Tras la visita que le efectuaron al magistrado, el ex juez español, conocido internacionalmente por las acciones que promovió contra genocidas latinoamericanos y que ahora es asesor de la citada comisión legislativa, destacó que “le transmitimos (a Poviña) nuestro interés y apoyo a la investigación de parte de la comisión de DDHH por parte de profesionales que seguimos de cerca estos procesos como una medida de salud democrática y sobre todo de reparación a las víctimas que por durante tanto tiempo no han tenido. La decisión y el valor de entrega de jueces como Poviña creo que es digna de admirar”, apuntó Garzón.

En la visita al juez también estuvo la dirigente social Milagro Sala, y luego Garzón reconoció ”la dificultad que se tiene cuando se tocan temas de tanta sensibilidad para algunos, entendida como impunidad para algunos y para otros como necesidad, que se repare a las víctimas a través de la verdad y la justicia. En España constituye un gran fracaso por parte de todos, no solo de la justicia que más de 70 años después, todavía se esté hablando de la necesidad de encontrar la fórmula de esa reparación”.

Por eso puso de relieve que en Argentina, desde el 2003, se ha tomado una política y judicial en las causas de genocidio por hechos ocurridos en la última dictadura. “Este terrorismo de Estado ha depredado a las víctimas y ha aprovechado la existencia de un no derecho en la dictadura, para obtener beneficios económicos que no les correspondían a costa de tantas víctimas, por lo que ahora debe de responder”.

Cabe señalar que luego de la visita a Poviña, los funcionarios estuvieron en la sede de la organización barrial Tupac Amaru, donde fueron recibidos por una multitud y también realizaron declaraciones a la prensa, recordando la movilización que protagonizaron los integrantes de esa entidad para solicitarle al ex juez Carlos Olivera Pastor que agilizara los juicios contra los represores en Jujuy, tras lo cual éste fue removido de su cargo reemplazándolo Poviña.