Por unanimidad y sobre tablas resultó aprobado el proyecto de ley que redujo al 0% la alícuota del Impuestos sobre los Ingresos Brutos que deberán tributar las empresas electrónicas por la venta de equipamiento informático efectuadas en el marco del programa Conectar Igualdad, u otros programas nacionales, provinciales o municipales equivalentes.

Hasta la sanción de esta iniciativa del Ejecutivo, esas operaciones de venta estaban gravadas con una alícuota del 3%, lo que sumada a la del 1,5% que se tributaba por la fabricación de netbooks ponía a los productos elaborados en la provincia en una complicada situación para competir con aquellos que son fabricados en otras jurisdicciones del país. Con esta modificación, se busca reposicionar la producción fueguina de los equipos destinados al programa “conectar igualdad” para de esa manera fortalecer la actividad industrial y aportar al sostenimiento de los puestos de trabajo.

Esta primer sesión ordinaria del año no contó con la participación del vicegobernador y presidente del parlamento, Roberto Crocianelli, ni de los legisladores Arcando, Barrientos y Martínez Allende.

A propuesta del bloque del MPF se aprobó una modificación al código fiscal, que habilitó la posibilidad de que los proveedores de bienes o servicios del estado nacional, provincial o municipal puedan efectuar la liquidación y pago de los impuestos correspondientes a esas operaciones al momento del efectivo cobro y de las mismas y no al de su facturación. Ello teniendo en cuenta que la demora en que la suele incurrir el estado para cancelar sus obligaciones produce un significativo defasaje temporal que genera un perjuicio al proveedor, sobre todo en contextos inflacionarios como los que hoy vive el país.

A solicitud del radicalismo se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia de la ley 959, norma mediante la que se autorizó al Directorio del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) a transferir los fondos disponibles en las cuentas del sistema asistencial, sin afectar ni poner en riesgo el funcionamiento de la obra social, para el pago de los haberes jubilatorios. También a propuesta de la UCR se extendió hasta fines de abril de 2015 el plazo de funcionamiento de la Comisión Especial de Evaluación y Reforma del IPAUSS, que fuera creada en 2012 con la finalidad de elaborar un diagnóstico de situación y propuesta de reforma del sistema provisional y del funcionamiento del organismo.

Por otra parte se modificó la ley de presupuesto, para de esa manera autorizar un incremento la cantidad de cargos de personal autorizados al Tribunal de Cuentas, que se elevó de 126 a 140, y a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, se fijó en 170 cuando inicialmente se la había limitado a “la cantidad de cargos efectivamente ocupados” al 5 de diciembre de 2013, fecha de sanción de la ley de presupuesto.

El único de los 66 asuntos que integraban el Orden del Día de la sesión del pasado miércoles que no resultó aprobado, fue un proyecto de resolución de autoría del legislador Barrientos, por el cual se instaba “al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad de Ushuaia a arbitra los mecanismos legales y técnicos necesarios para disponer en la jurisdicción del estado municipal la competencia total, técnica y jurídica, para brindar el servicio de obras sanitarias y del sistema cloacal”.

Dando cumplimento a lo que manda la Constitución, en su artículo 116, en la primera sesión de este año se procedió a efectuar el sorteo para integrar las salas Acusadora y Juzgadora de Juicio Político. El primero de estos cuerpos –encargado de evaluar si la denuncia presentada contra el Gobernador, Vice, Ministros del Ejecutivo, Miembros del Tribunal de Cuentas o Fiscal de Estado amerita su enjuiciamiento político– quedó conformado por los legisladores Héctor Tapia y Juan Arcando (FPV); Adrián Liendo (PP); Jorge Lechman (MPF); Liliana Martínez Allende (UCR); Susana Siracusa (PJ) y Amanda Del Corro (PSP). En tanto, los legisladores Claudia Andrade y Damián Löffler (MPF); Pablo Blanco y Juan Rodríguez (UCR), Laura Rojo (PPP); Eduardo Barrientos (PJ); Myriam Martínez (FPV) y Fabio Marinello (PSP) integran la sala responsable de determinar la culpabilidad o inocencia del sometido a juicio político.

La próxima sesión ordinaria, la segunda del año, quedó convocada para el jueves 24 de abril.