La Cámara de Diputados está en condiciones de debatir en el recinto una reforma de la ley de lavado de dinero, luego de que el oficialismo y la oposición emitieron ayer tres dictámenes en ese sentido, durante una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas.

La modificación de la normativa sobre lavado fue reclamada al Congreso por el Poder Ejecutivo, que intenta así evitar una sanción de parte del GAFI, el organismo internacional dedicado a combatir el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo.

Aunque en la Cámara baja el oficialismo está en minoría, la bancada del Frente para la Victoria logró imponer un dictamen de mayoría y la oposición debió conformarse con el de minoría. Esto quiere decir que cuando el tema llegue al recinto, primero se debatirá el proyecto del kirchnerismo.

Las iniciativas proponen modificar el tipo penal que castiga el lavado de dinero, para que deje de ser una modalidad de encubrimiento, como hasta ahora, y pase a ser un delito autónomo.

Esa modificación facilita la persecución del blanqueo de activos, dado que no requiere el esclarecimiento del delito precedente.

Esa dificultad hizo que, desde la sanción de la ley de lavado de dinero, en abril de 2000, sólo se dictara una condena por ese delito.

Las dos propuestas difieren, en cambio, en lo relativo a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal encargado de combatir el lavado de dinero. El oficialismo propone que la designación del titular de la UIF siga, como hasta ahora, a cargo del Poder Ejecutivo y le da al organismo la capacidad de querellar, es decir, de intervenir en las causas judiciales sobre lavado.

Posición unificada

La oposición, que acordó una postura única, propone algunas medidas para que la UIF gane autonomía. Plantea que las autoridades del organismo sean designadas por el Poder Ejecutivo, pero propone que los postulantes integren una terna que surja de un concurso dirigido por un jurado de expertos.

Postula, además, que las autoridades de la UIF tengan un mandato de seis años y que sólo puedan ser destituidas a partir de una consulta previa al Congreso, en igual mecanismo que el establecido para los directores del Banco Central.

Además, con el argumento de evitar persecuciones políticas, los opositores quieren impedir la capacidad de intervención del organismo en las causas judiciales que no fueron iniciadas por una denuncia de la propia UIF.

"Está en juego el prestigio del Estado argentino ante los organismos internacionales", argumentó el diputado kirchnerista Oscar Albrieu, para reclamar el avance del proyecto. "Queremos una UIF profesional. Esto no es un lugar para un puntero", sostuvo el radical Ricardo Gil Lavedra.