflación, que evidencia que el dólar casi estático está barato: ese es el origen de la demanda de divisa extranjera. Sin conspiraciones más allá de las que el Ejecutivo Nacional comete en contra de sí mismo.

Por lo tanto, ¿qué hacer con el gasto público? Abunda en subsidios, muchos de ellos innecesarios.

En medio de la 1ra. etapa de la corrida cambiaria, hace 2 semanas, el Ejecutivo Nacional anunció que recortaría subsidios.

Al respecto es interesante un fragmento de la columna dominical de Néstor Scibona en el diario La Nación, acerca de la situación: no se pueden recortar los subsidios si no se resuelve la distorsión de precios relativos, provocada precisamente al amparo de los subsidios:

"(...) Por lo pronto, varios sectores económicos ya fueron anoticiados de que a partir del 1º de diciembre dejarán de tener subsidiado el consumo eléctrico. Las empresas alcanzadas en esta primera tanda pagarán más de 100% por la electricidad, con precios diferenciados según franjas horarias y no por nivel de consumo. No es una buena noticia para sus costos, ahora que se aproxima el verano y sus acondicionadores de aire funcionarán a pleno. Quizá tampoco para sus clientes, si esa incidencia se trasladara a algunos precios.

Sin embargo, la misma resolución crea un "registro de excepciones" para aquellas que justifiquen quedar fuera de mercado por los mayores costos, lo cual abre la puerta a tarifas caso por caso. Muchas industrias y comercios, no alcanzados aún por la medida, están a la expectativa con esta variante: aunque las entidades que las agrupan apoyaron públicamente la quita de subsidios, aspiran a un tratamiento diferencial o, por lo menos, a un mayor gradualismo en los tijeretazos.

Menos alentador es por ahora el panorama para las distribuidoras eléctricas del área metropolitana, confinadas a recaudar estos aumentos tarifarios sólo para transferírselos íntegramente al Estado. Sobre todo cuando este año muestran balances en rojo y una de ellas (Edelap) negocia su venta a precio $ 0, o negativo, a raíz de su deuda. Todas ellas tienen pendiente una revisión tarifaria integral desde hace casi cuatro años.

En cuanto al gas, los mismos sectores que dejarán de ser subsidiados se encontraron con la novedad de incrementos de cuatro a nueve veces en el cargo extra que se aplica a las tarifas para cubrir parte del costo de las importaciones. Esto equivale a un camino de ida, ya que nadie espera que se reduzcan las compras externas de gas natural boliviano y de GNL, que demandan dólares no sujetos a los controles de la AFIP. Difícilmente este panorama se modifique hasta que no se aplique una política para estimular la exploración y producción local, cuyos precios resultan entre cuatro y ocho veces más bajos.

Hasta que la comisión oficial no se expida, los usuarios residenciales de electricidad y gas sólo seguirán viendo en sus facturas, como una espada de Damocles, el monto de los fuertes subsidios estatales y costos de importación. Y mantendrán la incógnita sobre si el plazo de traslado a las tarifas se medirá en semanas, meses o años. Otro tanto ocurre con quiénes serán exceptuados y quiénes no.

Tampoco está claro qué ocurrirá con las tarifas de transporte en el área metropolitana, más allá de la apresurada intención de la Casa Rosada de traspasar los subtes porteños al gobierno de la ciudad con la mitad de los subsidios durante un año. Aunque Mauricio Macri asuma el costo político de subir el pasaje (por ejemplo, de $ 1,10 a 1,80), no tendría mayor sentido encarecer sólo el subte frente a los colectivos cuando el tránsito de superficie está colapsado en muchas zonas de la ciudad. Pero la tarifa de los ómnibus depende de la Nación y las empresas ya advirtieron que, sin subsidios, el boleto treparía por encima de los $ 3. Es una forma implícita de decir que prefieren seguir como hasta ahora, en lugar de que se subsidie sólo a quienes no pueden pagar los aumentos; por más que el secretario de Transporte haya acusado de "terrorismo mediático" a los diarios que reflejaron esa pública advertencia empresarial.

Pero aquí no acaba el debate. Aunque sobran vehículos en las calles del macrocentro porteño, faltan trenes bajo tierra. Por eso algunas líneas de subte (como la E o la H) tienen frecuencias más espaciadas -de hasta 9 minutos- que muchas líneas de colectivos. Y las inversiones en reequipamiento, como la compra de coches chinos, dependen de la Nación, al igual que el contrato con Metrovías. No parece probable que en 20 días se resuelvan tantas cuestiones pendientes. Tampoco que se defina cómo habrá de subsidiarse a los pasajeros de menores ingresos.

Aunque lo más sensato sería hacerlo con quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, el ministro De Vido deslizó que preferiría hacerlo con la tarjeta SUBE (boleto electrónico), cuya base de datos sólo incluye nombre, edad, número de documento, dirección y teléfono. Para diferenciar la tarifa por niveles de ingresos, habría que cruzarla entonces con las de la Anses o la AFIP. Aunque, en este caso, se daría el absurdo de que el organismo que conduce Ricardo Echegaray determinaría no sólo quiénes pueden comprar dólares o no, sino también quiénes viajarían más caro o más barato.

Así y todo, los subsidios para la operación de los subterráneos porteños (unos US$ 170 millones anuales) equivalen a apenas una cuarta parte del incierto déficit de Aerolíneas Argentinas, cuya conducción, a cargo de la joven guardia de La Cámpora, acaba de recibir un enfático respaldo político, como si la compañía arrojara ganancias. (...)".

El tema político-económico-social es quién se hará cargo de lo que el Gobierno dejará de subsidiar (con el dinero de los contribuyentes + inflación): ¿los consumidores o las empresas?

Es obvio que serán los consumidores, situación que, más allá de las cuestiones políticas, tiene un conflicto implícito: si los consumidores consideran que ya no son subsidiados, exigirán que el servicio público tenga la contraprestación que ellos están pagando.

En el transporte público, por ejemplo, habrá problemas porque ni el autotransporte ni el ferrocarril ni el subterráneo/premetro se encuentran en condiciones de garantizar una calidad de servicio menos subsidiado.

Hay excepciones pero que confirman la regla.

En el suministro de energía, ahora que llegan los cortes tradicionales del verano, va otro tanto.

A propósito, el análisis de la consultora Ecolatina:

Los subsidios a sectores económicos ascendieron a $ 21.691 millones durante el 3er. trimestre de 2011 (+60% i.a.), totalizando $ 55.611 millones en los primeros 9 meses del año (+57% i.a.).

De esta manera, en términos del PBI ya alcanzaron 4%, incrementándose 0,7 p.p. en relación a 1 año atrás y registrando el máximo valor de la serie.

En el trimestre, las compensaciones al sector energético (56% del total) crecieron 69% i.a. Dentro de estos, las transferencias a CAMMESA (energía eléctrica) y ENARSA (gas natural) siguieron siendo las más abultadas, mostrando conjuntamente un alza interanual de 66%.

Los subsidios al sector transporte siguieron ocupando el 2do. lugar en relevancia (33% del total), pero en el tercer trimestre fueron los más dinámicos, ya que prácticamente se duplicaron (+92% i.a.).

Dentro de este grupo de subsidios, las transferencias del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte (FFSIT) fueron las que más crecieron (+112% i.a.), acelerándose fuertemente en relación a los primeros 6 meses (+57% i.a.).

Cabe destacar en este punto que estas transferencias no se incluyen dentro del Presupuesto de la Administración Pública Nacional.

Los que sí se incluyen son los giros que el Tesoro le hace al fondo, que además se nutre del 18,5% del precio sin impuestos del gasoil. En el 3er. trimestre, las transferencias del Tesoro al FFSIT alcanzaron $ 2.000 millones (+54% i.a.) pero las erogaciones del FFSIT sumaron $ 4.369 millones (+112% i.a.).

Dentro de estas últimas, el 80% se destinó al sistema de colectivos (SISTAU-pasajeros, $ 3.522 millones) y el 10% a trenes y subtes (SIFER, $ 435 millones).

Las operadoras ferroviarias y de subterráneos, además, recibieron compensaciones directas del Tesoro por $ 1.342 millones (+53% i.a.).

En 3er. término, las transferencias a otras empresas públicas sumaron $ 1.470 millones (+21,6% i.a.), impulsadas principalmente por los mayores giros a AySA ($ 954 M, +69% i.a.), ya que el resto mostró una caída (-20% i.a.).

Finalmente, los subsidios al sector agroalimentario ($ 343 millones) volvieron a caer fuertemente (-65% i.a.), registrando en lo que va del año una merma de casi 60% i.a. La dinámica de estas compensaciones se vio alterada con la eliminación de la ONCCA.

Al 1er. trimestre estos subsidios se habían ejecutado en un 13% (frente a 20% del gasto primario) e incluso crecían 19% i.a., pero a mediados de mayo las partidas de este organismo fueron derivadas al ámbito del Ministerio de Economía y su ritmo de ejecución disminuyó considerablemente: a octubre, se devengó sólo 38% del presupuesto vigente, frente a un 82% del total de erogaciones primarias.

Para el año, el “piso” del gasto en subsidios (el Presupuesto vigente actual) alcanzaría cerca de $ 68.000 millones (+33,6% i.a.) aunque muy probablemente se vea superado, ya que más de la mitad de las partidas muestran un nivel de ejecución superior al 90%.

Según nuestros cálculos, incluso con una moderación en los meses finales, el gasto en subsidios superaría los $ 75.000 millones en 2011, manteniéndose en torno de 4% del PBI.

Mayores costos para los usuarios, pero el golpe al bolsillo es bajo

En nuestros informes venimos mencionando el creciente peso que los subsidios tienen para las finanzas públicas: en los últimos 6 años crecieron al 53% anual, incrementando su participación dentro del gasto primario del 8% en 2005 a 17% en 2011.

Sin embargo, y ante los evidentes signos de deterioro fiscal y necesidad de recomponer la caja, el Gobierno ya comenzó a dar señales de querer frenar esta dinámica.

Recientemente, anunció la quita de subsidios a sectores de alta rentabilidad –aunque sólo implican un ahorro de $ 600 millones (0,8% del total) muestran un cambio de política económica-, el traspaso del subte a la órbita de la capital federal (con el pago de 50% de los subsidios por un año), y la creación de una comisión que evalúe qué compensaciones siguen en pie y cuales se quitarán.

Lo importante es que para frenar la dinámica de los subsidios, el Gobierno deberá avanzar sobre las compensaciones a la energía y el transporte, que representan 90% del total (sólo CAMMESA, ENARSA, trenes y colectivos son 70%). Y para esto, el tradeoff de fondo es quién se hará cargo de lo que el Gobierno dejará de afrontar, si los consumidores o las empresas.

Si bien es probable que las firmas afronten parte de la carga –los primeros anuncios fueron en ese sentido-, tarde o temprano las tarifas de energía y transporte deberán subir ya que están muy retrasadas en relación al resto de las variables nominales de la economía y cubren una fracción cada vez menor del costo de producción.

Por caso, los empresarios del transporte automotor afirmaron recientemente que el boleto del colectivo en el área metropolitana cubre sólo el 30% del costo de funcionamiento.

En el caso de los trenes y subtes ocurre algo similar. Así, si se reducen los subsidios al transporte, el flujo faltante deberá surgir de los usuarios.

Con la energía eléctrica la distorsión es aún mayor ya que el incremento registrado en los últimos años en los costos de producción –que se hizo más intensiva en combustibles líquidos y en gas importado- hizo crecer fuertemente la brecha entre el precio de generarla y de consumirla (este último congelado para residenciales).

De hecho, el precio de generarla (monómico) actualmente quintuplica el de consumirla residencialmente (sancionado), cuando en 2006 sólo lo duplicaba.

Si bien las empresas afrontarían parte del costo que dejaría de pagar el Estado, cabe destacar que el 40% de la demanda de electricidad es residencial y la tarifa industrial ya registró incrementos en los últimos años.

El gas natural tampoco es la excepción, dado que con la caída de producción y el aumento del consumo interno, la dependencia de las importaciones es creciente.

El incremento de los subsidios en este caso no sólo se da por cantidades sino también por precios, ya que el gas de Bolivia se compra a 10 US$/MMBTU (cerca de 1,5 $/m3) y el usuario residencial (24% del consumo, aunque en invierno supera el 40%) paga 0,3 $/ m3.

La mala noticia es que los ajustes tarifarios deberán ser proporcionalmente elevados para lograr frenar la dinámica de los subsidios.

Por ejemplo, en el caso del transporte público, si los costos aumentan 20% en 2012 y los subsidios no crecen nominalmente, la tarifa debería aumentar 67%, cifra no lejana a la requerida en electricidad y gas para congelar el gasto en compensaciones.

Por otra parte, si las tarifas permanecen congeladas y los costos de producción siguen subiendo, los subsidios no podrán frenar su dinámica ascendente.

Sin embargo, la buena noticia es que el impacto sobre el bolsillo es bajo, dado el atraso que presentan las tarifas.

Por caso, el incremento del gasto en viáticos de una suba de 67% en colectivos o subtes sería de $ 20/$ 30 al mes.

De hecho, con un sueldo promedio actual del sector privado formal, se pueden comprar más de $ 4.500 boletos mínimos de colectivo, cuando en 2003 (o en los ’90) se podían adquirir 1.500.

Por otra parte, una duplicación de la boleta de luz para un usuario residencial de 550 kwh/bimestre implicaría $ 50 adicionales, monto equivalente a sólo el 1% del salario privado promedio, cuando en 2003 representaba el 5%. Con el gas natural sucede algo similar.

El Presupuesto 2012 contiene subsidios por $ 79.000 millones, cifra que estaría en línea con un “congelamiento nominal” de subsidios, lo cual implicaría subir las tarifas. Pese a que es habitual que en los Presupuestos el monto inicial de subsidios muestre una contención (para este año se presupuestaron inicialmente $ 55.000 millones), el reciente giro del Gobierno permite ver que su dinámica, al menos, se moderará.

De esta manera, el avance sobre los subsidios parecería ser el de recomponer caja: la diferencia entre un incremento del gasto en compensaciones en 2012 similar al de 2006-2011 (+53% i.a.) y mantenerlo estable alcanza casi $ 40.000 millones.

Si bien el momento elegido no es óptimo –el impacto sobre el bolsillo, aunque bajo, viene en momentos de menores niveles de actividad- otro importante efecto de esta revisión será distributivo, ya que muchos subsidios hoy terminan beneficiando a agentes de alto poder adquisitivo, siendo quizás el caso más claro que el gas de garrafa cuesta 4 veces más que el gas por redes.