Impulsan las asociaciones público-privadas como sustento del plan de infraestructura

Las asociaciones público-privadas constituyen la plataforma del ambicioso plan de infraestructura del gobierno como alternativa a los caminos habituales de la obra pública estatal y de las privatizaciones, según expusieron funcionarios de presidencia de la nación, de dos ministerios y del banco de la nación.

"Buscamos nuevas formas de asociación ante ciertos riesgos que en las formas tradicionales eran asumibles y que en el siglo XXI dejaron de serlo, quizás porque el Estado abusó de ciertas exorbitancias y el mundo privado no está dispuesto hoy a aceptarlas", resumió el secretario Legal y Técnico de Presidencia de la Nación, Pablo Clusellas, durante un seminario organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

Alicia Caballero -funcionaria del Grupo Banco Nación y especialista en financiamiento de inversiones, infraestructura y servicios públicos- reforzó el concepto: "venimos de un Estado de mala praxis y para remontar la situación tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para generar confianza".

Similares apreciaciones vertieron la secretaria de Obras del Ministerio de Transporte, Manuela López Menéndez, al detallar el plan de inversiones de la cartera; y Susana Nuti, coordinadora de Proyectos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en referencia al "cambio cultural" que requiere la transformación propuesta.

Tras una disertación de Juan Chackiel, del Ministerio de Obras Públicas de Chile, sobre la experiencia en su país, Clusellas explicó que las asociaciones público privadas impulsadas a través del proyecto de ley enviado al Congreso "parten del activo de la confianza, de ser más abiertos y transparentes".

"Se trata de aclarar cuáles son los riesgos a asumir por cada parte en algún tipo contractual, ya que no existe el concepto de no riesgo", precisó el funcionario durante el encuentro en la sede de Accenture (filial de la consultora tecnológica estadounidense), en el microcentro porteño.

"El proyecto -sostuvo Clusellas- procura ser flexible, con seis capítulos que podrían contener los contratos, instituciones o sociedades que se crean entre Estado y privados".

El secretario de Presidencia aclaró que "ya están saliendo licitaciones en áreas de energía, obras públicas y transporte sin tener todavía aprobada la ley, pero que recogen sus principios en materia de arbitraje, fondos fiduciarios y otros".

Además, agregó Clusellas, "algunas provincias tienen su propio régimen de asociación, aunque el problema no es jurídico sino de generar confianza, con riesgos asumibles para atender las necesidades que existen en todas las áreas".

Según el funcionario, "la administración pública, a diferencia del sector privado, no es un buen comitente porque no debe presentar resultados económicos, no tiene ganancias o pérdidas ni va a mirar costos, tecnología o eficiencia económica".

De allí, justificó Clusellas, que se busque el concurso privado, "que tiene otra disciplina porque si no se funde".

Caballero, a su vez, respaldó los cambios en la legislación "para que genere seguridad y mitigue riesgos, ya que el sector privado necesita invertir bajo reglas aceptables".

"Para mitigar el riesgo Estado ofrecemos a los inversores y a los mercados mecanismos que garanticen la seguridad jurídica, como seguros de coberturas del riesgo de desconfianza", explicó.

La funcionaria del Banco Nación instó a adaptar "instrumentos probados en el resto del mundo, pero que no son aplicables en la Argentina en los mismos parámetros".

Señaló al respecto que se debe "generar confianza en políticas independientes de los ciclos, y disminuir riesgos para acceder a un mayor y mejor financiamiento, en un contexto de competencia con otros países regionales que vienen siendo exitosos".

Nuti, en tanto, puso de relieve, como punto novedoso, el "estándar ético, de transparencia, integridad y participación, en planes de infraestructura tan importantes que requieren acuerdos y comunicación".

Advirtió luego sobre los "conflictos de intereses, no sólo entre empresarios, sino también de los sindicatos". "Sabemos que nuestra principal fuente de divisas del sector agropecuario es la agroindustria de soja, pero el 85% de la producción se transporta en camiones y no es sólo porque no teníamos ferrocarriles, sino porque también había una decisión sindical de tener mayor poder y lograr que preponderase ese tipo de transporte", concluyó la funcionaria de Interior.

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